Hoy me siento obligado a abordar un tema que, aunque lamentablemente recurrente, no deja de sorprendernos por su persistencia en nuestra sociedad: la corrupción. La reciente sentencia a Shella Yunilda Suarez Casaperalta, tesorera, y Susan Margaret Ticona Cuela, proveedora, de la Municipalidad Distrital de Ubinas, por el delito de peculado doloso, nos deja con un amargo sabor de injusticia y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder, deberían velar por el bienestar de la comunidad.
La obra en cuestión, el "Mejoramiento de la infraestructura de riego en la localidad de Sacohaya," sirvió como escenario para una maquinación vergonzosa. Tuberías "adquiridas" por un monto de 10 mil 500 soles, pagadas por la tesorera y cobradas por la proveedora, nunca llegaron a ser una realidad palpable. La investigación fiscal reveló una serie de engaños meticulosamente planeados, donde la documentación falsa y la simulación de procesos de contratación pública se convirtieron en el modus operandi de estas dos individuas.
El Ministerio Público, representado por el fiscal provincial Luis Armando Ortiz Ticona, logró evidenciar la complicidad entre la tesorera y la proveedora, señalando la ausencia total de justificación en el proceso de adquisición. Un cheque girado sin previa verificación de la documentación necesaria, un acto que desencadenó consecuencias nefastas para la confianza en las instituciones locales.
Frente a este oscuro episodio, surge la interrogante inevitable: ¿dónde estaba el concejo municipal durante todo este tiempo? Los regidores, representantes de los ciudadanos, no lograron fiscalizar o en el peor de los casos, ignoraron los indicios de corrupción que acontecían en la administración local entre 2011 y 2014. Sin embargo, seguían percibiendo sus dietas mensuales, ajenos al daño colateral que este acto deshonesto ocasiona a los ciudadanos.
Es imperativo que reflexionemos sobre la responsabilidad de aquellos que ostentan cargos de representación. La confianza depositada en ellos no solo requiere la gestión eficiente de recursos públicos, sino también una vigilancia constante para salvaguardar los intereses de la comunidad. El episodio de Ubinas debería servir como un llamado de atención para una mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
La condena de la tesorera y la proveedora es un paso necesario en la lucha contra la corrupción, pero ¿qué sucede con aquellos que, desde el ámbito legislativo, permiten que estas situaciones ocurran? La normativa actual parece carecer de sanciones claras para los regidores y el alcalde, quienes deberían ser igualmente responsables por su falta de acción o peor aún, por su complicidad.
En este sentido, propongo que los congresistas asuman la iniciativa legislativa para implementar reformas que contemplen sanciones proporcionales a la gravedad de la negligencia o complicidad de los representantes municipales. La rendición de cuentas no debe ser selectiva; debe alcanzar a todos los eslabones de la cadena de responsabilidad, desde la tesorera hasta el alcalde y los regidores.
En el trasfondo de este oscuro episodio en Ubinas, emerge una oportunidad para el cambio. La condena de la tesorera y la proveedora no puede ser el final de la historia, sino el comienzo de una reflexión profunda sobre la necesidad de reformas estructurales en nuestra normativa y una mayor conciencia ciudadana en la elección y supervisión de nuestros representantes locales.
La corrupción no puede convertirse en una sombra constante sobre nuestras instituciones. Debemos exigir transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en cada nivel de gobierno. La condena individual es un paso, pero la reforma integral es la senda que debemos transitar para construir una sociedad más justa y ética. Es hora de que, como sociedad, digamos "basta" a la impunidad y exijamos un cambio real en la forma en que se gestionan nuestros recursos y se ejerce el poder.
El episodio de Ubinas no debe ser olvidado, sino recordado como un catalizador para una transformación profunda. La responsabilidad recae no solo en quienes han sido condenados, sino en todos nosotros como ciudadanos, exigiendo un sistema más transparente, justo y ético. La corrupción no puede tener cabida en el futuro que deseamos construir para nuestras comunidades.
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