Que
los argumentos para liquidar a los magistrados investigados eran apenas una
coartada para las intenciones reales de sus promotores fue claro desde el
primer momento. La justificación para la pretensión –supuestas presiones al
Presidente del Poder Judicial para que apoye a la exfiscal Ávalos, la
publicación en mayo de un comunicado defendiendo la independencia del sistema
de justicia por el juicio político a aquella, la no presentación de sus
informes anuales y el retiro de la Junta de la doctora Tello por tener más de
75 años– fue endeble desde el primer momento, al extremo que distintas voces
cercanas a algunos sectores empresariales que siempre guardan silencio,
políticos de derecha como Pedro Cateriano y hasta entusiastas de la coalición
autoritaria, tomaron distancia de la estrategia expresando su preocupación
por “el Estado de derecho y las reglas del debido proceso".
Con
el correr de los días, por si cabían dudas, terminaron de desnudarse los
“motivos” del Congreso. El más importante, sin duda, es lograr el control del
sistema de justicia para garantizar la impunidad de muchos de los miembros de
la coalición gobernante, especialmente de la señora Fujimori, así como capturar
los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, para asegurar su victoria en futuras
elecciones. Blindar a su aliada, la Fiscal de la Nación, de las distintas
investigaciones en curso en la JNJ –entorpecer la investigación de los “cuellos
blancos”, proteger a su hermana la jueza, “esconder” sus tesis de maestría y
doctorado y recibir una condecoración de un investigado por presunto lavado– es
el otro interés, así aquella haya tenido que mostrar su “preocupación” por la
separación de poderes para mejorar su imagen y su frente interno. Por debajo de
ellos, la explicación fundamental de la arremetida es la decisión de asegurar
el “orden institucional” que requieren para afianzar su neoliberalismo
fujimorista 2.0, incluyendo el contenido mafioso que “aportaron” a la política
del país desde los noventa del siglo pasado.
En
este escenario, todo indica que la torpeza y el apuro congresal los obligará a
ampliar el plazo. Las miserias en la coalición mafiosa del Congreso son
visibles. Las dudas de la presidenta de la Comisión de Justicia, la
postergación de reuniones y los cambios de agenda, resultan elocuentes. El
ubicuo César Acuña ya se desmarcó de la pretensión, lo que como sabemos bien no
quiere decir nada porque su posición depende siempre del clima de sus
intereses. Para peor, otras bravatas congresales como las censuras de los
ministros de Defensa y de Energía y Minas se han desinflado con la misma
velocidad con la que lo hace el Ejecutivo. No obstante ese desorden e
improvisación permanente de un Congreso lleno de prontuariados y mocha sueldos,
es evidente que no cejarán en su afán autoritario y todo indica estudian ya un camino de “repliegue” que los conduzca
si no al mismo resultado, a uno similar.
En
el ámbito internacional, la situación de la coalición autoritaria no es mejor y
empeora. Las declaraciones del alto Comisionado de la ONU y de su oficina en
Perú, el pronunciamiento de ocho embajadas en el país y la declaración de
distintos organismos internacionales muestran el aislamiento de aquella,
ratificado en la patética presencia de nuestra mandataria y su séquito en la
Asamblea de la ONU, tras haber pretendido “jalarle las orejas” a su
representante residente. Persiguiendo las fotos para hacernos creer que se
reunió bilateralmente con distintos mandatarios, huyendo de las preguntas
incómodas de la prensa y enfrentándola, acusando a sus críticos en Nueva York
de ser pagados por “algún grupo de gente interesada desde Perú que los moviliza
para que hagan este tipo de shows”, la señora Boluarte descubrió que allá, como
le ocurriera en Pichanaqui, la gente le exige explicación de los muertos y
heridos en las protestas contra su gestión.
Para
peor, sus miedos deben estarse multiplicando por la tormenta que tiene cerca.
La recesión de nuestra economía ya es indiscutible. El BCR proyecta el
crecimiento del 2023 en 0.9%, la agricultura está en su peor momento desde
1997, la pesca ha caído 33%, El Niño nos toca las puertas y las lluvias e
inundaciones en el norte y una sequía durísima en el sur nos afectarán
dramáticamente los próximos meses sin que el gobierno muestre la menor
capacidad de respuesta y de gestión. Al agobio económico se suma el crecimiento
de la inseguridad ciudadana y el incremento descontrolado de la violencia
delictiva en medio de la desesperación de la población y de autoridades locales
que demandan la presencia de las FF.AA. en las calles, como si fuera una
solución así los resultados nacionales e internacionales demuestren lo
contrario. Y el gobierno opta por ese camino como parte de su debilidad que
intenta esconderla en su propio autoritarismo y en sus marchas y contramarchas
para satisfacer a sus socios, como lo evidencia el retroceso en su postura
inicial sobre la reversión de los lotes petroleros en Talara. En este
escenario, las recientes denuncias contra su cerebro, Alberto Otárola,
seguramente la hacen sentir pasos y pensar en nuevas entregas.
En
este marco, en el que la coalición autoritaria que nos gobierna, más allá de la
improvisación y la mediocridad del Congreso y de los afanes por sobrevivir
hasta el 2026 y construir su impunidad que parece ser el horizonte de Dina
Boluarte, desde la sociedad, la movilización y la calle parecen ser el único
camino. La Plataforma por la Democracia aparece como un espacio que busca
construir acuerdos básicos para defender la democracia, convocando desde la
diversidad de la sociedad a sectores amplios de ésta y a los grupos políticos
que entiendan que la única manera de hacerlo es articulando fuerzas sin
desconocer las diferencias.
desco Opina
/ 22 de setiembre de 2023
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