El reciente caso de la presunta corrupción en el Gobierno Regional de Moquegua no es solo otro escándalo más en la lista de tantos que sigue sacudiendo la política peruana. Es una muestra clara de cómo las redes de poder y el favoritismo siguen dominando las estructuras gubernamentales, afectando directamente a la población que, día a día, lucha por sobrevivir en medio de la crisis económica y social. Como ciudadano, me siento en la obligación de expresar mi indignación y reflexionar sobre las profundas implicaciones de estos hechos, no solo en Moquegua, sino en todo el país.
La reciente diligencia del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, liderada por el fiscal Víctor Muñoz Leiva, para recopilar información sobre la empresa Yoma Ingeniería EIRL, evidencia cómo las maniobras oscuras se infiltra en todos los niveles del gobierno. Esta empresa, utilizada por Luis Sanca Umiyauri, conocido como el “cuñadísimo” de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, es solo una de las muchas entidades que han sido beneficiadas de manera irregular.
El video difundido recientemente muestra a Sanca Umiyauri entregando implementos de seguridad de manera irregular para la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Estratégico Centro de Salud Pampa Inalámbrica de Ilo”. En el video, se observa a Sanca justificando la falta de bienes, lo que evidencia una vez más cómo las normas y procedimientos son constantemente burlados. Estas imágenes no solo son un testimonio visual de actos de irregularidades, sino que también son una representación tangible de cómo las promesas de transparencia y buena gestión se desvanecen frente a la codicia y el poder.
El presupuesto asignado a la obra del Centro de Salud Pampa Inalámbrica, más de 47 millones de soles, debería haberse utilizado íntegramente para mejorar la infraestructura y los servicios de salud. Sin embargo, una parte significativa de estos fondos ha sido desviada para beneficiar a unos pocos, dejando a la población sin los recursos necesarios para una atención médica adecuada.
Pregunto: ¿Cómo es posible que, a pesar de las evidencias y las denuncias, los responsables sigan operando con total impunidad? La respuesta radica en la debilidad de nuestras instituciones y en la falta de voluntad política para enfrentar verdaderamente estos problemas. Está podredumbre no se limita a unos cuantos individuos; es una red compleja que involucra a diversos actores, desde funcionarios de alto nivel hasta empresarios inescrupulosos.
Como ciudadanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es urgente que la sociedad civil se movilice y exija rendición de cuentas. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esta lucha, no solo denunciando los actos de corrupción, sino también investigando y sacando a la luz las conexiones y complicidades que permiten que estos hechos continúen.
La labor del Diario La Prensa Regional es un ejemplo de cómo el periodismo investigativo puede revelar las irregularidades y la colusión en el gobierno. Sin embargo, la presión no puede venir solo de los medios. Los consejeros regionales de Moquegua y otras autoridades tienen la responsabilidad de cumplir con sus funciones de fiscalización y garantizar que se tomen medidas concretas para erradicar la corrupción.
El trabajo del fiscal Víctor Muñoz Leiva y su equipo es una luz de esperanza en este oscuro panorama. La diligencia realizada en la Sub Región de Desarrollo Ilo es un paso importantísimo para desmantelar estas redes de depravados. Sin embargo, este esfuerzo debe ir acompañado de un sistema judicial robusto que no solo investigue y procese a los responsables, sino que también imponga sanciones ejemplares.
La justicia no debe ser selectiva ni parcial; debe ser un proceso que garantice que todos los involucrados, sin importar su posición o poder, enfrenten las consecuencias de sus actos. Solo así podremos empezar a reconstruir la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia una sociedad más justa y transparente.
No basta con castigar a los culpables. Es necesario implementar reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control y supervisión. La transparencia en los procesos de adjudicación de contratos, la creación de organismos independientes de fiscalización y la implementación de políticas de integridad y ética en la administración pública son pasos esenciales para prevenir futuros casos de actos irregulares.
Además, la educación juega un papel fundamental. Debemos fomentar una cultura de integridad y responsabilidad desde temprana edad, para que las futuras generaciones comprendan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Solo así podremos aspirar a un cambio duradero y significativo.
En conclusión, el caso de la presunta corrupción en la Sub Región de Desarrollo Ilo es un aviso urgente a la acción. No es suficiente con realizar investigaciones y recolectar pruebas; es necesario que se tomen medidas contundentes para sancionar a los responsables y prevenir futuros actos ilícitos. La implicación de Luis Sanca Umiyauri y su conexión con la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala debe ser investigada a fondo y los culpables deben enfrentar las consecuencias de sus actos.
Definitivamente la corrupción es un cáncer que afecta a toda la sociedad. Solo mediante una acción decidida y conjunta podremos erradicarla y construir un futuro más justo y transparente. Es momento de que los consejeros regionales de Moquegua, las autoridades judiciales, la prensa y la ciudadanía se unan en esta lucha y demuestren que la corrupción no tiene lugar en nuestra sociedad.
Es hora de poner fin a la impunidad y restaurar la confianza en nuestras instituciones. La justicia y la transparencia deben prevalecer por encima de cualquier interés particular.
Foto: Prensa Regional Moquegua
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