El
sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido,
precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría
nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al
mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder
eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales. Esto se vería
reforzado porque OCDE, se dice, permitiría el acceso a las buenas prácticas que
llevan a cabo los otros países miembros, facilitaría la asistencia técnica y
formaríamos parte de una red de cooperación internacional que nos beneficiaría
en términos comerciales.
Esta
expectativa fue reiterada por la canciller Ana Cecilia Gervasi,
cuando afirmó que “el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá brindar servicios
públicos de mejor calidad, así como cerrar brechas estructurales”. Agregó que
“la adhesión de nuestro país a dicho organismo brinda un sello de calidad
internacional para atraer inversiones que permitan promover un desarrollo
inclusivo y sustentable”.
Pero,
en extremo diplomático, si bien Cormann refirió que nuestro país avanza a “paso
firme” en su proceso de admisión, iniciado en enero de 2022, a renglón seguido
desinfló las expectativas al indicar que hay todavía una gran cantidad de pasos
que deben darse como los informes que debe emitir una serie de misiones de
investigación, otra lista de revisiones de 24 comités de expertos sobre un
amplio espectro de temas que incluye políticas públicas, económicas, sociales,
ambientales, comerciales, de inversión, gobernanza pública, entre otras.
Finalmente, cuando este camino esté recorrido, OCDE dará sus recomendaciones
sobre lo que necesita nuestro país para afinar su perfil como socio de este
espacio.
Luego,
refiriéndose específicamente al informe sobre nuestro país, indicó que necesitamos
inmediatamente fortalecer [sic] las oportunidades,
restaurar el crecimiento a largo plazo mejorando la productividad y la
competencia, hacer progresos en la cohesión social, fortalecer la protección
social reduciendo la informalidad, y asegurar que la estructura fiscal y el
marco presupuestario continúen siendo sostenibles en el futuro.
¿Qué
le preocupa a la OCDE? Fundamentalmente, el crecimiento económico ralentizado,
debido al impacto de shocks externos (manifiesto en presiones inflacionistas y
alza de precios, que pudieron manejarse gracias al rápido endurecimiento de la
política monetaria, esperándose que el BCR mantenga posiciones restrictivas
para cumplir con las metas inflacionarias) y las frecuentes catástrofes
naturales –intensificadas por el cambio climático– que provocan daños en las
infraestructuras, agravan las perturbaciones en la cadena de suministros y
contribuyen a la inflación.
En
ese sentido, debemos revertir esta situación para generar mejores contextos que
permitan satisfacer la demanda de servicios sociales y cerrar la brecha en
infraestructura, mejorando la eficiencia del gasto público y elevando los
ingresos tributarios. Para ello, debemos implementar urgentemente un programa
de reformas estructurales que impulse el crecimiento de largo plazo y permita a
Perú “volver a la ruta de la convergencia con los países OCDE, algo que se ha
estancado en la última década”.
Estas
reformas deben privilegiar el fortalecimiento de la independencia y la
eficiencia del Poder Judicial y el avance en la digitalización y la
interoperabilidad de los sistemas de información de los tribunales. Asimismo,
debe implementarse una estrategia integral para disminuir la corrupción, que
obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos
y hacer cumplir leyes y regulaciones.
En
esa línea, OCDE también considera que la existencia de una función pública
fragmentada, limita la capacidad del Estado para llevar a cabo la tan necesaria
inversión pública y prestar servicios públicos de alta calidad. A su vez, es
necesario reestructurar la descentralización fiscal y reducir la informalidad.
En
fin, como vemos, el Informe de la OCDE no dice nada que no se haya repetido
hasta la saciedad durante las dos últimas décadas, sin ofrecer ningún tipo de
evaluación sobre el fracaso estrepitoso de anteriores y densas reformas que
alguna vez se hicieron en el aparato estatal peruano. Al respecto, ¿no hubiera
sido más valioso que nos indicaran sus apreciaciones sobre las causas de los
fracasos que acumulamos, en lugar de alentar improbables logros?
Así,
como el extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la limitada mirada de la
tecnocracia neoliberal ha permitido que nos cercioremos de que, en realidad, no
era el par antagónico de lo que en su momento denominaba “burocracia
mercantilista”, sino su otro yo.
Como
señaló el recordado David Graeber, “La ley de hierro del liberalismo dicta que
toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir
trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto
final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de
papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.”
Además,
en este discurso que busca abrumar con sesgos «técnicos» ¿dónde están los
ciudadanos y las ciudadanas? Porque, anotamos, la eficiencia en la respuesta
del Estado no puede ser, de ninguna manera, solo un indicador que se otorga la
propia burocracia para el control de la acción que debe llevar a cabo, sino,
sobre todo, la apreciación del que tiene derecho a ser respondido por el Estado
en sus demandas y expectativas, es decir los ciudadanos y las ciudadanas.
desco Opina / 6 de
octubre de 2023
Foto: El Peruano
0 Comentarios