El día de ayer se llevó a cabo una reunión realizada en el Centro Poblado de Tassa, entre los representantes del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) y los comuneros de la comunidad campesina de Tassa, se abordaron los avances del Proyecto Yanapujio, también conocido ahora como Ccota-Arapa. El objetivo era presentar las modificaciones y avances del proyecto que, en teoría, beneficiaría a los comuneros. Sin embargo, lo único que quedó claro fue la falta de liderazgo, coordinación y sobre todo, una total desconexión con las verdaderas necesidades de la comunidad.
Lo primero que se discutió fue la reactivación del proyecto Paltiture, el cual avanzará de manera paralela al Proyecto Yanapujio. Sin embargo, el problema central radicaba en que los comuneros de Tassa sector Ccota, quienes serán directamente afectados por la represa de Ccota-Arapa, no fueron consultados adecuadamente sobre los impactos que esta obra tendría sobre sus tierras. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, aún se lleven a cabo proyectos de gran envergadura sin consultar a los principales afectados? Esta falta de consulta no solo infringe derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley General de las Comunidades Campesinas, sino que también pone en evidencia la carencia de una verdadera política pública que involucre especialmente a las comunidades en la toma de decisiones.
En este contexto, el alcalde del distrito de Ubinas, que estuvo presente en la reunión como autoridad local, también dejó mucho que desear. En lugar de canalizar anticipadamente las preocupaciones de los comuneros y exigir respuestas claras, su intervención se limitó a intentar que los afectados expresaran sus malestares de manera ordenada. ¿Dónde estaba el liderazgo que se espera de un alcalde? La reunión fue una mera formalidad sin ningún tipo de resultado concreto. ¿Qué se logró realmente? Nada. Los comuneros, en su desesperación, solicitaron el cambio de denominación del proyecto y lo más importante, exigieron una indemnización justa por los terrenos que serán afectados por la represa. Todo esto, por supuesto, bajo la premisa de que se debe instalar una mesa de negociación donde esté presente el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
Los funcionarios del PSI, al igual que el alcalde, no supieron cómo manejar la situación. La falta de una respuesta clara a las demandas de los comuneros refleja, una vez más, la ineficiencia de algunas autoridades para manejar proyectos que afectan de manera directa la vida de las personas. La descoordinación y la falta de un plan de acción real fueron los protagonistas de la jornada. ¿Cuánto costó esta reunión? ¿Cuánto dinero público se gastó en una actividad que no resolvió absolutamente nada? Es una pregunta que queda en el aire, pero que merece ser respondida.
Además, es importante señalar que la gobernadora Gilia Gutiérrez, al igual que otros funcionarios del gobierno regional, fue cuestionada por haber firmado un convenio con el MIDAGRI sin la debida consulta a los comuneros. La ley es clara en este punto: las comunidades campesinas tienen el derecho a ser consultadas antes de que se tomen decisiones que afecten sus tierras. Sin embargo, parece que este derecho se sigue ignorando, dejando en evidencia un patrón de marginación hacia los pueblos originarios que, en lugar de ser respetados como propietarios de sus tierras, siguen siendo despojados de sus derechos sin una compensación justa.
Finalmente, es lamentable que, a pesar de los avances en diversos ámbitos del país, aún se sigan presentando situaciones como la vivida ayer, donde la falta de consulta, la desinformación y la inacción de las autoridades se traducen en un daño directo a las comunidades campesinas. Las autoridades deben entender que la consulta previa no es solo un acto formal, sino una obligación legal y moral. Si no se toman medidas eficaces para corregir estas deficiencias, la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo y los proyectos de desarrollo seguirán siendo vistos con recelo por aquellos a quienes más deberían beneficiar. En este sentido, el compromiso de nuestros funcionarios debe ser real, y debe ir más allá de las palabras, porque de lo contrario, proyectos como el de Ccota-Arapa solo seguirán siendo una promesa incumplida para las comunidades que esperan ser escuchadas y respetadas.
Foto: MDU
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