La situación en Pataz, región La Libertad, es un claro reflejo de la falta de acción efectiva por parte del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal en el país. Cuando escuché que la presidenta Dina Boluarte anunciaba, entre otras medidas, la instalación de una base militar y el toque de queda para restablecer el orden en una región marcada por la violencia, me pregunté: ¿es esto suficiente para frenar una crisis que lleva años gestándose? Y más importante aún, ¿es esta realmente la solución a un problema tan complejo?
El asesinato de trece mineros, víctimas de bandas terroristas vinculadas a la minería ilegal, no es un hecho aislado. Este homicidio es solo una manifestación extrema de una situación que se venía denunciando desde hace tiempo. Las alertas habían sido dadas semanas antes, pero las autoridades, como si estuvieran atrapadas en un juego de palabras y promesas vacías, restaron importancia a lo que, en su momento, fue considerado “una exageración”. La tardanza en reaccionar, en un contexto de creciente violencia, solo expone la inacción del gobierno y el desdén hacia una población que, desde hace años, ha estado viviendo bajo la amenaza constante de estos grupos criminales.
Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Pataz, hay que reconocer que la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de ingresos para muchos en la región, pero también en un caldo de cultivo para el crimen organizado. Aquí no solo se trata de actividades ilegales; la minería ilegal está fuertemente vinculada a la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la destrucción ambiental. Sin un control real del Estado, estos grupos siguen ganando terreno, mientras que las autoridades, lejos de tomar medidas contundentes, parecen estar más preocupadas por las repercusiones políticas de sus decisiones que por solucionar el problema en sí.
Las declaraciones de la presidenta Boluarte sobre las medidas tomadas, incluyendo el toque de queda, son, como mínimo, insuficientes. ¿Cómo se puede pensar que el toque de queda va a detener el accionar de bandas armadas que, durante años, han operado con total impunidad en el territorio? La militarización de la zona, aunque pueda parecer una medida de fuerza ante una crisis tan grave, no garantiza que los problemas subyacentes, como la corrupción o el control de los recursos naturales, vayan a ser abordados de manera efectiva. Es un parche temporal ante una herida que requiere una cirugía profunda.
El gobierno no puede seguir ignorando que Pataz no es un caso aislado. Como se menciona en varios editoriales, la minería ilegal está consolidándose como la principal economía ilícita en el país, superando incluso al narcotráfico. Esto no solo tiene implicancias para la seguridad en el territorio, sino también para el futuro de nuestras instituciones, que ven cómo la corrupción y la violencia se expanden a gran velocidad. ¿Realmente vamos a seguir tolerando que regiones enteras caigan bajo el control de bandas terroristas sin que el Estado intervenga con firmeza?
La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué esperar tanto para actuar? Si el gobierno hubiese sido proactivo, no habríamos llegado a este punto de desesperación. El Ministro de Defensa y la propia presidenta Boluarte deberían haber tomado acciones decisivas antes de que la violencia se desbordara. Pero en lugar de eso, lo que hemos visto es una reacción tardía, descoordinada y sin una estrategia clara. El gobierno ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de proteger a los trabajadores que, a pesar de las condiciones extremas, siguen en la minería legal.
A mí me preocupa, y con razón, que el uso de la fuerza militar, por más que sea necesario en algunos momentos, no esté acompañado de un plan de desarrollo y justicia real. Si no se atacan las raíces del problema, como la falta de acceso a la educación, el empleo digno y el control de la minería ilegal, la violencia se mantendrá, y Pataz seguirá siendo un territorio de caos.
Finalmente, es urgente que el gobierno actúe con responsabilidad y enfoque estratégico en la lucha contra la minería ilegal y la violencia en el país. Medidas como la militarización y el toque de queda son solo temporales y no resolverán el problema de fondo. Es hora de que el Estado recupere el control de las regiones perdidas, implemente políticas públicas efectivas y erradique la corrupción que alimenta estos grupos terroristas. Sin una respuesta integral y decidida, el futuro de zonas como Pataz sigue siendo incierto y peligroso.
Foto: Infobae
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