Hoy me encuentro reflexionando sobre una realidad que nos atañe a todos, una realidad que va más allá de informes y expedientes técnicos. La Contraloría General ha lanzado una advertencia al Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), señalando siete situaciones adversas relacionadas con la puesta en funcionamiento de la línea de conducción N° 1 Jaguay – Lomas de Ilo del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo. En este análisis, me sumerjo en las aguas turbulentas de este proyecto y cuestiono, ¿cómo afrontarán estas inconsistencias las autoridades locales y el titular del PERPG-Moquegua?
El primer indicador de problemas significativos es la prueba de funcionamiento de la infraestructura hidráulica, que solo se habría realizado con un caudal aproximado de 200 litros por segundo (l/s) de agua. Este valor contrasta notoriamente con lo establecido en el expediente técnico, que especifica una prueba limitada entre 900 l/s y 600 l/s para garantizar la correcta puesta en funcionamiento. ¿Cómo es posible que se haya ignorado esta pauta técnica fundamental?
La ejecución del proyecto Lomas de Ilo, que busca derivar agua desde la zona andina de Moquegua hacia la provincia de Ilo para el riego de parcelas agrícolas y beneficiar a más de mil personas, se ha visto empañada por diversas irregularidades. Esta obra, que inició en 2013 bajo la modalidad de contrata y posteriormente cambió a administración directa, aún no ha cumplido su finalidad, generando inquietudes sobre la efectividad de la gestión.
El proyecto, en su primera etapa, ha acumulado un costo de inversión actualizado de S/ 513 millones 820 mil 508, sin embargo, la finalidad de esta fase específica sigue sin concretarse. Ante esto, surge la pregunta inevitable: ¿hasta cuándo las autoridades deben financiar una obra que no cumple sus objetivos originales?
La prueba de funcionamiento realizada el pasado 15 de diciembre de 2023, que según el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2024-OCI/5347-SOO, arrojó ingresos de agua muy por debajo de las especificaciones técnicas, no solo plantea dudas sobre la capacidad hidráulica de la infraestructura, sino que también evidencia la falta de supervisión en la ejecución del proyecto. La negligencia al no ajustarse al caudal establecido en el expediente técnico podría tener consecuencias graves en el futuro operativo de la obra.
Otro punto alarmante es la supuesta falta de identificación y comunicación de la totalidad de desperfectos de la obra por parte del PERPG al contratista. Con 16 adicionales de obra, la entidad no habría notificado las deficiencias técnicas al responsable, quien tiene hasta el próximo 6 de febrero de 2024 para asumir su responsabilidad. Este silencio prolongado plantea serias interrogantes sobre la integridad del proyecto y la rendición de cuentas por parte de quienes lo gestionan.
La omisión de las especificaciones técnicas del expediente del proyecto en la puesta en funcionamiento de la línea de conducción es un detalle que no puede pasarse por alto. Este descuido, según el informe, podría generar sobrepresiones en la línea de conducción y desencadenar fallas cuando el sistema hidráulico inicie la etapa de operación y mantenimiento. ¿Estamos ante un riesgo inminente que podría comprometer la seguridad de la obra y la población beneficiaria?
El informe también destaca el incumplimiento y retraso en la atención de solicitudes de información por parte de los servidores y funcionarios del PERPG. Este comportamiento no solo afecta el control gubernamental, sino que genera desconfianza en la comunidad que busca respuestas sobre el estado actual del proyecto. ¿Hasta qué punto la falta de transparencia es un síntoma de una gestión deficiente o, peor aún, de la falta de responsabilidad hacia la ciudadanía?
En el panorama actual, queda claro que el proyecto Lomas de Ilo enfrenta desafíos significativos que requieren una atención inmediata y acciones concretas. La gobernadora regional, el consejo regional y el titular del PERPG están en la mira de la ciudadanía, esperando respuestas claras y soluciones tangibles.
Es necesario que se tomen medidas para corregir las deficiencias identificadas en la infraestructura hidráulica y se asegure que la obra cumpla con sus objetivos iniciales. La falta de supervisión y la omisión de los protocolos técnicos no pueden quedar impunes y los responsables deben asumir las consecuencias de sus acciones, o inacciones, en este caso.
La transparencia y la comunicación abierta deben convertirse en pilares fundamentales de la gestión pública, especialmente cuando se trata de proyectos de envergadura que impactan directamente en la calidad de vida de la población. La ciudadanía tiene el derecho de conocer la verdad y de exigir que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y la eficiencia de las obras públicas.
El reloj está en marcha y la fecha límite del 6 de febrero de 2024 para que el contratista asuma las deficiencias se acerca rápidamente. La comunidad está atenta y la presión sobre las autoridades es innegable. En este momento crucial, la gobernadora regional, el consejo regional y el titular del PERPG tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y de rectificar el rumbo de un proyecto que, de lo contrario, podría sumergirse en aguas aún más turbulentas.
En conclusión, el desafío está planteado y la población moqueguana espera respuestas. La transparencia y la responsabilidad son las herramientas clave para superar esta crisis inminente. El reloj sigue su curso y solo el tiempo dirá si las autoridades logran enderezar el rumbo de Lomas de Ilo o si el proyecto se hundirá en las profundidades de la negligencia.
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