LA CAPILLA: CON ASESOR EX TERRORISTA, NEPOTISMO Y SERVIDORES FANTASMAS

Por. Carlos Herrera
 
Cuestionamientos. Este distrito moqueguano es una suerte de tierra de nadie. El alcalde no solo nunca está en su asiento edil. Contrató a familiares en 2007 y lo denunciaron por nepotismo. No se le ocurrió mejor idea que incorporar trabajadores fantasmas para que cobren por ellos. Y para ponerle la cereza al pastel, el hombre de confianza de autoridad estuvo preso.
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La Capilla es un distrito de la provincia moqueguana de General Sánchez Cerro, que interactúa más con Arequipa que con su capital departamental. Desde la Ciudad Blanca, el viaje  dura cuatro horas y media, en cambio a Moquegua los carros demorarían el doble de tiempo. Por eso no hay transporte interprovincial. Desde Arequipa, los buses llegan tres veces a la semana por una trocha polvorienta.
El pueblo no tiene más de mil habitantes. Los más jóvenes emigran a la Ciudad Blanca en busca de oportunidades para estudiar y trabajar. Las únicas posibilidades de empleo  están en el agro.
Del bus que nos trajo esta tarde no descienden más de ocho pasajeros. En el pueblo todos se conocen, por eso nos miran con recelo, somos extraños.  No hay hospedajes ni dónde comer.
La misión es clara. Saber más de las denuncias de corrupción que implican al alcalde Renato Olín Apaza. Lo acusan, entre otras cosas, de contratar trabajadores fantasmas (no laboran en obras, pero cobran), de tener asesores con requisitorias por terrorismo y que purgaron prisión por este delito, además que contrata a sus familiares en diferentes obras de la comuna.
 
PUEBLO EN ABANDONO 
Las calles de La Capilla por lo general son silenciosas. El único bullicio lo provoca un altoparlante del local municipal. Aquí no existe una comisaría, solo un puesto de seguridad que funciona en la casa de un poblador. De igual  forma, la gobernación es la casa de la ocasional autoridad.
El único edificio de cuatro pisos en La Capilla pertenece al  municipio distrital. No está el alcalde Renato Olín Apaza. Según personal de confianza, Olín no es un burgomaestre de escritorio, está siempre en el campo inspeccionando obras. El enorme edificio confirma que la comuna no la pasa tan mal en fondos. Dispone de un presupuesto anual de S/. 10 millones, la mayoría proviene del canon minero. Los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalan que la mayoría de estos recursos se invierten en obras como mejora de vías, construcción de reservorios, mejora del sistema de riego, arreglo de parques y plazas. Hay un avance del 70% de ejecución. Sin embargo, estas obras no son percibidas por los pobladores. En anexos como Hembruna y Calihuayo, el principal problema es el agua potable, también carecen de vías de acceso. Renato Olín cumple su segundo periodo al frente de la entidad municipal.  En su primer periodo, Rudy Murillo, regidor que ingresó con él al municipio, lo denunció constantemente. Incluso pidió su vacancia por nepotismo. En 2007 incorporó a la planilla a su padre Luis Olín Cabrera y sus hermanos Juan y Jesús Olín Apaza, en la obra “Mejoramiento de la carretera La Capilla y Anexos”. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, las autoridades están impedidas de contratar familiares directos.
La solicitud de vacancia contra la autoridad no prosperó pese a las pruebas. Rudy Murillo señala que cuestionar al alcalde le valió ser expulsado por  sus adeptos. Lo obligaron a subirse  en un burro y lo declararon persona no grata.
 
SÍ CONTRATÓ FAMILIARES 
A tres años de la denuncia, La República obtuvo la confesión de personas que aceptan que el alcalde contrató trabajadores “fantasmas” y a sus familiares. Uno de ellos es Miguel Ángel Huayta Apaza, éste en confesión grabada y en una declaración jurada notarial, aceptó que cobró sueldo como trabajador de una obra en esta comuna sin laborar. Indica que lo hizo a pedido de su amigo Víctor Peñaloza Ope, a quien conoció en el penal de Socabaya. En total se contabilizó a once fantasmas. Este diario buscó a Peñaloza, quien se desempeña como jefe de Recursos Humanos. Se le preguntó  por qué hizo este pedido a Huayta Apaza. El jefe de Recursos Humanos confirmó la contratación de los familiares. Manifestó que hubo un error, no sabían que el nepotismo alcanzaba a los trabajadores de obras. “Los familiares del alcalde son pobres, que necesitan trabajo. Cuando el regidor Murillo denunció el nepotismo, se suspendió la contratación. Por eso se les pidió que se buscarán personas que cobren en su lugar”.  Una manera muy sugerente de violar la ley, que otros cobren por los familiares.
 ASESOR UN EX TORRISTA 
Víctor Peñaloza Ope es uno de los principales hombres de confianza del alcalde Olín. Trabaja con él desde el inicio de su primer periodo. Señala que si hubo errores en la gestión ya se corrigieron. Atribuye las denuncias a enemigos políticos. 
Cuando se le pregunta a Peñaloza de su pasado, y de la condena por terrorismo que tuvo y los antecedentes que aún arrastra por delitos similares, Víctor Peñaloza explica que sí es cierto que estuvo 12 años en prisión por terrorismo. Dijo que él era inocente, que en 1988 solo cometió el error de pasar por una zona donde ocurrió un atentado y fue recluido. “Era estudiante de Educación en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) y me condenaron, era inocente”.
Indica que esa condena no lo puede estigmatizar toda su vida. Tiene una requisitoria por terrorismo, pero lo atribuye a un error. “Me quieren procesar por atentados ocurridos en Puno, en ese entonces yo estaba preso".
Peñaloza niega que este pueblo sea tierra de nadie, donde solo gobierne la autoridad, explica que todos son libres de criticar o no al alcalde. “Usted pregunte y le dirán lo que piensan”.
 Alcalde de La Capilla no responde a acusaciones en su contra
A Renato Olín también se le inició en su primer periodo una investigación penal por delito contra la Administración Pública. Según la acusación fiscal, Olín no tramitó en su momento un pedido de vacancia por la contratación de su padre y hermano en la comuna de La Capilla. Este proceso ha llegado a su fin este año con dos sentencias que le confirman una pena suspendida de un año de prisión y el pago de una reparación civil de 2 mil soles. El caso actualmente se encuentra impugnado en la ciudad de Lima.
La República trató de comunicarse con la autoridad en reiteradas ocasiones, se solicitó una entrevista con el alcalde en su despacho, pero su secretaria dijo en la primera oportunidad que se fue a un aniversario y que vengamos al día siguiente. Al regresar el segundo día, la servidora volvió a excusar a la autoridad indicando que éste estaba en un anexo lejano. Posteriormente este medio se comunicó vía celular, empero no respondió. Desde Arequipa nos comunicamos al fijo del municipio en reiteradas oportunidades. Nunca hubo respuesta.
Fuente: Diario la Republica

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