Nos
movemos con dificultad en ámbitos que van desde la seguridad alimentaria, la seguridad medio ambiental, la seguridad jurídica y otras, en la perspectiva de alcanzar
la ausencia de riesgo, lo que significa conseguir la confianza en algo o
alguien. Son variados los tipos de seguridad que anhelamos que, en su conjunto,
apuntan a disfrutar un estado de bienestar individual y colectivo como seres
humanos. Los peruanos figuramos como una de las sociedades con menor confianza interpersonal entre todos los
países de América y aparecemos entre los últimos a nivel
mundial de desconfianza. Nuestros problemas de inseguridad son graves en
distintas dimensiones.
Como se
sabe bien en la antropología social, la seguridad es una de las necesidades
básicas a satisfacer por el ser humano, definidas hace buen tiempo por
Bronisław Malinowski, y redefinidas posteriormente por diversos autores como
Manfred Max-Neef, quien nos plantea demandas de seguridad en temas como la
protección, la subsistencia, la participación, el entendimiento, la libertad,
la identidad y el afecto.
En
nuestro país los principales enfoques que encausan la búsqueda de la seguridad
son los de la gestión de riesgos (principalmente enfocado hacia la prevención)
y la seguridad ciudadana (en su dimensión de evitar la delincuencia y la
violencia urbana). Lamentablemente, el tema de la seguridad se ha concentrado
en atender más la dimensión policial que ocupa a distintas
autoridades de los distintos niveles del Estado, descuidando seriamente otras
como la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como
clamorosamente ocurre con las NBI de vivienda, de atención en servicios sanitarios, mala
educación básica y paupérrimos ingresos económicos mínimos.
El haber
invertido y confundido causas, condicionantes y consecuencias de orden
estructural y de orden situacional, nos ha llevado a construir un diagnóstico
equivocado de la realidad. Así, la problemática de la seguridad se reduce a un
tema de resguardo del orden público. En alianza tácita con el gobierno, los
medios de comunicación –que viven del amarillismo de las noticias– y muchos
alcaldes y otras autoridades sin formación ni capacidades para liderar sus
comunidades, se limitan a reducir el problema de la seguridad a un asunto
policial.
La
declaración de emergencia en dos distritos de Lima, a los que se suma Sullana
en el norte del país ha llevado a sacar a las calles a tropas militares para
patrullar zonas urbanas “que requieren pacificarse”, en un símil de un
escenario de guerra. Esa decisión equivocada del gobierno ha provocado que
muchas autoridades del país clamen hoy para que sus distritos y provincias
también sean declaradas en emergencia, como si las medidas adoptadas
constituyeran un bálsamo de paz. A eso se suma, sin mayor análisis, la
población de muchos distritos acicateada por sus miedos comprensibles,
exigiendo la presencia del ejército y que se aplique “mano dura” contra la
delincuencia. El ánimo general demanda seguridad sin importar que por ello se
pierdan libertades fundamentales, que las medidas restrictivas nos obliguen a
vivir en un permanente toque de queda patrullados por soldados preparados para
la guerra y no para el combate a la delincuencia para restablecer el orden
público y la tranquilidad.
Ante este
panorama urgen medidas sensatas, practicadas exitosamente en otros países, que
pasan por iniciar una profunda reforma de la institución policial que incluya
el sistema de formación de la Policía Nacional, su organización y
funcionamiento, el reemplazo de personal altamente corrupto y el
fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación.
En la
urgencia operativa, es claro que necesitamos agentes de inteligencia que
permitan golpear a quienes conducen las bandas que se han asentado en el país,
en todos los casos en complicidad con muchos malos policías. Tienen que
replantearse las estrategias de seguridad a partir de una lectura integral de
la realidad que vive nuestra sociedad, golpeada por una de las peores crisis de
la era republicana. Es pues así que la inteligencia policial tendría que ser la
primera en ser declarada en estado de emergencia.
Finalmente,
la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana, que ahora se aplica
mal a un ámbito urbano por el que transitan casi dos millones de personas en
Lima, es más de lo mismo que siempre hemos soportado. No existe un plan
orgánico bien estructurado, ajustado a cada realidad específica y eso explica
en parte por qué todos los operativos anteriores han fracasado
estruendosamente; éste no tiene por qué ser diferente con la mirada obtusa que
se aplica al tema de la seguridad ciudadana, personal y social.
desco Opina - Regional / 13
de octubre de 2023
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