Hace más de una década, las autoridades prometieron un futuro mejor para los pobladores de las partes altas de Paucarpata y bajas de Chiguata. Un proyecto integral de agua y desagüe, con un presupuesto millonario y la promesa de mejorar la calidad de vida de más de 73 mil personas, parecía ser la respuesta a años de olvido. Sin embargo, a día de hoy, los habitantes de los Pueblos Jóvenes siguen esperando, enfrentando una realidad que evidencia la indiferencia y la ineficiencia de nuestras instituciones.
Yo me pregunto: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, miles de familias sigan dependiendo de un suministro de agua entrecortado, en condiciones que vulneran su dignidad y su salud? Es inaceptable que las irregularidades administrativas y la falta de compromiso político sigan siendo las excusas recurrentes para justificar esta crisis.
El caso de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) La Bedoya es un claro ejemplo de cómo se priorizan los discursos sobre las acciones. Una obra de S/ 36 millones, diseñada para garantizar agua potable libre de contaminantes, permanece inutilizada debido a trámites legales sin resolver y a la negligencia de quienes deberían haber tomado decisiones oportunas. Mientras tanto, las 34 urbanizaciones continúan consumiendo agua contaminada, enfrentando riesgos de salud que las autoridades parecen ignorar.
No debemos olvidar que detrás de las cifras y los tecnicismos hay vidas. Familias que se levantan cada día con la incertidumbre de si podrán acceder al agua, un recurso esencial para vivir. Escuchar a los pobladores contar cómo deben racionar cada gota, mientras observan cómo la burocracia y la improvisación detienen el avance, es devastador. Esto no es solo una falta de gestión; es una violación a sus derechos más básicos.
Desde mi perspectiva, esta situación es un reflejo de un problema estructural más grande: la desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la población. Los discursos políticos abundan en promesas vacías, pero carecen de una visión a largo plazo que priorice el bienestar de las comunidades más vulnerables. El gobernador Rohel Sánchez, al igual que muchos antes que él, anunció con bombos y platillos un cronograma para la entrega del proyecto en marzo de 2023. Hoy, esa fecha no es más que otro número en una lista de incumplimientos.
La pregunta que surge inevitablemente es: ¿dónde están las responsabilidades? Sedapar, el Gobierno Regional de Arequipa, municipalidad de Paucarpata y la municipalidad de Chiguata se reparten culpas, pero nadie asume el liderazgo para resolver el problema de raíz. Las conexiones clandestinas y los conflictos legales sobre el terreno del reservorio R1 son obstáculos que podrían haberse prevenido con una planificación adecuada. Pero parece que la prevención y la transparencia son palabras ausentes en el vocabulario de nuestras autoridades.
Es frustrante ver cómo la ineficiencia perpetúa un ciclo de desigualdad y exclusión. El agua no puede seguir siendo un privilegio; debe ser un derecho garantizado para los pobladores.
A pesar de toda esta frustración, aún hay una oportunidad para enmendar el camino. Las negociaciones entre Sedapar, el GRA y las municipalidades deben centrarse en cumplir, de una vez por todas, con las expectativas de los pobladores. La entrega parcial del sistema, programada para marzo de 2025, no debe ser otro engaño. El tiempo de las promesas vacías ya pasó a la historia.
Finalmente, yo creo que esta crisis es un llamado de atención para todos. No solo para quienes ocupan cargos de poder, sino también para nosotros como ciudadanos. Debemos exigir más, alzar la voz y no permitir que la inercia política continúe decidiendo el destino de miles de personas. La lucha por el agua es una lucha por la dignidad, y es una que no podemos darnos el lujo de perder.
Foto: Andina
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