Durante más de dos décadas, los principales medios de comunicación del país –aquellos que se autodenominan “serios”, “independientes” o “de referencia”– han protagonizado un papel activo en la persecución política de Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. No como observadores, sino como operadores. Tampoco como fiscalizadores, sino como amplificadores de una narrativa falsaria, construida por fiscaletes ideologizados y algunos juecesillos complacientes.
La cobertura del caso “Cócteles” es un ejemplo paradigmático de lawfare mediático. Esa llamada “gran prensa” –liderada por El Comercio– jamás informó sobre el denominado “caso Cócteles”. No. ¡Descaradamente lo reescribió mintiendo, sesgando y editorializando una, otra y otra vez sobre una falaz narrativa! Hasta que consiguió dramatizarla y transformarla en todo un espectáculo. Titulares que fabulaban sobre una “organización criminal”, “fraude electoral”, “lavado de activos” y “colusión empresarial” se repitieron durante años sin que remotamente existiera una base legal sólida; y muchísimo menos una sentencia firme.
Tanto así, que el Tribunal Constitucional acaba de reconocer que la conducta imputada a Keiko Fujimori no fue delito al momento de los hechos ¡porque no existía ley que así lo califique! Sin embargo, este reconocimiento ha llegado tarde; cuando el daño ya estaba hecho.
La gran prensa no solo contribuyó a la derrota electoral de Keiko Fujimori, hasta en tres procesos consecutivos. También ayudó a elaborar y a instaurar un clima de sospecha permanente, donde cualquier vínculo con Fuerza Popular era tratado como crimen político. Esta estigmatización no solo afectó a candidatos, sino a votantes, analistas, empresarios y periodistas que se atrevieron a cuestionar la narrativa dominante del abyecto, criminal periodismo caviar.
Peor aún, tras legitimar la judicialización de la política, esa prensa abrió la puerta a los liderazgos radicales, improvisados y pendencieros. ¡Pedro Castillo no ganó por mérito propio! Ganó porque el sistema había sido vaciado de opciones legítimas y lleno de odios contra la derecha tildada de corrupta, para empezar. Y El Comercio y su cohorte, en lugar de reconocer su yerro, celebró la “alternancia” aplaudiendo y rindiéndose a los pies de aquella instalación indigna del comunismo en Palacio de Gobierno, como si se tratara de alguna victoria moral.
¡Ese comportamiento no fue ingenuo! Fue ex profeso, funcional. Llevados de las narices por el tristemente célebre “decano de la prensa”, muchos medios rastreros operaron como lustrabotas comunicacionales de intereses políticos, judiciales y empresariales.
Y al hacerlo, traicionaron su deber republicano: informar la verdad con rigor, fiscalizar con equidad y defender la democracia sin sectarismos. Hoy, cuando el fallo del Tribunal Constitucional desnuda la fragilidad jurídica del país, El Comercio y su cohorte de esa “gran prensa” corrupta guardan cómplice silencio. ¡No hay mea culpa! ¡Tampoco revisión editorial! ¡Menos aún autocrítica! Solo el eco de una narrativa que se desmorona, pero continúa flotando en la conciencia pública.
El Perú necesita una prensa libre. ¡Pero también responsable! Una prensa que no sea traidora a sus orígenes; que no se convierta en tribunal; ni en partido, menos en inquisición. Porque cuando el periodismo abandona su deber, la democracia pierde su voz más legítima.
Columnista Diario Expreso
Foto: ORT
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