En un acto de unidad y determinación, las autoridades de Moquegua se reunieron bajo el liderazgo de la gobernadora Gilia Gutiérrez para exigir un cambio trascendental en la legislación peruana. En la reciente reunión en las instalaciones del Gobierno Regional, se suscribió un memorial que insta a los congresistas por Moquegua a tomar medidas concretas para derogar la Ley N° 31876.
La Ley N° 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, ha despertado preocupación y descontento en Moquegua. Las autoridades regionales y locales argumentan que esta ley amenaza la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos regionales y municipales en asuntos de su competencia. Esta preocupación es legítima, ya que va en contra de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece la autonomía de estas entidades en la ejecución de obras.
El llamado a los congresistas Jorge Samuel Coayla Juárez y Víctor Raúl Cutipa Ccama es claro: expresan y sustentan su posición a favor de la derogatoria de esta ley perjudicial. Se argumenta que la Ley N° 31876 obstaculiza la generación de empleo, la reactivación económica y la atención inmediata a las necesidades de la población. Es un asunto que afecta directamente a Moquegua y sus habitantes.
Además, las autoridades de Moquegua no están solas en esta lucha. Hacen un llamado a sus pares de todo el país, invitándolos a unirse en una reunión el jueves 5 de octubre de 2023 en el Congreso de la República. En esta reunión, se exigirá la derogatoria de la Ley N° 31876, demostrando que este es un asunto que va más allá de las fronteras regionales.
En resumen, la unidad de Moquegua para proteger su autonomía es un ejemplo de empoderamiento regional en la democracia peruana. La derogación de la Ley N° 31876 es un imperativo democrático que debe ser abordado con seriedad por los congresistas y que merece la atención de toda la nación. Es un llamado de que la voz de las regiones debe ser escuchada y respetada en el ámbito legislativo para garantizar un sistema político verdaderamente democrático y descentralizado.
Foto: MP
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