El mensaje a la Nación del 28
de julio pasado fue sorprendentemente largo y lleno de detalles. Su
protagonista –que no cuenta entre sus dones la facilidad de palabra o el
entusiasmo en la lectura- repasó tediosamente la gestión sectorial del
Ejecutivo y concluyó, tras cerca de dos horas, con un colofón que invitaba al
gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa y la sociedad
civil, a trabajar juntos para “la gobernabilidad y la paz social”. Carente de
un eje articulador, sin prioridades claras a comunicarle al país, plagado del
anuncio de nuevos programas sociales y lleno de cifras, el discurso no
transmitió ninguna imagen precisa de la voluntad gubernamental, menos aún del
destino del país.
En su falta de orden, se
perdieron algunos anuncios importantes. El compromiso al 2016 de reducir la
pobreza total al 15% de la población, la ley de carrera docente, la reforma
constitucional para establecer el derecho al agua o la advertida reforma del
SNIP fueron apenas titulares, teniendo en cuenta su innegable interés y el
debate que alimentarán en breve. También fueron evidentes algunas ausencias
particularmente graves, como la situación peruana frente a la crisis
internacional. El silencio alrededor del tema sugiere que el Ministerio de
Economía mantiene al Presidente en la tesis del supuesto “blindaje” que nos
protege. Más aún, expresa el manejo automático de la economía, que se traduce
en nuestra dependencia plena de la demanda externa. El discurso tampoco
adelantó nada concreto sobre la llamada nueva minería, más allá de la retórica
de que ésta deberá ser sostenible y ambiental y socialmente respetuosa y del
impreciso anuncio de iniciativas normativas a partir de la propuesta de la
Comisión creada por el Ejecutivo para tal fin.
A pesar de la naturaleza y la
extensión de la intervención presidencial, el término descentralización no fue
usado en ningún momento. La única reforma estrucutural iniciada por el país el
siglo XXI se redujo a unas cuantas menciones instrumentales a los gobiernos
regionales –su concurso en la masificación del gas natural en las zonas
altoandinas o la transferencia de recursos para construir escuelas- asumiendo,
aparentemente, que la descentralización se reduce a los Consejos de Ministros
Descentralizados y a reuniones puntuales con presidentes regionales y alcaldes.
Los anuncios de reforma del
SNIP y la creación de una Dirección General de Diálogo en reemplazo de la
Unidad de Conflictos fueron gotas de agua en el desierto, la excepción en un
discurso que muestra a un Ejecutivo carente de reacción ante los temas que le
aprietan el paso, entre ellos el narcotráfico, los remanentes de Sendero
Luminoso o los conflictos vinculados a la minería. Respecto a ello, no fueron
recordados por el Mandatario los civiles fallecidos en el marco de las
protestas sociales ni los policiales y militares caídos en los enfrentamientos
del VRAEM el último año. Para peor, el anuncio de una nueva licitación para el
Gasoducto del Sur niega el compromiso presidencial de iniciar la construcción
del ducto con un crédito puente del Estado a Petroperú-Kuntur, postergando una
vez más un proyecto largamente demandado y poniendo en cuestión la viabilidad
del polo petroquímico en esa zona del país.
La ausencia de autocrítica en el Mensaje no
llama para nada la atención. Cierto que un año es poco tiempo para revertir los
problemas centrales del país, pero es sin duda tiempo suficiente para tenerlos claros,
establecer prioridades y definir las políticas públicas y los instrumentos para
atenderlos. A juzgar por el discurso, el gobierno no lo ha aprovechado
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