A veces pienso que la corrupción no solo se alimenta del dinero, sino del silencio. Del silencio de quienes ven, callan y luego se quejan de que nada cambia. Hoy quiero hablar de un caso que, aunque parezca uno más en la larga lista de noticias judiciales, me remueve profundamente porque refleja una realidad que se repite, una y otra vez, en los rincones más apartados del país: la corrupción en las municipalidades pequeñas.
El reciente fallo obtenido por el fiscal provincial Walker Fredy Ríos Calizaya y el fiscal adjunto Sergio Flores Vargas en el caso de la Municipalidad Distrital de Ubinas debería ser motivo de profunda reflexión para todos. Las condenas impuestas a Ann Yesenia Santos Carrera y Rocío Vila Salas Pérez por el delito de peculado por apropiación en agravio del Estado, relacionadas con el proyecto “Construcción del Complejo Multideportivo en el centro poblado de Anascapa, distrito de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro”, no son simples sanciones judiciales. Son, más bien, el reflejo de una herida profunda en nuestro sistema institucional, una muestra de cómo la corrupción debilita la confianza y erosiona los cimientos del servicio público.
Ambas mujeres se beneficiaron de contratos falsos, cobraron cheques por servicios inexistentes y, en resumen, le robaron al pueblo. No hay otra forma de decirlo. Mientras en las comunidades campesinas del distrito de Ubinas la gente lucha por agua, postas médicas, carreteras asfaltadas o escuelas, otros ven en los fondos públicos una oportunidad para enriquecerse fácilmente. ¿Qué tan normalizado está esto, que ya casi ni nos sorprende leerlo?
¿Cómo es posible que, frente a nuestras propias narices, la corrupción en los distritos pequeños pase inadvertida?
No hay prensa que la denuncie, no hay ciudadanos que se atrevan a exigir rendición de cuentas, y muchas veces ni siquiera los regidores cumplen su deber de fiscalizar. ¿Dónde estaban los regidores del periodo 2011–2014 cuando todo esto ocurría? ¿Cumplieron su función de vigilancia o simplemente esperaban el fin de mes para cobrar sus dietas? Es una pregunta incómoda, sí, pero absolutamente necesaria.
Ubinas, como muchos distritos del interior del país, es un lugar con necesidades urgentes y sueños postergados. Su capital y los centros poblados de Tassa y Tonohaya enfrentan problemas serios de reasentamiento y reubicación, incertidumbre que ni las autoridades locales ni regional logran resolver. Y, sin embargo, mientras las familias esperan soluciones, los recursos públicos se escurren entre las manos de quienes juraron servir al pueblo. Es doloroso, pero real: la corrupción en los pueblos olvidados es doblemente cruel.
Cuando leo estos casos, no puedo evitar preguntarme: ¿en qué momento confundimos el servicio público con el beneficio personal? ¿Cuándo dejamos de exigir honestidad como una condición básica para gobernar? Lo más grave es que muchos de los involucrados no son desconocidos; son vecinos, amigos, incluso familiares de los mismos ciudadanos que hoy padecen las consecuencias.
Creo que la verdadera justicia no se alcanza solo con sentencias, sino también con memoria. La justicia también se construye con la decisión de no votar otra vez por los mismos rostros que ya conocemos, de no guardar silencio ante la sospecha y de exigir cuentas con firmeza. Porque la corrupción no comienza con el desfalco, sino con la indiferencia.
En definitiva, hoy celebro que la justicia haya actuado, pero no me engaño: esto no basta. La corrupción en la provincia General Sánchez Cerro, en el distrito de Ubinas, como en tantos distritos olvidados, no terminará hasta que entendamos que cada acto deshonesto, por pequeño que parezca, nos roba a todos. No podemos seguir justificando lo injustificable. Si queremos que nuestros pueblos salgan del atraso, debemos empezar por limpiar la casa. Y eso no depende solo de los fiscales ni de los jueces, sino de cada uno de nosotros. Porque callar ante la corrupción también es una forma de ser cómplice.
Foto: MDU
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