Hoy voy a referirme sobre una noticia que ha sacudido profundamente la confianza de los estudiantes y las familias en la ciudad de Moquegua. El supuesto "Instituto Tecnológico ITEP" no es más que un Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) sin licencia, como lo confirmaron las autoridades educativas locales. Este escándalo no solo ha dejado a cientos de jóvenes atrapados en la incertidumbre de sus estudios, sino que se expone una grave falla en la supervisión y monitoreo educativo de la región. Me pregunto: ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido, bajo la mirada paciente de las autoridades?
Los hechos son tan sorprendentes como escalofriantes. Un grupo de estudiantes se encontró frente a un muro de mentiras. Durante meses, la institución les había hecho creer que estaban cursando una carrera técnica en un instituto autorizado. Sin embargo, lo que los estudiantes no sabían es que el ITEP no tenía la licencia para otorgar títulos oficiales. El director regional de Educación, Guido Rospigliosi, confirmó lo que muchos ya sospechaban: el ITEP operaba como un CETPRO, lo que significa que no tenía la autorización para certificar a los estudiantes a nivel regional y nacional. Sin embargo, los materiales publicitarios y anuncios de la institución, a través de folletos y redes sociales, pintaban una realidad completamente distinta.
Este fraude académico no solo involucra la mala praxis de educación superior, sino también la falta de supervisión por parte de las autoridades competentes. ¿Por qué no se tomó acción antes? ¿Cómo es posible que los estudiantes y padres de familia, que confiaron en una institución que prometía un futuro académico, no recibieran ninguna advertencia o intervención de la Dirección Regional de Educación ni de la UGEL Mariscal Nieto? La pregunta más incómoda es, ¿qué tipo de control se realiza sobre las instituciones educativas de la región? Y más aún, ¿por qué las autoridades competentes no actuaron con anticipación para evitar que el daño se hiciera irreversible?
El drama de estos jóvenes es aún mayor cuando los costos de los "cursos de titulación" eran exorbitantes, llegando de los S/ 3,000 a S/ 4,000, una cifra significativa para muchas familias. Sumado a ello, los pagos se realizaban a nombre del director, Carlos Bustinza y no directamente a la institución. ¿Dónde quedaron las garantías para los estudiantes que invirtieron su tiempo, esfuerzo y dinero en un futuro que ahora se desvanece ante sus ojos?
Este caso refleja una realidad dolorosa, no solo de Moquegua, sino de muchas regiones del país: la informalidad en la educación y en algunas instituciones públicas. Vivimos en un contexto donde lo ilegal parece ser la norma, y los ciudadanos quedan desamparados ante la negligencia de las autoridades. No solo se engaña a los estudiantes con promesas vacías de educación de calidad, sino que, lo que es aún más grave, se les priva de la posibilidad de acceder a oportunidades reales para su futuro.
Estimados lectores, no podemos permitir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Si las autoridades educativas no son capaces de garantizar que las instituciones que operan en la región Moquegua que estén debidamente licenciadas y acreditadas, ¿qué futuro le espera a la educación de los jóvenes en nuestro país? Es un llamado urgente a la acción, no solo para castigar a los responsables, sino para generar un cambio real en la manera en que se supervisa y controla el sistema educativo. Los jóvenes no deben ser víctimas de estafas disfrazadas de oportunidades. No podemos permitir que la informalidad siga prevaleciendo en el sector educativo.
Finalmente, este escándalo del ITEP es solo una evidencia más de la profunda crisis que enfrenta la educación en muchas regiones de nuestro país. La falta de supervisión, el engaño a los estudiantes y la negligencia de las autoridades son solo algunos de los factores que permiten que la informalidad campee en el sector educativo. Los afectados merecen justicia, pero también debemos exigir cambios estructurales que impidan que situaciones como esta se repitan en el futuro. La educación debe ser un derecho, no un campo de lucro para los intereses privados y la desinformación.
Foto: LaprensadeIlo
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