La reciente revelación de un documento que archivó el proceso penal contra Martín Vizcarra por el delito de negociación incompatible durante su gestión como gobernador de Moquegua ha sacudido el escenario de la justicia y la ética en el Perú. El programa periodístico dominical "Panorama" ha desenterrado un caso que pone de manifiesto la preocupante realidad de la impunidad política en el país.
La historia es la siguiente: Vizcarra, expresidente de Perú y exgobernador de Moquegua, fue acusado de permitir pagos indebidos sin supervisión a la represa Chirimayuni del distrito de Chojata durante su mandato regional. Sin embargo, gracias a la llamada 'Ley Soto', aprobada por el Congreso en mayo, evitó ser condenado a una pena de hasta seis años de prisión. Esta ley establece un plazo máximo de un año para la suspensión de la prescripción de un delito, lo que efectivamente lo salvará de enfrentar consecuencias legales.
El problema no radica únicamente en la existencia de esta ley, que algunos llaman controvertida, sino en la aparente tendencia de los políticos en el Perú a utilizar la impunidad como un escudo. Vizcarra, en lugar de demostrar su inocencia o aceptar la responsabilidad por sus acciones, utiliza las redes sociales para proclamar su "impunidad judicial" y se muestra disfrutando de la vida cotidiana, como si no hubiera cometido ninguna falta. Esto es una frente a la justicia y al pueblo peruano.
Pero Vizcarra no está solo en esta historia. Otro personaje clave en el caso Chirimayuni es su amigo César Ramos Zamora, quien cumple una condena de 8 años de cárcel desde mayo de 2022, antes de que la 'Ley Soto' entrara en vigencia. Esto plantea interrogantes sobre la aplicación selectiva de la ley y la existencia de un sistema de justicia que no parece funcionar de manera equitativa.
La gestión de Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua es también motivo de inquietud. Firmar un contrato por más de un millón de soles para la supervisión de obras en la represa Chirimayuni y luego descubrir que durante seis meses no se llevó a cabo ninguna supervisión es inaceptable. Esto plantea preguntas sobre la eficacia de la supervisión gubernamental y el uso adecuado de los recursos del Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades de turno deben tomar una postura firme sobre la 'Ley Soto' y su impacto en la acusación por el delito de negociación incompatible en la gestión de Martín Vizcarra. La voz de la provincia General Sánchez Cerro, que suelen levantarse en defensa de los intereses de la población, mediante comunicados y pronunciamientos que debe ser escuchada. ¿Se alzarán en protesta contra la prescripción y el archivo del proceso penal? Veremos ¿O permanecerán en silencio ante esta injusticia?
En última instancia, la triste realidad que se refleja en este caso es la falta de ciudadanos activos y comprometidos en la vigilancia de los recursos del Estado y en la lucha contra la corrupción de funcionarios. El Perú necesita un sistema de justicia transparente y equitativo, donde la impunidad no sea una opción. Es hora de que la sociedad exija rendición de cuentas y se levante contra la impunidad política que mina la confianza en las instituciones y debilita la democracia.
Foto: El Comercio
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