Por Rocío Ferrel
La
ministra de Educación Patricia Salas acudió al Congreso, donde fue citada por
los escándalos del incendio, los contratos de sentenciados por terrorismo y el
contenido de los textos escolares. Durante su exposición esgrimió argumentos
pueriles buscando escapar de su responsabilidad para culpar al gobierno
anterior (que inepto sí fue), pero sin parecer darse cuenta de que ya
lleva unos ocho meses en su cargo, donde podría haber enfrentado con
éxito esos graves problemas.
Como
veremos, la ministra parece menos vivaz y activa que la momia Juanita.
Incendio y distribución de
libros
Sobre
el incendio del depósito que quemó libros y computadoras, trató de disimular la
falta de entrega de los materiales, pese a haberse iniciado el año escolar,
diciendo que el gobierno anterior mantenía un atraso de 160 días en estos
procesos administrativos conducentes a la distribución.
Pero
una persona eficiente hubiese realizado un cálculo de la logística disponible y
habría llegado a la conclusión de que al ritmo en que se trabaja no se lograría
la meta de entregar el material antes del inicio de clases.
Por
tanto, si se trataba de falta de recursos, la ministra debió pedir ayuda al
Poder Ejecutivo, que habría destinado sus recursos, como camiones y aviones del
ejército para cumplir con algo que debe considerarse urgente: que los niños y
maestros comiencen el año con sus materiales.
En
cambio, la ministra se contentó con los recursos y lentitud de su sector sin
pedir ayuda. En lugar de usarse para los niños, por ejemplo hemos visto que el
gobierno usó sus aviones para transportar a chilenos varados por el cierre de
fronteras por Chile (ver El colmo: Chile es
responsable de las minas y el Perú gasta en traslado de chilenos).
Así, el transporte de chilenos de Tacna a Chile fue tratado por el gobierno
(por inacción de Salas) como una tarea más urgente y de mayor importancia que
la distribución oportuna de los materiales de los niños de los lugares más
alejados del país, que son los que más sufren la postergación.
Sobre
la negligencia de mantener un almacén con millones en materiales sin la debida
vigilancia no dio explicaciones coherentes, pese a que se le recordó que hay un
agravante, dos incendios recientes en almacenes de su sector, que obligaban a
redoblar las inspecciones y acciones del caso. De otro lado, la póliza de
seguro al parecer fue contratada por un valor que no cubrirá la pérdida, pues
no hay cifras exactas.
Se
sospecha que la mafia aprista estaría detrás del incendio y desaparición de
materiales. Teniendo poder y conociendo la mancha de corrupción del gobierno
anterior, la ministra debió retirar de cargos claves a los anteriores
funcionarios para colocar a personal capaz y de su confianza. Pero cediendo a
las presiones de la prensa no sólo Salas, sino el gobierno, se precia de
no retirar de sus puestos a quienes manejaron evidentemente mal el aparato
estatal desde cargos decisivos.
Profesores sentenciados por
terrorismo
La
ministra minimizó la presencia de profesores con antecedentes por terrorismo y
ofreció sólo anuncios de acciones que está emprendiendo tardíamente. Lució su
proverbial estrechez mental al decir que no sólo está considerando a
sentenciados por terrorismo, sino a los condenados por delitos sexuales.
Esto
quiere decir que haber perpetrado todo otro delito da carta blanca para
ingresar al magisterio. En esta lógica podríamos tener condenados por
secuestro, asalto, estafa, homicidio y otros, cuando todo delincuente
sentenciado debería estar inmediatamente descalificado para ser profesor de
menores. ¿Cómo un ratero enseñaría sobre honradez y valores? Además, todos
sabemos que los sentenciados aprenden muchas aberraciones más en las cárceles.
Contenido peligroso de los
textos escolares
Trató
de evadir su culpa diciendo que la ley no le da facultades claras para decidir
los contenidos de los libros escolares en instituciones privadas. Pero todos
sabemos que la ministra fue incapaz de nombrar una oportuna comisión calificada
que revise contenidos y esperó que los escándalos salten a la prensa.
En
el hipotético caso de que la ley le hubiese negado prohibir contenidos
negativos en los textos escolares en colegios privados, ¿acaso no podría haber
denunciado estos contenidos a la prensa? ¿No podía haber cursado cartas a
todos los colegios privados alertando sobre estos contenidos y solicitando se
impida su uso? Con o sin ley todos los padres de familia, la ciudadanía y la
prensa la hubiesen aplaudido.
No
hay ninguna prohibición, continúan circulando libros con contenidos
proterroristas, además de otros que deforman nuestra historia, como los
denunciados por el general Roberto Chiabra sobre la guerra en el Cenepa y sobre
la historia de la guerra de rapiña que Chile emprendió contra el Perú en 1879
(ver ¡Infamia contra escolares al descubierto! y ¡Lavado cerebral a escolares promovido por
Ministerio de Educación!).
Pese
a todo, Salas recibió en el hemiciclo la adulación de diversos congresistas
oficialistas.
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Foto: elcomercio.pe
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