En el vasto escenario de la administración pública, donde los recursos del Estado deberían fluir como un río alimentando el desarrollo y el bienestar de la sociedad, lamentablemente nos encontramos con un panorama desolador en la región de Moquegua, una región rica en recursos naturales y potencial humano, pero empobrecida por la corrupción, la negligencia y la improvisación. Durante el año 2023, la Contraloría General del Perú desveló una serie de situaciones alarmantes que evidencian la podredumbre en la gestión pública, dejando al descubierto no solo la falta de integridad, sino también el impacto económico devastador que esto conlleva.
Las cifras son más que números fríos; representan historias de malversación, abuso de poder y falta de ética. Con 33 auditorías y servicios de control específicos en 15 entidades públicas, se supervisaron más de 96 millones de soles. Sin embargo, lo que encontraron fue una trama de inconductas que resultaron en un perjuicio económico para el Estado de más de 16 millones de soles. ¿Cómo podemos permitir que este saqueo continúe?
La voz de alarma proviene del gerente regional de control, César Justo Gómez, quien revela que casi el 90% de las alertas emitidas por la Contraloría no han sido corregidas ni han generado acciones por parte de las entidades públicas de la región. Es como si las advertencias cayeran en oídos sordos, mientras los responsables de salvaguardar los intereses públicos permanecen impávidos ante el desmantelamiento del erario.
Es perturbador descubrir que dentro de estas entidades públicas, aquellos encargados de velar por el bien común son precisamente quienes se aprovechan de su posición para beneficiarse a sí mismos. Funcionarios públicos cuya responsabilidad debería ser un ejemplo de integridad y servicio a la comunidad, son señalados por presuntas prácticas delictivas, administrativas y civiles. No solo es un atentado contra las arcas del Estado, sino también contra la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Los casos emblemáticos de corrupción descubiertos son solo la punta del iceberg de un problema sistémico arraigado en la cultura de la impunidad. Desde la compra irregular de laptops y ambulancias hasta el desvío de fondos en municipalidades provinciales y distritales hasta la malversación de fondos destinados a infraestructuras vitales, cada revelación pone de relieve la urgente necesidad de una reforma profunda en la gestión pública. Es hora de que la transparencia y la rendición de cuentas dejen de ser meras palabras en discursos políticos y se conviertan en acciones concretas que transformen la realidad de nuestro país.
La agenda de control para el año 2024 es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con un enfoque en proyectos de infraestructura clave, la Contraloría se prepara para fiscalizar de cerca la ejecución de millonarias obras que impactarán directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, esta vigilancia no puede limitarse a la supervisión de proyectos; debe ir acompañada de medidas efectivas para sancionar a aquellos que abusan de su poder y enriquecen sus bolsillos a costa del pueblo.
La corrupción no es un problema que se resuelva con parches superficiales o discursos grandilocuentes. Requiere un compromiso firme y una acción decidida por parte de todas las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto. Es momento de cruzar la línea de la indiferencia y alzar la voz contra la corrupción, exigiendo justicia, transparencia y una gestión pública honesta y eficiente.
En conclusión, la lucha contra la corrupción en Moquegua y en todo el Perú es un desafío que no podemos eludir. Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos conscientes y responsables, exigir cuentas claras y actuar en contra de la impunidad. Solo así podremos construir un país donde la justicia y el bienestar sean una realidad para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
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