El caso de Martín Vizcarra, el expresidente que llegó al poder con la promesa de limpiar el Estado de corrupción, ha dado un giro inquietante. Las recientes declaraciones del exgerente de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, quien confesó haber entregado sobornos a Vizcarra, no solo ponen en jaque la integridad de nuestro sistema político, sino que reflejan una tendencia preocupante: la política peruana sigue estando atada al dinero y a los intereses privados. Como ciudadano, me pregunto cuánto más deberá soportar nuestro país este ciclo repetitivo de escándalos y engaños.
Tejeda reveló en el juicio que la constructora entregó S/ 1 millón en sobornos a Vizcarra, distribuidos en dos pagos. La narrativa es alarmante y conocida: pagos en efectivo, sobres manila, y billetes de S/ 200. La obra “Lomas de Ilo” –tan necesitada en la región y tan urgente para su gente– se ha convertido en símbolo de esta trama de corrupción. En lugar de generar desarrollo y mejorar la calidad de vida, las obras públicas parecen convertirse en piezas de negociación y enriquecimiento para algunos.
Cuando escucho hablar de los “mecanismos de pago” descritos por Tejeda, no puedo evitar pensar en cómo la política de nuestro país ha permitido que las grandes obras de infraestructura se vinculen a sobornos y acuerdos bajo la mesa. Estos hechos no solo afectan a una obra específica, sino que desacreditan cualquier intento de renovar la confianza en nuestros líderes. Vizcarra, quien llegó al poder en medio de una crisis de corrupción y una caída de confianza en el gobierno, había sido visto por muchos como un líder diferente. Hoy, las acusaciones no solo dañan su legado, sino que dejan en claro que el sistema en su totalidad necesita cambios profundos.
Es evidente que la estrategia de la defensa de Vizcarra, intentando cuestionar la credibilidad de Tejeda, es válida desde un punto de vista legal, pero ¿es suficiente para librar al expresidente de las sospechas que se ciernen sobre él? Las tácticas de desviar la atención a los antecedentes de los testigos, como Tejeda, quien tiene una relación con el infame "Club de la Construcción", parecen una estrategia desgastada en Perúlandia. Pero aquí el problema no es solo un testimonio, sino una estructura constante y sistemática de corrupción que involucra tanto a empresas privadas como a figuras del Estado. La Fiscalía está tratando de construir un caso sólido que muestre, que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón repetitivo de conducta que atraviesa varias administraciones.
Como ciudadano, estoy cansado de ver cómo figuras que deberían representar los intereses de la población, se aprovechan de sus cargos para llenarse los bolsillos. Es frustrante pensar que las obras necesarias para el desarrollo nacional se convierten en oportunidades para el enriquecimiento ilícito. ¿Acaso no es momento de replantearnos qué tipo de sistema estamos fomentando? Para muchos, la política se ha convertido en un sinónimo de corrupción, y los juicios como este parecen confirmar que nada cambia realmente.
El problema es de fondo: necesitamos revisar a fondo cómo se asignan las obras públicas y cómo podemos construir un sistema donde los recursos realmente beneficien a la ciudadanía. No se trata solo de sancionar a Vizcarra o a cualquier acusado político; se trata de transformar el sistema que hace posible que figuras de poder caigan en estos abusos. Necesitamos cambiar la cultura política del país, una tarea que no requiere solo de justicia, sino de una sociedad más crítica y exigente.
En definitiva, este juicio representa más que la caída de un expresidente; representa un llamado de atención para el Perú. Si no empezamos a exigir transparencia y responsabilidad desde ahora, estaremos destinados a seguir en este ciclo de corrupción.
Foto: AP noticias
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