El
mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al
mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas,
albanesas y balcánicas.
América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de
usuarios, seguido de Europa
Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de
organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EE. UU., es sólida y maneja
los negocios de cocaína. El referido informe se aferra en poner a América del
Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en
Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de
entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos. Luego están los puertos
graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de
la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre
Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación
comercial posibles.
En cuanto
a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234 000 ha cultivadas con coca en
la selva de América del Sur (95 008 de ellas en el Perú) respecto de 54 134 ha
en el 2018, con precios de US$ 1100 por kilo de cocaína. A nivel campesino, las
estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de
elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las
regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance
internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio
peruano y embarcan con destinos finales.
De la Alta
Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021 hasta 1982 toneladas de cocaína mediante
infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de
pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles
importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales. La
producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del
Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico.
Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea
(Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas
clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y
Ucayali) y fluvial. Aunque el VRAEM atravesó y sigue pasando por una fuerte
crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022),
mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína. Una tendencia
es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por
África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y
Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y
africanas.
Del total
de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1424 toneladas, el 72% de lo
producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento
de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos)
que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de
salida marítima de la cocaína sudamericana.
Ahora se
incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60
toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado
las incautaciones en Asia, África y Oceanía. El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones
por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio
final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el
destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50
ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que
permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.
La
organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se
encuentran compartimentalizadas por
cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el
camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos,
migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en
su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:
(i) A
nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio
de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles
cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene,
Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia
ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato,
800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del
Gallo”.
(ii) El
segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra
organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones
intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y
salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales
mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los
Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.
(iii) El
tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México:
principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de
Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de
acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del
lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando
do Capital y el Comando Vermelho.
En conclusión, hay tres factores que permiten el
mantenimiento del mercado ilegal en las actuales circunstancias de altos
decomisos e interdicción: estabilización de oferta/demanda,
compartimentalización de organizaciones criminales y la convergencia ideal de
actividades criminales.
Los
Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, estamos inermes frente a
las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales,
sociales y económicas. Mientras los países desarrollados nos endilgan gran
parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera
errónea, nosotros agachamos la cabeza y nos negamos a encontrar otras salidas
profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político
adecuado.
Gentil
colaboración de Ricardo Soberón
desco Opina
/ 20 de octubre de 2023
Foto: Andina

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