Es increíble pensar que en un país como el nuestro, donde las necesidades de infraestructura, educación y servicios básicos son tan evidentes, los recursos destinados para proyectos importantes simplemente no se ejecutan. Año tras año, vemos titulares que nos dicen que menos del 60% de los fondos para inversión pública son usados, y una parte significativa termina siendo devuelta. ¿Cómo es posible que esto suceda en medio de tantas carencias en el interior del país? No puedo evitar sentir indignación, como muchos peruanos, al ver cómo se desperdician estas oportunidades.
La historia del Mercado de Productores de la Selva Central es solo un ejemplo más de esta ineficiencia. Productores de zonas alejadas, desde Chanchamayo hasta el VRAEM, llevan cinco años intentando establecer un mercado donde puedan ofrecer sus productos de manera directa, sin intermediarios que encarezcan el precio. Un mercado así podría transformar sus vidas y también beneficiar a los consumidores en la capital. Pero el proyecto sigue atrapado en una maraña burocrática en Lima. Los agricultores han hecho de todo, incluso viajado a la capital, gestionando sus trámites desde que Jorge Montenegro era ministro de Agricultura en 2019. Hoy, todavía siguen esperando, a la sombra de interminables mesas técnicas, papeles y más firmas.
No se trata solo de este mercado. En Moquegua, por ejemplo, es otra región que ha visto cómo la ineficiencia ha paralizado proyectos desde carreteras hasta mejoras tecnológicas en educación. ¿Cómo se justifica que un proyecto vial que comenzó en 2020 solo haya ejecutado el 2% de su presupuesto de 213 millones de soles? ¿O qué iniciativas educativas siguen sin completarse, con apenas un tercio de los fondos ejecutados? Parece un sentimiento, pero esta es la realidad de la administración pública en nuestro país.
Podríamos argumentar que la burocracia es compleja y que los procesos son largos y tediosos, pero la realidad es que el problema de fondo radica en una ineficacia sistemática y, quizás, en una falta de interés. Los gobiernos locales y regionales reciben presupuestos significativos y, aun así, el avance en la ejecución de los proyectos es mínimo. Tal como señala la congresista Kelly Portalatino, la ejecución de solo el 68.8% del presupuesto de Moquegua es sencillamente inaceptable. ¿Cómo podemos esperar un desarrollo real si los recursos asignados no son utilizados de forma efectiva?
Lo más frustrante es pensar que esta situación no es nueva ni aislada. Cada año se nos promete que "ahora sí" se mejorarán las tasas de ejecución, y cada año la historia se repite. ¿Cuántas promesas más necesitamos para que los gobiernos regionales y municipalidades asuman su responsabilidad? Se necesita más que una revisión en las cifras; Se requiere una reforma profunda en cómo se gestionan estos recursos.
Esto plantea una pregunta directa: ¿quién es responsable? La respuesta es simple y a la vez compleja: todos los niveles de gobierno. Desde el gobierno central hasta las autoridades regionales y locales, existe una falta de coordinación y compromiso. Las promesas quedan en papel mientras los ciudadanos, especialmente aquellos de las zonas más alejadas y vulnerables, siguen esperando que sus necesidades sean atendidas. Es aquí donde el papel de los funcionarios electos debería ir más allá de las promesas y centrado en una gestión eficiente, que tenga como prioridad el bienestar de la población.
Para mí, esto debe ir más allá de simplemente pedir rendición de cuentas o señalar a los responsables. Lo que el país necesita es una estructura que garantice que el presupuesto, una vez asignado, se ejecute de manera eficaz y eficiente. Necesitamos gestores que entiendan la urgencia de estos proyectos y que no se pierdan en trámites sin fin.
Finalmente, no podemos seguir permitiendo que los recursos públicos se devuelvan o se malgasten por falta de capacidad o de compromiso. La ineficiencia en la administración pública no solo frena el desarrollo de las regiones, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones . Si no se toman medidas contundentes para reformar esta situación, seguiremos viendo cómo los proyectos de vital importancia para nuestras comunidades se mantienen en el olvido, mientras el país entero paga el precio de la inacción.
Foto: Andina
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