Cada cierto tiempo, me obliga a preguntarme si realmente estamos aprendiendo algo como sociedad o si simplemente resistimos mientras repetimos los mismos errores. Lo ocurrido recientemente en la Comisión Permanente del Congreso no solo me indignó como ciudadano, sino que me dejó con la sensación amarga de que nuestra institucionalidad está siendo usada —y abusada— por quienes deberían protegerla. Me refiero, por supuesto, al episodio que permitió que el abogado Raúl Noblecilla Cahuas ingresara al hemiciclo para denigrar al Parlamento sin límite alguno.
Yo estaba siguiendo el desarrollo de la sesión, esperando escuchar argumentos legales o una defensa medianamente seria de Betssy Chávez. Pero lo que sucedió fue lo contrario: un discurso cargado de insultos, insinuaciones, gritos y frases diseñadas para incendiar redes sociales antes que para contribuir al debido proceso. Y lo más grave: ese espectáculo vergonzoso ocurrió con el permiso explícito de la Mesa Directiva. ¿Cómo es posible que una institución tan golpeada como el Congreso permita que un personaje con antecedentes conocidos la ataque desde sus propias instalaciones?
Lo que vino después fue aún peor. Se presentó una moción de censura contra el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, pero —siguiendo el guion del “Congreso Indigno”— ni siquiera fue admitida a debate. ¿En qué momento normalizamos que una medida disciplinaria tan legítima sea rechazada por simple conveniencia política? Este blindaje descarado revela una conducta reiterada: para algunos, proteger a determinados aliados de la camarada izquierda parece ser más importante que resguardar la investidura y la autoridad moral del Congreso.
La intervención de Noblecilla se viralizó en horas. Y ese es otro problema profundo. Las redes sociales amplifican cualquier frase incendiaria, y la gente —sobre todo quienes no tienen formación cívica, política o jurídica— terminan celebrando discursos agresivos sin entender su trasfondo. Veo a muchos compartiendo fragmentos editados, aplaudiendo insultos como si fueran verdades reveladas. Nadie se pregunta qué hay detrás, qué intereses se mueven, qué narrativa quieren consolidar. ¿Cuándo dejamos de valorar los argumentos y empezamos a venerar los ataques?
Lo que más me preocupa es cómo este discurso sirve para reforzar la vieja estrategia de victimización bien planificada alrededor de Pedro Castillo y Betssy Chávez. Se les presenta como “perseguidos políticos” cuando en realidad enfrentan procesos por quebrar el orden constitucional. No es ideología: es un hecho jurídico. Sin embargo, en el juicio oral, Castillo insiste en soltar incoherencias, frases conspirativas, victimización y contradicciones que solo pueden convencer a quienes no conocen cómo funciona el Estado. Y aun así, el Poder Judicial le permite hablar como si estuviera en un mitin, incluso mencionando partidos políticos y frases propagandísticas. ¿De verdad es prudente que un acusado utilice un juicio como plataforma electoral?
Me preocupa la percepción pública. Muchos, al ver extractos de estas audiencias en redes, creen que Castillo y Chávez son “maltratados víctimas”. Se comparten videos recortados, frases sacadas de contexto y se construye una narrativa de abuso estatal que no se sostiene con la realidad. Pero en un país donde la desinformación corre más rápido que la verdad, esa narrativa cala con profundidad.
Estamos, lamentablemente, en una época en la que la ignorancia política se ha convertido en combustible para discursos irresponsables, aprovechados por ciertos políticos de la seudoizquierda que buscan conservar cuotas de poder a través de la confusión y victimización. Personas que no conocen la Constitución, las funciones del Congreso o las facultades del Poder Judicial terminan creyendo que todo es un “abuso” simplemente porque lo vieron en un video viral. Y esa desinformación no solo distorsiona la percepción pública sino confunde a muchos.
Por eso insisto: como ciudadanos responsables, tenemos la obligación de informarnos de manera seria y consciente, revisando a fuentes confiables y contrastando los datos antes de formarnos una opinión. No podemos seguir compartiendo discursos incendiarios, mensajes manipulados o contenidos cargados de odio sin siquiera comprender su origen o su intención. Ese hábito no solo desinforma, sino que también alimenta una espiral peligrosa que termina debilitando nuestra convivencia democrática.
Finalmente, lo que estamos presenciando no es un simple episodio político más, sino una advertencia sobre el deterioro acelerado de nuestra vida democrática. La instrumentalización del Congreso, la banalización de la justicia y la manipulación emocional en redes sociales crean un panorama donde el ruido vence a la razón y donde la indignación fabricada reemplaza al debate informado. Si no reaccionamos ahora, seguiremos alimentando un ciclo en el que la mentira se vuelve costumbre y la irresponsabilidad se normaliza. El país no cambiará mientras sigamos confundiendo viralidad con verdad, espectáculo con justicia y victimización con inocencia. Es momento de asumir el deber ciudadano que nos corresponde: informarnos, cuestionar, contrastar y exigir instituciones que actúen con integridad. Solo así evitaremos que el “Congreso Indigno” y la desinformación sigan escribiendo el guion del país que, en el fondo, ninguno de nosotros quiere heredar.
Foto: Andina
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