Las elecciones del 12 de abril de 2026 han marcado un capítulo más en la ya larga historia de crisis política. Lo que debía ser una jornada esperanzadora, un paso más hacia la estabilidad y el fortalecimiento democrático, terminó siendo un episodio de caos e incertidumbre que profundiza las heridas de una nación desgastada por años de inestabilidad política. A pesar de los intentos de normalizar lo ocurrido a través de los conteos rápidos y los resultados a boca de urna, la verdad es que los ciudadanos siguen sumidos en una vigilia de perplejidad. La pregunta que persiste en el aire es: ¿hasta cuándo seguiremos viviendo bajo la sombra de un sistema electoral que no genera confianza?
El desastre logístico de este proceso electoral no fue un simple contratiempo. Fue un reflejo crudo de las debilidades estructurales del Estado peruano, un Estado incapaz de garantizar las condiciones mínimas de confianza para un ejercicio democrático. El caso de la ONPE, que reconoció la falta de material electoral en más de 180 mesas de votación en Lima, es el claro ejemplo de cómo un fallo administrativo puede truncar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Más de 52.000 electores se vieron privados de su derecho al voto en sectores tan importantes como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. ¿Qué representa este hecho sino una burla a la democracia? La incapacidad de la institución encargada de garantizar el voto libre y democrático no es algo que podamos tomar a la ligera, pues implica una quiebra profunda de los cimientos democráticos del país.
Si nos detenemos a analizar los resultados en términos políticos, la situación es aún más preocupante. Los 35 partidos que se presentaron a la contienda electoral dejaron claro el desprestigio de los partidos tradicionales en el Perú. El hecho de que nuevas fuerzas políticas estén ganando terreno y dejen atrás a partidos históricos como el APRA, Perú Libre o Avanza País, no es sino un signo de desesperación. La gente ya no cree en los mismos actores políticos de siempre, pero tampoco sabe a quién recurrir para encontrar respuestas claras a sus problemas. Así, el Congreso de la República se fragmenta aún más, con siete partidos en lugar de unos pocos con mayorías claras, lo que solo generará parálisis y confrontación. En lugar de acercarnos a la tan anhelada estabilidad, nos encaminamos a un panorama de disputas interminables donde la gobernabilidad se ve amenazada.
Lo que ha ocurrido el 12 de abril es una llamada de atención sobre lo que representa realmente una elección: un contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado. En este contrato, las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio libre de los derechos, incluyendo el voto. Cuando ese contrato se ve resquebrajado por la incompetencia, la confianza de la ciudadanía en las instituciones se desploma. Y es en ese momento cuando la legitimidad de los gobernantes comienza a ser puesta en duda. Si no somos capaces de llevar a cabo un proceso electoral limpio y organizado, ¿cómo podemos esperar que la democracia funcione correctamente?
En un país donde la desafección política es tan palpable, los errores logísticos de la ONPE no son simples fallos técnicos. Son un catalizador de la desconfianza, de ese sentimiento de impotencia que se apodera del electorado. Las investigaciones que se han iniciado contra Piero Corvetto, el responsable de la ONPE, y la empresa de transporte encargada de distribuir el material electoral, no deberían ser vistas solo como una respuesta institucional a una serie de fallos. Más bien, deberían ser una oportunidad para reflexionar profundamente sobre cómo hemos llegado hasta aquí. La crisis no es solo operativa, es también moral e institucional.
Para cualquier nación, las elecciones deben ser la demostración más clara de su compromiso con la democracia. Pero, en el caso de Perú, cada proceso electoral parece poner en evidencia las grietas del sistema. Las promesas de mejora, de transparencia y de eficiencia se quedan cortas ante la realidad de las fallas que afectan la participación ciudadana. Si no comenzamos a hacer los cambios necesarios para recuperar la confianza en el sistema, ¿qué futuro le espera a nuestra democracia?
Finalmente, las elecciones de abril de 2026 han revelado una crisis más profunda que va más allá de la simple falta de organización electoral. Se trata de una crisis de confianza, una crisis institucional que debe ser resuelta con urgencia si queremos preservar la democracia. Los problemas logísticos de la ONPE son solo un síntoma de una enfermedad más grave: el deterioro de las instituciones que deben velar por el bienestar de los ciudadanos. Mientras no se resuelva este problema estructural, seguiremos viviendo en una espiral de desconfianza y desafección política, y las soluciones serán cada vez más difíciles de encontrar.
