Al analizar las recientes revelaciones sobre las remuneraciones en el Gobierno Regional de Moquegua, proporcionadas en respuesta a las reiteradas solicitudes del consejero Alonso Quispe. Los datos detallados ofrecen un vistazo intrigante a la estructura salarial de los asesores vinculados al despacho de la gobernadora Gilia Gutiérrez y levanta interrogantes sobre la estructura de compensación en la actual administración regional.
En el marco del Fondo de Apoyo Gerencial de Alta Dirección de Gobernación (FAG), se destaca la presencia de asesores jurídicos como César Roberto Figueroa Muñoz y Víctor Óscar Mamani, quienes reciben una remuneración de S/. 10.000 soles cada uno. A su vez, asesores técnicos como la psicóloga Katherine Raquel Ancco Santos, el ingeniero civil José Carlos Merma Soria y el ingeniero industrial Abraham Mario Ponce Sosa, perciben sumas que oscilan entre los S/. 8,000 y S/. 12.000 soles.
Sin embargo, la modalidad CAS-confianza revela que la Secretaria General, Lourdes Ángela Ccama Cahuana, y el asesor jurídico Marco Antonio Revilla Huaraca, reciben S/. 8,000 y S/. 10,000 soles respectivamente, según resoluciones oficiales.
Este detallado análisis plantea una serie de cuestionamientos. ¿Son justificables estos salarios en relación con la labor desempeñada por estos asesores? ¿Existen resultados tangibles que respalden estas cifras, o son simplemente sueldos dorados en un entorno donde la eficiencia y operatividad del Gobierno Regional de Moquegua se cuestiona?
Es innegable que los sueldos deben ser proporcionales al trabajo realizado y respaldados por resultados concretos. Es comprensible pagar más a aquellos que generan un impacto regional significativo. No obstante, si estos sueldos elevados no están respaldados por logros visibles, podrían considerarse un despilfarro.
El consejero Alonso Quispe ha realizado una labor valiente al promover la transparencia, un derecho fundamental de los ciudadanos. La población merece conocer cómo se distribuyen los recursos en la administración regional, especialmente cuando los sueldos dorados contrastan de manera tan marcada con la realidad de los trabajadores comunes, quienes luchan por subsistir con salarios significativamente más bajos.
Es cierto que la región de Moquegua, al menos hasta ahora, no ha visto obras de impacto social que justifiquen estos salarios elevados. Este contraste entre los sueldos en el Gobierno Regional y las condiciones económicas de los ciudadanos comunes es, sin duda, un golpe duro para la población.
La pregunta que nos queda es decisivo: ¿Está Moquegua en el camino correcto hacia la transformación y desarrollo, o está desviándose hacia una dirección donde los recursos se destinan más a privilegios individuales que al beneficio colectivo? El futuro de la región depende en gran medida de cómo se gestionan estos recursos y de la claridad con la que se justifican las decisiones salariales. La población está observando de cerca, esperando respuestas concretas y acciones que respalden la verdadera transformación y desarrollo de Moquegua.
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