Es realmente desgarrante ver cómo, a lo largo de los años, los habitantes de Ubinas, afectados por la actividad del volcán de la misma zona, han sido relegados a un segundo plano por las autoridades que, a pesar de la existencia de normativas que los protegen, no han cumplido con su deber de reubicarlos adecuadamente. La situación sigue siendo la misma: el mismo dolor, el mismo sufrimiento, y la misma indiferencia. Y lo peor de todo es que esta tragedia, que comenzó hace casi dos décadas, sigue siendo ignorada por quienes tienen el poder de cambiar las cosas.
Recuerdo que en 2006, cuando la explosión del volcán San Pedro representó una amenaza de alto riesgo para los pobladores, las autoridades locales y regionales se comprometieron a actuar, a ofrecer una solución definitiva. La Ley N° 28756 promulgada durante el gobierno de Alejandro Toledo indicaba claramente que los damnificados deberían ser reubicados en Pampas de Jaguay, La Rinconada. Sin embargo, pasaron los años y poco se hizo para cumplir con esta ley. ¿Dónde estuvo el compromiso de quienes hoy ocupan cargos de poder? ¿Acaso no tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes del país y velar por el bienestar de su población?
Lo más preocupante es que las exautoridades y las actuales se han hecho los desentendidos, como si desconocieran o simplemente no les importara lo que les sucede a los damnificados. Las autoridades del Gobierno Regional de Moquegua, la Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro y la Municipalidad de Ubinas, parecen haber olvidado que, en su momento, asumieron la responsabilidad de velar por la vida y bienestar de los ciudadanos. Las declaraciones recientes de la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, dejan mucho que desear. En lugar de tomar acciones concretas para proteger a las familias afectadas, se limitó a trasladar la responsabilidad a la Procuraduría Pública, lo que denota una falta de liderazgo y empatía.
A lo largo de los años, muchos de los damnificados han mostrado documentos que acreditan su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el trato que han recibido ha sido injusto y, en muchos casos, cruel. La ciudadana Paula Alvarez, una de las afectadas, manifiesta un reflejo claro de frustración y el abandono que sienten los pobladores. "La acusación de Luis Concha, exalcalde de Ubinas, quien calificó a los pobladores de “invasores”, es absurda e irresponsable, sobre todo cuando él mismo estuvo presente en el traslado de los damnificados a Pampas de Jaguay", enfatizó Alvarez. ¿Cómo pueden llamar invasores a quienes, con la esperanza de sobrevivir, han sido trasladados por las propias autoridades? ¿por qué, a pesar de la evidencia documental que los damnificados han presentado, las autoridades siguen haciendo oídos sordos? ¿Por qué la gobernadora y los funcionarios responsables no toman una posición firme y buscan una solución real y efectiva para esta situación?
Lo más indignante es la complicidad que algunos actores del gobierno parecen mostrar. El fiscal de la Asociación de Damnificados de Ubinas, Antonio Rojas, ha señalado que tanto la gobernadora como el Proyecto Especial Pasto Grande están evadiendo sus responsabilidades, a pesar de que se han presentado documentos que prueban la posesión de los terrenos afectados. Esta actitud de desentenderse es lamentable, y más aún cuando las víctimas del volcán siguen luchando por su derecho a tener un lugar seguro donde vivir.
Es fundamental que, como sociedad, exijamos a las autoridades que se responsabilicen y que actúen de manera contundente para resolver esta crisis. Los damnificados no pueden seguir esperando una respuesta que nunca llega. La ley está de su lado, y es hora de que quienes tienen el poder en sus manos, cumplan con lo que la ley exige. Los habitantes de Ubinas merecen una respuesta clara, justa y rápida.
Para finalizar, este abandono por parte de las autoridades no solo es una traición a los damnificados, sino también una profunda herida para la justicia social. Las autoridades deben rendir cuentas por su inacción y dejar de lado la indiferencia que ha marcado el destino de miles de personas. La reubicación de los damnificados no debe ser una promesa vacía, sino una obligación que debe cumplirse sin más excusas. Es momento de hacer justicia por aquellos que han sido olvidados por un sistema que ha fallado en cada una de sus promesas. El pueblo de Ubinas no puede seguir esperando más.
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