Lo ocurrido en Venezuela en la elección del domingo pasado no nos debe sorprender.
Hoy en día los golpes de Estado también se dan por la vía electoral. Cuando se inhabilitó a María Corina Machado y a Corina Yoris, ¿alguien pensó, de verdad, que habría elecciones libres, en las que el resultado fuera reflejo de la voluntad popular?
Creo que habría que ser muy ingenuo para pensar ello. Como también hubo mucha ingenuidad cuando un sector de la oposición aceptó dialogar con el régimen de Maduro, después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 2013, en medio de las protestas estudiantiles que paralizaron Venezuela. Era claro que el “diálogo” que se proponía con la oposición solo tenía el objetivo de que las protestas se diluyeran, ¿o alguien podía pensar, en esa oportunidad, que se arribaría a unas nuevas elecciones, debidamente auditadas?
María Corina Machado, lideresa de la oposición democrática venezolana, sí lo ha tenido claro desde hace algún tiempo. Recordemos sino la entrevista que le dio a la BBC en el 2019, en la que manifestó: “Un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza”.
No hay que olvidar que el modelo autoritario actualmente existente en Venezuela se pergeñó con el referéndum que el expresidente Hugo Chávez promovió en 1998 y que se realizó en abril de 1999 –también llamado Referéndum para la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente–, en el que se hicieron dos preguntas a los electores referidas a la sustitución o no de la Constitución de 1961 y la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que obtuvieron más del 80% de aprobación.
Así, a pesar de no estar contemplada en la Constitución de 1961 entonces vigente, se impuso una asamblea constituyente. El éxito alcanzado se logró por la crisis institucional que se produjo como consecuencia del desprestigio que arrastraban los partidos políticos tradicionales, a los que se les atribuyó la responsabilidad por todos los males del país. No olvidemos que, en Venezuela, después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, los principales partidos políticos de la época –Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Copei, con sus líderes Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, respectivamente– habían firmado el llamado Pacto de Puntofijo, que motivó un acuerdo de gobernabilidad que duró justamente hasta 1998 y que había permitido la dación de la Constitución de 1961.
Resulta pertinente hacer este recuento, pues en nuestro país la pretensión de convocatoria a una asamblea constituyente, no contemplada en nuestro texto constitucional, es permanentemente expuesta por los partidos de izquierda. El discurso, en Venezuela como acá, es el mismo: se vende una suerte de varita mágica o pócima que nos salvará de todos nuestros males, de la corrupción, del subdesarrollo y, por supuesto, de los malos políticos, como si una nueva Constitución pudiese servir para ello.
Es importante destacar lo dicho por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea: “El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, y la mejor demostración de lo que es Maduro queda evidenciada con el anuncio de su canciller, Yván Gil, de expulsar a todo el personal diplomático de las misiones de Argentina, Chile, Costa Rica, el Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, por no haber reconocido el fraudulento triunfo.
Columnista Diario El Comercio
Foto: el Colombiano
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