(EFE). El Gobierno de
Ollanta Humala está a punto de cumplir un año y ya carga con 15 muertos en
enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en distintos
conflictos sociales donde han chocado los intereses de los ciudadanos con los
de las empresas o el Gobierno. El último episodio se vivió este martes en la
plaza de armas de Celendín, provincia de la región Cajamarca, en la sierra
norte, donde murieron a tiros tres civiles –entre ellos un menor- y quedaron
heridos otros 22 y dos policías. Horas después, el ministro de Justicia, Juan
Jiménez, declaró el estado de emergencia en las provincias de Celendín,
Hualgayoc y Cajamarca.
El estado de emergencia se
vuelve a declarar en las tres provincias de la región de Cajamarca después de
seis meses y en el día 32 de movilizaciones contra el millonario proyecto
minero Conga de las empresas Yanchocha y Newmont. Las protestas de diciembre
provocaron la caída del ex primer ministro Salomón Lerner y su sustitución por
Óscar Valdés. La administración Humala aceptó que un equipo de expertos
internacionales evaluara su impacto ambiental y en abril los peritos
recomendaron que la operación no destruya las lagunas de las cabeceras de
cuenca donde se encuentra el proyecto. En junio, la empresa indicó que
aceptaría algunas de las recomendaciones, aunque no aseguró que pudiera
preservar las lagunas y el presidente Humala saludó la “nueva minería” más
respetuosa.
“Los enfrentamientos
comenzaron cuando un grupo de personas intentó impedir que el alcalde de
Celendín entrara al Ayuntamiento y rodearon el local”, comentó a EL PAÍS desde
Cajamarca el periodista de Noticias Ser Aldo Santos. El regidor dejó su ciudad
y su despacho hace meses, debido a que los celendinos lo rechazaban porque está
a favor del proyecto Conga. “Atacaron el local del Serenazgo y la Gobernación
(en el Ayuntamiento) y entonces actuó la policía”, agregó Santos.
Por su parte, el ex
sacerdote Marco Arana, líder de la organización política Tierra y Libertad,
indicó en Canal N que un grupo de obreros de construcción exigía, por fuera del
Ayuntamiento, el pago atrasado por los trabajos en una escuela y, a la vez
protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra el proyecto
minero. Según el ministerio del Interior, los manifestantes intentaron tomar el
edificio armados y dispararon a las piernas de dos suboficiales de policía.
Fue entonces cuando la
policía se replegó y efectivos del Ejército intervinieron para dispersar a
quienes estaban destruyendo material en el local municipal.
En el enfrentamiento,
murieron Eleuterio García Rojas, de 50 años, José Faustino Silva, de 35, y el
menor C.M.A de 17 años. Enelva Hoyos, trabajadora del hospital de Celendín,
dijo a EL PAÍS que la noche del lunes estaban programadas operaciones a algunos
de los 22 heridos en cuanto llegaran especialistas y anestesistas porque en su
única ambulancia ya habían mandado a la capital de la región a un herido con
pronóstico reservado.
La semana pasada, Newmont
y Yanacocha anunciaron que iniciarían la construcción de unos depósitos que
reemplazarán el agua de las lagunas destinadas al proyecto Conga. Un sector de
cajamarquinos y de autoridades locales está conforme con dicha operación, pero
se oponen el citado Marco Arana, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio
Santos, el Frente de Defensa de Cajamarca, y la Plataforma Institucional de
Celendín.
Consultado este lunes el
presidente Humala acerca de la situación en Cajamarca, pues la empresa había
solicitado garantías para poder empezar las obras de los depósitos, dijo que
quienes no respetaran la propiedad privada tendrían que “atenerse a las
consecuencias”.
El sábado pasado, la
parroquia Nuestra Señora del Carmen, situada en la plaza de armas de Celendín,
divulgó un comunicado ante la presencia masiva de las fuerzas del orden, en el
que urgía “a la Policía y al Ejército, con presencia innecesaria en nuestra
provincia, a mantener una postura de serenidad y comprensión con un pueblo que
no tiene otra pretensión que hacer oír su voz en defensa del agua y de la
vida”.
Con la declaración de
emergencia vuelve la tensión extrema entre el gobierno y quienes protestan
contra el proyecto, que supone una inversión de cuatro mil millones de dólares
(3.100 millones de euros). La situación regresa al mismo punto muerto de haces
seis meses. El obispo emérito de Chimbote Luis Bambarén pidió este martes la
mediación de la iglesia, como indicó el jueves pasado el presidente de la
Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, al respaldar la participación
del sacerdote Gastón Garatea en este conflicto.
http://celendinlibre.wordpress.com/
Foto: echalecaliche.blogspot.com
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