Comparto esta reflexión desde la preocupación y el escepticismo. No porque desconozca cómo funciona el negocio minero —lo conozco y lo entiendo bien—, sino porque cada vez que leo este tipo de acuerdos tengo la sensación de que algo no termina de encajar. El reciente anuncio de Bear Creek Mining Corporation, fechado el 10 de diciembre de 2025, sobre la venta del 100% del Proyecto Tassa, ubicado en el distrito de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda que el país arrastra desde hace años: ¿quién gana realmente cuando se negocian nuestros recursos naturales?
En términos formales, el acuerdo es impecable. Bear Creek vende un proyecto calificado como no esencial a la empresa australiana Colque Holding Pty Ltd por US$ 3,5 millones, pagaderos de manera escalonada durante 30 meses. No hay improvisación: existe una garantía sólida, un interés de primer rango que protege al vendedor si el comprador incumple, y una regalía futura del 2% sobre la producción minera. Negocio asegurado hoy y renta posible mañana. Desde la lógica corporativa, todo parece bien pensado.
Pero yo no puedo evitar hacerme una pregunta básica: si el proyecto no era prioritario, ¿por qué vale millones? Nadie paga esa cantidad —ni acepta además una regalía futura— por un terreno sin potencial de recursos minerales. Aquí hay expectativas claras, estudios previos, indicios geológicos y, probablemente, resultados que no se dicen abiertamente. Recordemos que entre 2011 y 2012 la propia empresa habló de hallazgos positivos en la zona. Entonces, ¿qué se está vendiendo realmente: un proyecto “secundario” o una reserva estratégica a futuro?
Mientras las empresas afinan contratos, la comunidad campesina de Tassa observa desde la orilla. No participa del precio, no recibe compensación directa y no figura en el reparto de beneficios. Cero soles y cero céntimos. Y eso, para mí, es el punto más crítico de toda esta historia. Las concesiones mineras se denuncian, se registran y se negocian con aval del Estado, pero el territorio tiene dueños ancestrales, personas que viven allí, que usan esa tierra, que cargan con los impactos sociales y ambientales. ¿Cómo es posible que no participen del valor económico generado?
He escuchado muchas veces el argumento legal: “la concesión minera es distinta a la propiedad superficial”. Es cierto, desde el derecho. Pero desde la justicia social esa separación ya no se sostiene. Porque en la práctica, el subsuelo condiciona totalmente la vida de la superficie. ¿O acaso alguien cree que un proyecto minero no altera la dinámica comunal, el agua, el suelo, el paisaje y la economía local?
Por eso considero fundamental que el Congreso asuma una tarea pendiente: crear una iniciativa legislativa que garantice un beneficio directo para las comunidades cuando se vendan proyectos mineros. No hablo de limosnas ni de programas asistenciales. Hablo de reglas claras: si una empresa vende una concesión, los propietarios del área superficial deberían recibir, al menos, un porcentaje de la utilidad neta en producción. ¿Un 3% o 5%? Me parece un punto de partida razonable. No ahuyenta las inversiones, pero sí reconoce derechos.
Otro punto que no puedo dejar pasar es el destino de los impuestos. Estas operaciones, aunque se realizan sobre territorio nacional y explotan recursos que pertenecen al país, muchas veces terminan tributando fuera de nuestras fronteras. Eso no es solo injusto, es inaceptable. Si el recurso está aquí y el impacto económico, social y ambiental se siente en nuestras comunidades, los impuestos deben quedarse en Perulandia. No se trata de un nacionalismo trasnochado ni de discursos vacíos, sino de coherencia fiscal, responsabilidad con el Estado y una mínima soberanía económica frente a negocios que hoy generan riqueza, pero la sacan del país.
Me pregunto también por el silencio de talleres informativos. ¿Por qué no se explica con claridad a los comuneros qué se encontró en Tassa? ¿Por qué no se transparentan las expectativas reales del proyecto? La falta de información alimenta la desconfianza y en minería, la desconfianza siempre termina en conflicto socio ambiental. Colque Holding no invierte millones por casualidad. Entonces, ¿qué sabe que no sabemos nosotros?
Finalmente, desde mi perspectiva, el caso del Proyecto Tassa se ha convertido en un espejo incómodo de cómo opera hoy la minería, especialmente en nuestro país: contratos cada vez más sofisticados, garantías completamente blindadas y beneficios futuros cuidadosamente asegurados para las empresas, mientras comunidades como Tassa permanecen invisibles dentro de la ecuación económica. Si de verdad aspiramos a un desarrollo real y sostenible, no basta con atraer inversiones ni celebrar cifras millonarias; es indispensable redistribuir el valor que nace del territorio. La pregunta ya no es si podemos cambiar las reglas del juego, sino cuánto tiempo más seguiremos mirando hacia otro lado mientras el subsuelo se negocia y la superficie —con su gente— queda en el olvido.
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