En el transcurso del primer semestre de 2024, la Contraloría General del Perú ha identificado a 5664 funcionarios públicos a nivel nacional con presunta responsabilidad civil, penal o administrativa por hechos irregulares. Estos hallazgos no solo subrayan una preocupante falta de ética y profesionalismo en la función pública, sino que también plantean serias interrogantes sobre la eficacia de nuestros mecanismos de control y la integridad de nuestras instituciones.
Según informó el contralor general Nelson Shack, el grupo de funcionarios con presunta responsabilidad está conformado principalmente por empleados del gobierno nacional (1779), regional (1473) y local (2443). En total, se les atribuyen 10 029 responsabilidades. Esto no es un problema menor; estamos hablando de una amplia gama de irregularidades que abarcan diferentes niveles de la administración pública y que han generado un perjuicio económico ascendente a S/ 1313 millones solo en los primeros seis meses del año. Esta cifra, que representa una cantidad desorbitante de recursos mal gestionados, nos obliga a cuestionarnos sobre la eficiencia y la transparencia de nuestro sistema de control gubernamental.
Durante este periodo, la Contraloría General ha emitido 34 537 informes de control, de los cuales 24 332 corresponden al control simultáneo y 10 110 al control posterior. Estos informes han identificado y comunicado a las entidades públicas sobre 53 618 situaciones adversas que podrían afectar los servicios o proyectos públicos en proceso. Sin embargo, solo el 20% de estas alertas han sido corregidas o están en proceso de corrección, mientras que el 21% aún no han sido atendidas y el 58% no reflejan ninguna acción correctiva. Este alarmante nivel de inacción es inaceptable y pone en riesgo la efectividad de las inversiones públicas y, en última instancia, el bienestar de la población.
Entre los casos más emblemáticos revelados por la Contraloría General, encontramos irregularidades que van desde la construcción de vías internas para el acceso al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez hasta el cobro irregular de S/ 8 millones a usuarios del Proyecto Vías Nuevas de Lima. Además, se ha detectado una deficiente atención a casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los Centros de Emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Amazonas. También se ha reportado el desabastecimiento de más de 30 700 medicamentos esenciales en establecimientos de salud a nivel nacional, la pérdida de más de S/ 738 mil en CENARES por la entrega de dispositivos médicos y productos farmacéuticos a empresas oftalmológicas privadas, y múltiples irregularidades en obras de saneamiento y construcción de hospitales que han generado perjuicios millonarios.
Estos casos no solo representan un enorme desperdicio de recursos públicos, sino que también evidencian una falta de compromiso y responsabilidad por parte de los funcionarios encargados. La ineficiencia y la corrupción en la gestión de proyectos tan trascendentales como la infraestructura vial, la salud y la protección de los derechos de los menores tienen consecuencias directas y devastadoras para la ciudadanía.
Ante esta situación, es evidente que se requieren reformas urgentes y profundas para fortalecer los mecanismos de control y asegurar una gestión pública más transparente y eficiente. En primer lugar, es fundamental mejorar la capacidad de la Contraloría General para realizar un seguimiento más riguroso y efectivo de las alertas emitidas. No basta con identificar y comunicar las situaciones adversas; es imperativo que las entidades públicas tomen medidas correctivas de manera oportuna y eficaz.
Además, es decisivo implementar sanciones más severas y efectivas para los funcionarios que incurren en irregularidades. La impunidad no puede ser una opción. Los funcionarios públicos deben ser plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad de sus actos. Solo así podremos disuadir conductas corruptas y promover una cultura de integridad y transparencia en el sector público.
Por otro lado, es necesario fomentar una mayor participación ciudadana en la vigilancia y el control de la gestión pública. La sociedad civil debe ser un actor clave en este proceso, no solo como beneficiaria de los servicios públicos, sino también como guardiana de los recursos del Estado. La transparencia y el acceso a la información son instrumentos fundamentales para empoderar a los ciudadanos y permitirles ejercer un control efectivo sobre la gestión pública.
En este contexto, los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar. Pero más allá de informar, debemos también fomentar el debate y la reflexión sobre cómo podemos mejorar nuestros sistemas de control y promover una cultura de integridad en la función pública.
Es fundamental que los medios de comunicación investiguen a fondo y den seguimiento a los casos de corrupción e irregularidades. No podemos permitir que estos hechos queden en el olvido o que los responsables evadan la justicia. La presión mediática y la opinión pública son herramientas poderosas para exigir transparencia y rendición de cuentas.
La lucha contra la corrupción y la mala gestión en la administración pública no es una tarea fácil, pero es una responsabilidad que debemos asumir todos como sociedad. Los funcionarios públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo, actuando con integridad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Pero también nosotros, como ciudadanos, debemos exigir transparencia y rendición de cuentas, y estar vigilantes para que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y en beneficio de toda la población.
Finalmente, los hallazgos de la Contraloría General durante el primer semestre de 2024 revelan una realidad preocupante en la gestión pública de nuestro país. La magnitud de las irregularidades y el enorme perjuicio económico generado nos obligan a reflexionar sobre la eficacia de nuestros mecanismos de control y la integridad de nuestras instituciones. Es urgente implementar reformas que fortalezcan la capacidad de la Contraloría General para realizar un seguimiento efectivo de las alertas emitidas, así como sanciones más severas y drásticas para los funcionarios que incurren en irregularidades.
Los medios de comunicación y la sociedad civil también tienen un rol fundamental en esta lucha. La transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana son claves para asegurar una gestión pública eficiente y responsable. Solo a través de un compromiso conjunto y decidido podremos construir un país más justo y transparente, donde los recursos públicos se utilicen en beneficio de todos los ciudadanos. Este es un desafío que nos involucra a todos, y es nuestra responsabilidad enfrentarlo con valentía y convicción.
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