Escribo esta columna con indignación, pero también con la responsabilidad ética de analizar el problema ambiental que ya no admite silencios. No puedo —ni quiero— mirar a otro lado cuando el propio Estado reconoce, negro sobre blanco, que fiscalizó, supervisó y sancionó… y aun así fracasó. Lo ocurrido en Moquegua, distrito de Carumas, con una unidad minera que nunca cerró como debía y con los ríos Titire y Coralaque cargando las consecuencias, no es una noticia ambiental más: es el reflejo crudo de un Estado que avanza lento mientras el daño ambiental no espera permisos ni trámites.
Me hago una pregunta simple, pero necesaria: ¿de qué sirve ejecutar 112 acciones de supervisión y 52 de fiscalización si el agua sigue siendo ácida, amarilla y cargada de metales pesados? La respuesta incomoda, pero es clara: cuando la fiscalización no tiene consecuencias inmediatas, se convierte en trámite y cuando el trámite reemplaza a la acción, el daño se normaliza. Se archiva, se posterga, se tolera.
Los datos son brutales. pH de 2.18, concentraciones de arsénico, cadmio y aluminio que superan largamente los Estándares de Calidad Ambiental. No estamos hablando de un error administrativo ni de una falta menor. Estamos hablando de un atentado prolongado contra ecosistemas y contra la salud de miles de personas. Y aun así, el OEFA demoró 52 días en aplicar una nueva multa coercitiva tras comprobar reincidencia. Cincuenta y dos días en los que el río siguió recibiendo agua ácida. ¿De verdad alguien puede llamar a esa acción eficiencia?
Aquí mi análisis deja de ser técnico y se vuelve personal. Me niego a aceptar que la burocracia tenga más derechos que un río. Porque eso es lo que ocurrió: el procedimiento fue más protegido que el agua, el expediente más cuidado que la vida que depende de él. Y cuando finalmente llegan las multas —100 UIT aquí, 100 UIT allá— surge una duda legítima: ¿multar repara?, ¿o solo maquilla la inacción previa?
La situación se vuelve aún más preocupante cuando la Contraloría revela algo que raya en lo absurdo: equipos de monitoreo apagados, embalados o simplemente desaparecidos. Estaciones que dejan de medir gases tóxicos durante semanas, datos meteorológicos que no se publican por meses. Entonces me pregunto y pregunto al lector: ¿cómo se puede proteger lo que no se mide?, ¿cómo se fiscaliza lo que deliberadamente se deja de observar? La tecnología existe, los recursos están asignados, pero sin uso real todo se convierte en una puesta en escena.
En medio de esta inercia institucional aparece una figura que rompe el molde: Carlos Santos Roque. Un biólogo que entendió que el escritorio ya no alcanzaba. Su marcha en bicicleta, más de 1,300 kilómetros hasta Lima, no fue un acto romántico ni una protesta vacía. Para mí, fue una cachetada ética al Estado. Mientras algunos funcionarios dudaban, él pedaleaba con una propuesta técnica concreta bajo el brazo.
Y aquí hay un punto clave que no debemos ignorar: sí había solución técnica, sí había viabilidad legal, sí había respaldo de la ANA y del propio OEFA. Lo que no había era decisión administrativa. Trece días después de una orden presidencial recién se emite un pronunciamiento. Trece días que, en términos ambientales, son una eternidad. ¿Cuántas veces más vamos a permitir que la ignorancia o el miedo de un funcionario pese más que el conocimiento científico?
Cuando Santos habla de una “dictadura ambiental”, puede sonar exagerado, pero describe una realidad incómoda: un sistema donde se sabe qué hacer, cómo hacerlo y quién puede hacerlo, pero aun así no se autoriza. Eso no es un vacío legal, es parálisis institucional. Y mientras tanto, más de 60 mil personas siguen expuestas a la contaminación.
Incluso resulta incómodo admitir que la empresa Aruntani SAC haya mostrado disposición para colaborar con el tratamiento de las aguas contaminadas. Noventa litros por segundo, más cal, más neutralización. La solución está ahí, pero sin autorización del Ministerio de Energía y Minas, todo queda en pausa. Y el río, como siempre, no puede esperar.
Mientras tanto, la reciente modificación del Código Penal mediante la Ley N.° 32523, que tipifica el arrojo de residuos sólidos en los ríos como delito, representa un avance normativo, pero no una solución real. Elevar la sanción de una multa a la posibilidad de cárcel cambia el discurso, no necesariamente la práctica. Las leyes no limpian ríos ni recuperan ecosistemas si no se aplican con rapidez, firmeza y voluntad política. De lo contrario, seguirán llegando tarde, cuando el daño ya esté consumado y solo queda registrar la pérdida.
Finalmente, el problema ambiental que vivimos no es técnico ni legal, es político y moral. Cuando el Estado sabe qué está ocurriendo, conoce cómo solucionarlo y aun así se demora, ya no estamos frente a un error, sino frente a una responsabilidad histórica. No se puede seguir actuando como si los ríos fueran daños colaterales del desarrollo ni como si el tiempo administrativo tuviera más valor que la vida de las personas y de los ecosistemas. Yo creo que el caso de Carumas debe marcar un antes y un después: o entendemos que proteger el agua es proteger el futuro, o seguiremos reaccionando tarde, escribiendo informes impecables mientras los ríos se tiñen de amarillo y rojo. La pregunta final no es si tenemos leyes, multas o diagnósticos; la verdadera pregunta es si tenemos el coraje de actuar a tiempo. Y esa, hoy, sigue siendo una deuda pendiente.
Foto: Infobae
