En medio de un escenario en donde la criminalidad está en aumento, el vacado expresidente Martín Vizcarra tiene a su disposición hasta 11 efectivos de la Policía Nacional del Perú que lo resguardan, a pesar de que, por estar inhabilitado, la norma lo prohíbe, tal como evidenció el periodista Sebastián Ortiz de EC.
La excusa del censurado ministro Vicente Romero fue un chiste: dijo que, como no tenía sentencia judicial, Vizcarra debía ser protegido ilegalmente. La ley es clara: los expresidentes pierden tal gollería una vez inhabilitados y el lagarto no ha sido inhabilitado una, sino dos veces por el Congreso.
En la irregular protección de Martín Vizcarra, el Congreso ha gastado, hasta septiembre de este año, más de 270 mil soles. Pero, más allá del monto, lo indignante es que estos agentes podrían estar dedicados a enfrentar la delincuencia, en vez de resguardando a un sujeto, procesado por serios actos de corrupción, que no le corresponde.
La decisión de cumplir la ley es del Gobierno de Dina Boluarte, a través del nuevo ministro del Interior que nombren. Si no se hace, es porque Vizcarra tiene todavía su cuota de poder en la actual Administración, con lo que se explicaría por qué personajes allegados a él fueron –o son– parte de la gestión de Boluarte. La mandataria, cuestionada porque de Vladimir Cerrón no se oye padre, debe limpiarse de esa mugre verde y retirarle la injusta protección policial al estrenado tiktoker.
También el Parlamento tendría que emitir una ley para que presidentes de transición, como Manuel Merino o Francisco Sagasti, cuya única función es llamar a elecciones, no gocen de todos los beneficios de un exmandatario que fue elegido en una plancha para tal puesto. Que se acabe, de una buena vez, tremenda conchudez.
En una columna anterior, manifesté que, tras la frustrada reunión bilateral con el presidente estadounidense Joe Biden, su encuentro poco amable con el papa Franciso y la insulsa conversación con el alcalde de Stuttgart, el Congreso no debería volver a autorizar que Dina Boluarte salga de país.
Sin embargo, su presencia en APEC 2023 era fundamental: ahí recibió la presidencia pro tempore del importantísimo foro, que el próximo año se llevará a cabo en nuestro país, de manos de Biden y sostuvo –esta vez sí– una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping, así como con otros gobernantes de Asia. Precisamente, el estratégico puerto de Chancay, de inversión china, se inaugurará en la cumbre del 2024.
He escuchado con estupor cómo ciertos periodistas han sido meras cajas de resonancia de los bulos de LR y otros medios rojimios acerca de que esta última travesía de Boluarte a San Francisco fue un fracaso.
Deben informarse mejor estos coleguitas de qué se trata el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacifico, que congrega a las dos economías más grandes del mundo: EE.UU. y China.
Eso sí, sigo pensando que el Parlamento tiene que mejorar sus filtros y no otorgar cualquier permiso de viaje a Boluarte, aunque la presencia de Javier González-Olaechea como canciller evitará que la jefa de Estado pase nuevos papelones internacionales. Espero no equivocarme.
Columnista de Expreso
Foto: El Comercio
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