El miércoles pasado, hemos vivido un episodio clave en la lucha contra la corrupción: el Poder Judicial emitió una sentencia contra Martín Vizcarra Cornejo, ex presidente de la República, quien fue condenado a 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sentencia no solo marca un hito en la historia judicial del país, sino que también nos invita a reflexionar sobre la efectividad de las acciones del sistema judicial frente a los actos de corrupción que siguen socavando la confianza en las instituciones del Estado.
La condena contra Vizcarra se desglosa en seis años de prisión por el proyecto Lomas de Ilo y ocho años por la obra del hospital en Moquegua. Además, se le impuso una reparación civil de más de 2 millones de soles y una sanción económica adicional. Por fin, parece que la justicia comienza a dar la razón en nuestro país que, durante años, hemos visto a figuras como él disfrutar de una vida de lujos a costa de los recursos públicos. Sin embargo, la pregunta que surge es si esta sentencia será suficiente para acabar con la corrupción estructural que, lamentablemente, sigue vigente.
Es difícil no cuestionar cómo un personaje como Martín Vizcarra, un exgobernador acusado de aprovecharse de su cargo en Moquegua, logró ascender hasta la presidencia de la República. Durante su gestión como mandatario, a pesar de las denuncias de corrupción, algunos ciudadanos de Moquegua lo consideraron un "héroe" por su supuesta lucha contra la corrupción, sin tener en cuenta los oscuros antecedentes que ya se perfilaba durante su tiempo como gobernador. Su comportamiento plantea una gran interrogante: si ya se evidenciaban indicios de corrupción durante su mandato como gobernador, ¿qué podríamos esperar de su gestión como presidente?
Es aquí donde debemos detenernos a reflexionar sobre el sistema electoral de nuestro país. ¿Cómo es posible que personajes como Vizcarra, que ya tienen antecedentes de corrupción, puedan seguir siendo líderes de partidos políticos e incluso trató de postular a cargos públicos? La reciente sentencia debería ser un precedente para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actúe con firmeza y anule la inscripción del partido político que aún lo respalda. No se puede permitir que el proceso electoral sea utilizado como un parapeto para ocultar actos ilícitos bajo la bandera de una “persecución política”. La justicia no debe ser manipulada, y mucho menos utilizada como una estrategia para perpetuar la impunidad.
En mi opinión, la sanción debería ir más allá de la cárcel. La corrupción no es un acto individual, sino un mal social que afecta a toda una nación. Por ello, la sanción debería incluir también a la familia de los corruptos. ¿Acaso no deberíamos plantearnos una reforma legal que limite el acceso a cargos públicos a los descendientes de aquellos que han sido condenados por corrupción? Esta medida podría ser un primer paso para erradicar de una vez por todas los privilegios heredados de aquellos que se enriquecen ilícitamente. Las reformas normativas no solo deben centrarse en el castigo, sino en prevenir que las malas prácticas se perpetúen en la sociedad.
La condena a Vizcarra es un paso positivo, pero también nos hace pensar en la impunidad que reina en ciertas regiones del país. Moquegua, la región que ocupa el segundo lugar en el manejo irresponsable de los recursos públicos. La fiscalía anticorrupción debería profundizar en las investigaciones para descubrir las redes de corrupción que siguen existiendo, no solo en Moquegua, sino en otras partes del país. La riqueza repentina de algunas exautoridades, como alcaldes y exgobernadores, que han pasado de ser simples ciudadanos a grandes empresarios en las ciudades más grandes del país, es una señal clara de que el sistema está lleno de corruptos que, aún después de dejar sus cargos, continúan beneficiándose de las coimas y las cutras.
Aquí surge otro interrogante: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el robo de recursos públicos sea algo normalizado en nuestra sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar la impunidad de quienes abusan de su poder? La fiscalización de las exautoridades es fundamental, y el trabajo de la fiscalía anticorrupción debe ser más riguroso. Como ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar todo acto sospechoso. No podemos seguir siendo cómplices pasivos de la corrupción que tanto daño hace al país.
En otras palabras, la sentencia contra Martín Vizcarra es un logro importante, pero no debemos caer en la complacencia. La lucha contra la corrupción debe ser constante, y las autoridades del poder judicial deben ser más diligentes en la persecución de los culpables. Es fundamental que, como ciudadanos, sigamos vigilantes y denunciemos cualquier acto de corrupción, no solo por el bien de las futuras generaciones, sino también para restaurar la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos caminar hacia una verdadera justicia social, en la que el bienestar colectivo esté por encima de los intereses personales de unos pocos.
Foto: Andina
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