A medida que los años pasan y las investigaciones sobre casos de corrupción continúan acumulándose, es casi imposible no sentir una profunda frustración y rabia al observar la constante repetición de una historia que parece no tener fin en nuestro país: la corrupción que ha invadido todas las estructuras del poder, especialmente en lo que respecta a la ejecución de obras públicas. Estamos ante un panorama desolador que no solo afecta las arcas del Estado, sino que también golpea a la población más vulnerable, la que realmente necesita de esos proyectos para mejorar su calidad de vida. Hoy, al leer el reciente informe de la Comisión de Control Concurrente de la Corrupción, uno no puede evitar preguntarse: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que esto suceda en nuestro país?
La situación que nos presenta la prensa es alarmante: en ocho regiones del país se reportan casi 900 obras paralizadas, que representan una inversión comprometida de más de 21 mil millones de soles, pero cuyo costo total ha ascendido a 33 mil millones. Son cifras escandalosas, pero lo más indignante es la causa de estas paralizaciones: la corrupción estructural que sigue permeando cada rincón de nuestras instituciones públicas. En éste país donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, ¿cómo es posible que no se actúe con la contundencia necesaria para erradicar este cáncer que sigue destruyendo el futuro de millones de ciudadanos?
El informe revela que las obras públicas, lejos de ser una solución a los problemas sociales, se han convertido en un campo fértil para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. Proyectos de inversión que originalmente fueron presupuestados por una cantidad determinada, han visto sus costos multiplicados de manera absurda, en algunos casos, superando hasta el 1,000 % del monto inicial. Estas cifras no son meras estadísticas; son vidas que se ven truncadas por la falta de infraestructura básica: colegios sin terminar, hospitales sin camas, carreteras intransitables. Y no solo eso, sino que estos sobrecostos han desembocado en la generación de adendas interminables, que solo demoran más los procesos, sin mejorar la calidad de las obras. ¿Dónde está la justicia para los miles de ciudadanos que esperan con desesperación la culminación de estos proyectos?
Además, el informe no hace más que confirmar lo que ya todos sabemos: la mano blanda de fiscales y jueces venales ha permitido que empresas descalificadas y corruptas participen en licitaciones públicas. ¿Cómo es posible que se sigan dando contratos a quienes tienen un historial de incumplimientos y corrupción? ¿Por qué seguimos permitiendo que los actores políticos y económicos que nos han llevado a este punto sigan operando con total impunidad? Las modificaciones de montos y plazos, las irregularidades en las adjudicaciones y las adendas sin justificación, son un reflejo claro de la descomposición del sistema judicial y administrativo del país.
Y, lo que es aún más desalentador, es la apatía generalizada que parece haberse instalado en nuestra sociedad. Nos quejamos, protestamos por las redes sociales, pero ¿realmente estamos haciendo algo para cambiar esto? Las paralizaciones de obras como las de Arequipa son solo un ejemplo de la creciente indignación popular, pero se necesita más que solo manifestaciones para que algo cambie. Las protestas son legítimas, pero se debe ir más allá de las marchas: necesitamos una legislación fuerte, un sistema judicial imparcial y sobre todo, un compromiso real con la transparencia. Parece una medida radical, pero ¿realmente tenemos otra alternativa? Los corruptos roban el futuro de generaciones enteras, y si no les damos un castigo ejemplar, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones?
En definitiva, la corrupción no es solo un problema de políticos y empresarios; es un problema de todos. Los recursos públicos que se malgastan en sobrecostos y obras incompletas no solo son números, son vidas no mejoradas, oportunidades perdidas. Como sociedad, tenemos el deber de exigir responsabilidad y transparencia, y los sistemas de control y justicia deben dejar de ser cómplices de esta maraña corrupta. Mientras no se adopten reformas profundas, seguiremos siendo testigos de cómo los más pobres siguen siendo los principales afectados.
Foto: Andina
0 Comentarios