La transferencia de recursos provenientes de la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Sur ha sido un tema de constante debate y análisis. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta noviembre del 2023, se habrían transferido aproximadamente S/ 3,538 millones, una cifra que, en teoría, debería traducirse en desarrollo y mejora de la calidad de vida para las poblaciones locales. Sin embargo, la gran interrogante que persiste es si estos recursos realmente están cumpliendo su propósito y generando un impacto tangible en las comunidades.
Las cifras, como siempre, nos proporcionan un punto de partida, pero es en la interpretación de los datos donde encontramos el verdadero trasfondo de la cuestión. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero, el canon minero representa la mayor parte de estas transferencias, superando los S/ 2,155 millones. Este monto está destinado a los gobiernos regionales y municipales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores. ¿Pero cuánto de esto se traduce en mejoras palpables para la vida cotidiana de los ciudadanos?
Las regalías mineras legales y contractuales, junto con los conceptos de derecho de vigencia y penalidad, suman más de S/ 1,383 millones. Este dinero, en teoría, debería servir para financiar proyectos específicos y promover el desarrollo sostenible en las regiones afectadas por la actividad minera. Sin embargo, las preguntas persisten: ¿En qué medida se están utilizando estos fondos de manera eficiente? ¿Los proyectos ejecutados realmente impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos?
El desglose de las transferencias por departamento revela que Arequipa encabeza la lista con más de S/ 1,123 millones recibidos, Moquegua con más de S/ 621 millones; Tacna con una cifra que supera los S/ 600 millones; y Apurímac con más de S/ 496. Estas cifras, por sí solas, podrían sugerir una asignación justa y equitativa de recursos. Pero aquí es donde la discusión se torna crucial: la cantidad de dinero transferido no es el único indicador de éxito. La eficiencia en la gestión de estos recursos y la ejecución de proyectos estratégicos son factores determinantes para medir el impacto real.
La inquietud más significativa radica en la aparente desconexión entre las millonarias transferencias y la percepción de abandono que sienten los ciudadanos. Es natural preguntarse: ¿Qué proyectos de impacto regional y local han sido ejecutados con estos recursos? La organización de la sociedad civil y representantes de la población los consejeros regionales y regidores municipales, tiene el deber de ser la voz que exige transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos fondos.
La responsabilidad también recae en los propios ciudadanos, quienes deben participar activamente en los presupuestos participativos. Este mecanismo democratiza la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, permitiendo que las comunidades influyan directamente en las prioridades de desarrollo. Es hora de que todos, desde los gobernadores hasta el último ciudadano, asumamos nuestro papel en la construcción de un futuro más próspero.
La gran incógnita persiste: ¿Están realmente los gobernadores y alcaldes de la Macrorregión Sur capacitados para administrar eficientemente estos recursos, o son meros improvisados que obstaculizan el desarrollo de sus respectivas regiones, provincias y distritos? La respuesta a esta pregunta es esencial para entender por qué, a pesar de las millonarias transferencias, muchos ciudadanos se sienten abandonados por el gobierno central.
La sociedad necesita líderes que no solo gestionen fondos, sino que también lideren con visión y compromiso hacia el desarrollo sostenible. La capacidad de estos funcionarios para implementar proyectos que beneficien directamente a las comunidades locales define su verdadero éxito. No es suficiente tener cifras millonarias en transferencias; es esencial ver resultados tangibles y mejorar la calidad de vida de aquellos que viven en las áreas de influencia de la minería.
En conclusión, la transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Sur es una herramienta valiosa para el desarrollo. Sin embargo, esta herramienta solo cumplirá su propósito si se utiliza con eficiencia y transparencia. La sociedad civil debe desempeñar un papel activo en la supervisión de la ejecución de proyectos y los líderes regionales y locales deben demostrar su capacidad para administrar de manera efectiva estos recursos.
Es hora de ir más allá de las cifras y exigir resultados tangibles. La verdadera riqueza de una nación no está solo en sus recursos naturales, sino en la competencia de convertir esos recursos en mejoras palpables para la vida de sus ciudadanos. La Macrorregión Sur tiene el potencial de ser un ejemplo de desarrollo sostenible, pero esto solo será posible si todos, desde los ciudadanos hasta los líderes, trabajamos juntos en la construcción de un futuro más próspero y equitativo.
Foto: Andina
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