El informe de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades detectadas en el proceso de nombramiento del personal administrativo en la UGEL Mariscal Nieto, Moquegua, me genera una profunda inquietud sobre la verdadera transparencia de nuestra administración pública. Al leer las conclusiones de la Contraloría, me surgen varias preguntas, que no solo cuestionan el proceder de la UGEL, sino también la responsabilidad y la ética de todos los involucrados en este proceso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estas irregularidades queden impunes? ¿Por qué parece ser que, cada vez más, las instituciones públicas se han convertido en bastiones de la impunidad?
Según el informe de visita de control N.° 012-2025-OCI/0737-SVC, una de las observaciones más graves es la designación como "apta" de Estefanía Jacqueline Cuela Vilca, una postulante que no cumplía con el requisito básico de estar trabajando en la entidad al 1 de enero de 2025, fecha exigida por la Ley de Presupuesto 2025. Esta violación a la ley parece ser solo la punta del iceberg de un proceso que, según se revela, estaba plagado de irregularidades. Es inconcebible que la UGEL haya permitido que alguien que no estaba en la nómina al 1 de enero de 2025 fuera evaluado como si lo estuviera.
Pero la gravedad de este hecho no termina ahí. Las hojas de evaluación de los postulantes no contenían firmas, sellos ni el visto bueno de la Oficina de Personal, lo que deja en evidencia la falta de formalidad y de transparencia en el proceso. Estas son las bases de un sistema público que debería estar marcado por la seriedad y el respeto a la ley, pero en su lugar, nos encontramos ante una administración que parece ignorar las normativas básicas de funcionamiento.
Lo que más me indigna de esta situación es que, a pesar de que la Contraloría notificó las irregularidades el 7 de julio, la UGEL no ha tomado medidas correctivas en el plazo establecido. ¿Cómo es posible que, en un ámbito tan delicado como la educación, donde se juega el futuro de nuestros niños y jóvenes, se toleran este tipo de prácticas? ¿Por qué no se actúa con la celeridad necesaria para corregir estos errores y garantizar la transparencia en los procesos de selección?
A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables casos de favoritismo, amiguismo y corrupción en las instituciones públicas, pero lo que me inquieta aún más es la falta de voluntad para corregir estos males. La UGEL Mariscal Nieto no es un caso aislado. En muchas ocasiones, he cuestionado si realmente se quiere mejorar la calidad educativa en nuestro país o si simplemente se busca mantener una estructura que beneficia a unos pocos, mientras el resto paga el precio de una educación pública cada vez más vulnerable.
Lo peor de todo es la falta de responsabilidad. Los funcionarios públicos, en lugar de ser ejemplos de transparencia y legalidad, se comportan como si estuvieran gestionando una finca privada, ignorando los derechos de los ciudadanos y actuando como si las reglas del juego no les aplicaran. La población ya está cansada de escuchar sobre actos de favoritismo que solo alimentan la desconfianza en las instituciones.
Es por eso que insisto en la necesidad urgente de un cambio profundo en la manera en que se manejan estos procesos. Los funcionarios que cometen irregularidades deben ser sancionados con rigor y no solo con sanciones administrativas, sino con la exclusión definitiva de la función pública. No podemos seguir permitiendo que el desorden y la corrupción se sigan filtrando por las grietas de nuestro sistema educativo.
¿Qué futuro le estamos dejando a nuestras futuras generaciones si los responsables de velar por su educación no cumplen con las mínimas normas de transparencia? La educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, y no puede ser utilizada como un terreno de negociaciones y favoritismos. Si no somos capaces de exigir que los procesos sean claros, que los postulantes sean evaluados conforme a la ley, y que la administración pública actúe con la responsabilidad que la ciudadanía demanda, entonces estamos condenados a seguir arrastrando los mismos problemas una y otra vez.
Para finalizar, es hora de que los ciudadanos dejemos de ser meros espectadores de los problemas que afectan a nuestra sociedad y exijamos cambios concretos. No podemos quedarnos callados mientras se permite que la corrupción y la impunidad sigan destruyendo nuestras instituciones. La Contraloría se ha pronunciado, pero es el momento de que la UGEL Mariscal Nieto y todas las entidades involucradas respondan con hechos, no con excusas. ¿Queremos un futuro mejor para nuestros hijos? Entonces empecemos por limpiar las instituciones que los formarán.
Foto: Prensa Regional
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