Cada vez que viajo de Arequipa hacia La Joya, no puedo evitar sentir que el trayecto se ha convertido en una metáfora viva de nuestra realidad regional. El embotellamiento, la interminable fila de camiones, tráileres y minibuses parecen recordarnos a diario el peso de la ineficiencia. Hasta el año pasado, los autos particulares podían cubrir el tramo Arequipa–El Cruce en unos 45 minutos; hoy, ese mismo recorrido se ha vuelto una tortura que sobrepasa hora y media. ¿Cuántas horas de vida estamos perdiendo los arequipeños atrapados en este tráfico asfixiante? Lo más doloroso es que la solución, esa autopista tantas veces anunciada y celebrada en discursos, sigue siendo apenas una promesa incumplida.
Me pregunto: ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es posible que exista una desalineación de 27 metros entre el tramo vial y el puente? No estamos hablando de un detalle menor o de un error administrativo cualquiera. Es una falla que obliga a rediseñar el proyecto, actualizar expedientes técnicos y hasta pensar en construir un óvalo adicional para encajar lo que desde el inicio debió estar alineado. Esa descoordinación técnica no solo retrasa la obra, sino que refleja algo más profundo: la falta de rigor en la planificación de nuestras obras públicas.
A esto se suma el incremento del presupuesto. Lo que comenzó con S/107 millones ya supera los S/144 millones. ¿En qué momento dejamos de indignarnos porque el dinero de todos se multiplica sin control? Cada adenda firmada es una advertencia de que el Estado termina pagando la factura de los errores, mientras los ciudadanos seguimos esperando. La norma exige que, al superar el 30 % del presupuesto inicial, intervenga la Contraloría. Pero ya sabemos lo que pasa: auditorías, observaciones y en el mejor de los casos, sanciones tardías. ¿Y mientras tanto? El tiempo sigue corriendo.
Lo más revelador es que, detrás de cifras, adendas y tecnicismos, late la vida cotidiana de miles de personas. Pienso en los trabajadores que deben madrugar cada vez más para llegar puntuales a sus centros de labor, resignados a perder horas valiosas en un tráfico interminable. Pienso también en los transportistas, obligados a soportar traslados que se duplican mientras sus ingresos se reducen. ¿Acaso alguien, desde los escritorios del Gobierno Regional de Arequipa, se detiene a medir ese costo humano que día tras día erosiona el bienestar de la población?
El informe de la Contraloría agrega más sombras: vaciado defectuoso de concreto, fisuras peligrosas, juntas frías que comprometen la durabilidad del moderno puente. No es exagerado decir que se ha puesto en riesgo la seguridad de quienes, algún día, circulen por esa estructura. ¿No es acaso irresponsable seguir llamando “avance” a una obra plagada de retrocesos?
En otras palabras, la autopista Arequipa–La Joya debía ser el eje que conectara la región con la Panamericana Sur y con el futuro Puerto de Corío. Hoy, en cambio, es un espejo de nuestra precariedad institucional. Yo estoy convencido de que este no es solo un problema de ingeniería, sino de cultura política: improvisación, falta de supervisión real y una peligrosa tolerancia social frente al incumplimiento. Si no exigimos transparencia, sanciones ejemplares y una gestión seria, la autopista seguirá siendo lo que es hoy: un sueño lejano que se desmorona en cada grieta del concreto.
Foto: La voz del Sur
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