El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, bajo el supuesto de que lidera una organización criminal. Según la imputación, se hizo nombrar en el cargo, otorgó beneficios a parlamentarios investigados para que votaran de acuerdo con sus intereses y se deshizo de magistrados incómodos. Después de presentarse a un primer elenco de cuatro imputados, el grupo fue ampliado con otros seis, a quienes se atribuyó ilicitudes distintas. Benavides aduce que es víctima de un complot de fuerzas políticas que perdieron posiciones en el sistema de justicia. El debate se centra por ahora en la calidad de las evidencias mostradas, unos chats con fragmentos de diálogos que no demuestran delito −son indicios− y cuya autenticidad falta comprobar. Lo fuerte es que Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, asegura que negoció favores a congresistas por orden de ella. Sigue desembuchando, de modo que cabe esperar nuevas revelaciones. Se abre un largo proceso de corroboración en distintos niveles; para comenzar, en el Congreso. En ese camino se sabrá si el operativo descubrió un caso de gran corrupción o si tenía como objetivo algo ya logrado: sacar del cargo a la fiscal de la Nación.
Era sabido que los magistrados rivales en la cúpula del Ministerio Público hacían cabildeo en el Congreso para conservar o ganar posiciones. El tema fue motivo de recriminaciones cruzadas en la Junta de Fiscales Supremos. En esta columna hemos hecho notar que, desgraciadamente, los últimos cuatro fiscales de la Nación −Pablo Sánchez, Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides− terminaron cayendo en brazos de facciones políticas (“La caída de Zoraida”, 25/6/2023). Pero una cosa es hacer lobismo, algo impropio sin violar la ley, y otra canjear impunidades por votos parlamentarios. El tráfico de influencias es una grave criminalidad cuya supuesta ocurrencia es el centro de la actual indagación. En el camino deberá aclararse la idoneidad de las pruebas, entre ellas la contribución del “agente Roberto”, supuestamente una parlamentaria. Importantes diligencias judiciales próximas tienen que ver con nulidades interpuestas por los investigados.
Una relevante impugnación concierne a la suspensión de Benavides por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este organismo tiene al voto un pedido de reconsideración basado, entre otros argumentos, en que solo tuvo a la vista una resolución judicial que autorizó allanamientos y la detención de Villanueva. El juez Jorge Chávez Tamariz se basó en pantallazos de comunicaciones incompletas por WhatsApp que no describen un acto concreto de Benavides. Villanueva debe declarar ante la JNJ el martes 23. Está por verse si la JNJ ratificará su decisión basándose en el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz.
Cuando se produjeron los allanamientos, el 27 de noviembre pasado, Patricia Benavides venía siendo duramente cuestionada desde dentro y fuera del Ministerio Público. La oposición interna actuó desde los inicios de su gestión, en el 2022. Provenía del sector afín a su antecesora, Zoraida Ávalos, por entonces fiscal suprema, a quien, por su parte, los cercanos a Benavides buscaban liquidar en el Congreso. Finalmente lo lograron, pues Ávalos fue inhabilitada, pero Benavides recibió una generosa batería de acusaciones ante la JNJ, con la que desde hace un año se encuentra abiertamente enfrentada. En este contexto, es preciso analizar las denuncias independientemente de la motivación de quienes las impulsan.
La investigación que nos ocupa es un buen ejemplo. En la carpeta del Caso Valkiria V, como ha indicado el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, solo figura un acto de investigación desde mayo del 2023 −cuando se abrió un expediente secreto− hasta una quincena antes de las intervenciones. La actividad se reanudó solo después de que la magistrada responsable, Marita Barreto, fuera notificada por Benavides de que sería retirada del puesto de coordinación que desempeñaba. Así, puede presumirse que si Barreto no hubiera tenido certeza de que la cambiarían de puesto nos hubiéramos perdido el estreno de Operación Valkiria V.
Igualmente se hubiera impedido la función si Benavides retiraba a Barreto el 11 de noviembre, sin otorgarle el plazo que le solicitó para arreglar sus cosas. Ese día le anunció su decisión de retirarla. Esto permite ver que una parte de las denuncias que aparecen sobre personajes judiciales puede explicarse con un mapa de enemistades entre magistrados. En el caso de Benavides, antes de decidir la remoción de Quiroz sufrió desgaste por las investigaciones contra los fiscales de lavado de activos Rafael Vela y José Domingo Pérez −que no fueron decididas por ella sino por la Autoridad Nacional de Control (ANC)−, y por el desplazamiento de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien terminó renunciando.
Revilla dirigía una sección que litigaba en el Poder Judicial un caso que comprometía a una hermana de la fiscal de la Nación. Aunque Benavides, en una investigación que le abrió la JNJ, justificó su decisión con un informe técnico de bajo rendimiento, jamás pudo librarse de la imagen de que usó su poder para favorecer a su hermana. Además, se objetó las atribuciones que tenía para remover a ciertos fiscales. El asunto cobra actualidad porque ha sido incluido en la carpeta de la organización criminal supuestamente dirigida por ella.
Pero el caso Revilla finalmente quedará esclarecido. El Tribunal Constitucional (TC) está próximo a pronunciarse sobre las facultades de un fiscal de la Nación para realizar cambios de magistrados. Asimismo, respecto de los límites de la JNJ para ejercer control de los mismos. Esta definición prevalecerá sobre las motivaciones personales que pudo tener Benavides para tomar la decisión, algo difícil de determinar objetivamente. Por otro lado, la primera disposición de la fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de investigarla, presume que el informe técnico para removerla fue elaborado con información falsa por un gerente a órdenes de Benavides. Este segundo punto también puede ser comprobado o descartado.
Por último, el Poder Judicial resolverá la imputación contra la hermana, una jueza de Lima que habría recibido un soborno. A quien conozca el expediente no le sorprenderá que salga indemne por falta de pruebas. Tampoco debe sorprender que el TC apoye la autonomía del titular del Ministerio Público para realizar cambios de magistrados. Al fin y al cabo, el reemplazante interino, Juan Carlos Villena, está haciéndolo a diestra y siniestra, sin que nadie lo acuse por violar estándares de independencia judicial de la CIDH, como se reclamaba a Benavides. En un terreno de conflictos como el del Ministerio Público, limitarle capacidad reorganizadora a su conductor solo agravaría la crisis de la institución.
La imputación asume que José Luis Hauyón, un abogado que ha representado a Benavides, y el ex ministro Hernán Garrido Lecca, intervinieron como parte de la organización criminal para lograr que ella fuera elegida fiscal suprema por la JNJ, y, posteriormente, para defenestrar a Rafael Vela como coordinador de las fiscalías de lavado de activos. Esta teoría plantea tareas de corroboración extremadamente exigentes, como puede percibirlo cualquiera. ¿Quiénes de la JNJ habrían sido influenciados y de qué manera? En cuanto a Vela, sería necesario demostrar que la ANC operaba para Benavides. Es conocido en el Ministerio Público que el jefe del organismo, Juan Fernández Jerí, ni despachaba ni tenía una relación cordial con ella. Es autónomo. La versión de los mediáticos Vela y Pérez es que el objetivo de la organización criminal, al tenerlos como blanco de sus ataques, era lograr un pacto de impunidad con la clase política corrupta. Lo que excede los horizontes que se plantea la fiscal suprema Delia Espinoza, limitados al Congreso. Al mismo tiempo sobrepasa un poco la importancia de ambos como adalides de la anticorrupción.
Columnista Diario El Comercio
Foto: El Comercio
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