Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara*
15 años después de la
aplicación del llamado programa "Anticoncepción Voluntaria
Quirúrgica" durante la década de 1990, como programa de planificación
familiar del gobierno de Alberto Fujimori, se puso en evidencia que el programa
violo los derechos reproductivos de mujeres indígenas y campesinas con escasos
recursos económicos en el Perú. El estado peruano tomo la decisión de reiniciar
las investigaciones durante el periodo de 1990-2000 donde se estima
aproximadamente 350 mil mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales
empobrecidas fueron objetivo principal del programa, que causó al menos la
muerte de un número de mujeres y infecciones crónicas a un centenar de mujeres,
además de los post-traumas psicológicos resultado de la mala-practica clínica.
El programa de
esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas (esencialmente
quechuas), con el nombre de "Plan de salud pública y que fue presentado el
28 de julio de 1995. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de
Cooperación Internacional de Estados Unidos con 36 millones de dólares y, con
una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
-UNFPA.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos pidió a las autoridades peruanas que garanticen una
investigación sin demora, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre
las esterilizaciones forzadas de mujeres. Todas las mujeres que fueron
obligadas a someterse a esa intervención deben obtener plena reparación, como
dispone el derecho internacional “En julio de 2002, el informe final del
Ministro de Salud revelo que, entre 1995 y el 2000, 331.600 mujeres fueron
esterilizadas, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía. El plan,
que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores
pobres de la sociedad peruana, apuntaba esencialmente a los indígenas de las
zonas más abandonadas. Este programa adolecía de un programa post-tratamiento
además de los efectos psicológicos post traumáticos. No había programas
alternativos, se trataba de la esterilización como método para reducir la
reproducción de un segmento de la sociedad portador y reproductor de la pobreza.
En el Perú esta decisión ha
dividido a la opinión pública en un discurso social encubierto de racismo
cuando se trata de mujeres andinas, campesinas y pobres, y se refieren a ellas
como mujeres que reproducen hijos como “conejos”, se habla que hubo errores
como en todo programa de planificación, pero se les hizo un favor, porque ellas
“actúan y se reproducen como animales.” La esterilización forzosa es
considerada como un crimen de lesa humanidad y/o un crimen de guerra y un
delito grave de violencia sexual. Fue reconocido como crimen de guerra. En el
Perú ocurrió durante el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y los grupos
armados Sendero Luminoso y el Movimiento MRTA. Sendero Luminoso desarrollo una
política de terror contra la población andina y de reclutamiento forzado de la
población indígena.
Otras voces buscan justificar
este tipo de política minimizando el tema a errores de la política pública de
salud, o a mujeres que por “dinero” han hecho denuncias. Pero existían cuotas
de esterilización lo que pone en evidencia que era una política sistemática
frente a un grupo social en que se buscaba reducir la capacidad reproductiva de
natalidad. Este sector social humano invisible para el Estado ha sido ignorado
e invisibilizado por la falta de políticas publicas.
La esterilización forzosa es
considerada como un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra y un delito
grave de violencia sexual. Fue reconocido como crimen de guerra en el proceso
de Núremberg desarrollado entre 1945 y 1946 por iniciativa de las Naciones
Aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se
determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y
colaboradores del régimen nacional-socialista de Adolf Hitler.
Los elementos que caracterizan
la esterilización forzosa son:
§ 1.- Que el autor o autores
hayan privado a una o más personas de la capacidad biológica de reproducción de
manera irreversible.
§ 2.- Que dicha esterilización
no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o
víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento o se haya
conseguido el consentimiento mediante engaño.
La esterilización forzada
permanente se realiza con fines eugenésicos y de castigo con el fin de impedir
la reproducción de un segmento de la población que se considera portador de
rasgos defectuosos -retrasos mentales, delincuentes...-, o de un grupo social
definido por su raza, etnia, religión u otra característica que se desea
limitar o eliminar. También se considera esterilización forzada los programas
de anticoncepción no voluntaria o forzosa para el control de la natalidad.
En la historia de la humanidad
las esterilizaciones forzadas son aquellas que se han producido sin
consentimiento, ni justificación medica o clínica, con la intensión eugenésica
punitiva. Durante el periodo de 1990 -2000, ser pobre, mujer, indígena y
analfabeta en el Perú podrían ser penada con la esterilización punitiva. La
política de planificación familiar estuvo marcada de un alto contenido racista
y discriminatorio, en la percepción que las mujeres indígenas son sucias,
estúpidas y flojas, que solo saben "procrear más hijos", y más aun
muchas de ellas no sabían leer ni escribir. El firmar un documento legalmente
carecía de valor, cuando la persona firmante desconocía el contenido o que un
testigo diera fe del contenido que fue leído y la persona entendía el mismo.
Este dentro este conjunto de aspectos sociales, "legales" además de
la mala práctica clínica en que se desarrollaron las esterilizaciones sobre un
segmento social con caracteres étnicos y sociales específicos.
Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara,
MA. Sociology,
CASAC-T)
*Sociologo MA, CASAC-T
New York
*Sociologo MA, CASAC-T
New York
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