Según
la legislación peruana, el aborto provocado está penalizado, sin embargo, desde
1924 existe el derecho legal al aborto terapéutico cuya guía de aplicación
recién fue aprobada en el 2014, guía médica que establece los parámetros para
su aplicación y en donde, lamentablemente, no se consideran los casos de
violación, ni mucho menos se establece diferenciación por la edad de la
gestante, a pesar de que los riesgos en la salud para una madre niña o
adolescente, aumentan conforme avanza la gestación debido a que ni física ni
psicológicamente están preparadas para enfrentar este estado, más aún si es
consecuencia de una violación sexual. Cabe resaltar que la principal causa
indirecta de mortalidad materna de adolescentes es el suicidio (10%). A pesar
de todos los riesgos físicos y sicológicos,
la Norma Técnica para Servicios Diferenciados de Salud para Adolescentes no
alude al aborto terapéutico y no se entiende el por qué, habiendo muchos
antecedentes fatales.
En
2017, una adolescente de 13 años falleció al dar a luz y
haber entrado posteriormente en coma en un hospital de Ica. La Superintendencia
Nacional de Salud (Susalud) investigó lo ocurrido, pero nunca se hizo público
un informe. A las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó el 2001 y
2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que afectaba de
manera grave su salud física y mental. L.C. fue víctima de violación de la que
quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio arrojándose desde
un edificio, hecho que le produjo una paraplejía. K.L. quedó embarazada a los
17 años, pero una ecografía mostró que el feto tenía condición anencefálica y
ante ello solicitó interrumpir su embarazo; sin embargo, se le negó esa
posibilidad, dando a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Estos
hechos causaron que la joven se sumiera en un estado de profunda depresión.
Debemos
resaltar que Perú fue condenado por comités internacionales a pagar
reparaciones civiles por vulnerar los derechos sexuales y
reproductivos de ambas adolescentes. El caso de Camila no es
distinto a los anteriores. Una niña indígena apurimeña de 13 años víctima de
violación e incesto a quien se le negó el derecho al aborto terapéutico, y
luego de tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por el delito de
autoaborto. Hace pocos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber
violado los derechos a la salud y a la vida de Camila por no brindarle el
acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los
Derechos del Niño de la ONU.
Otro
caso lamentable es el de una menor de 9 años de Pucallpa. Ella llegó a un
centro de salud por un embarazo y el médico no le ofreció información sobre
cómo acceder a un aborto terapéutico ni se activó una actuación conjunta con la
policía para denunciar al agresor; no fue hasta que el gobernador se enteró que
se realizó la intervención como correspondía. Las cifras muestran que entre
2003 y 2022 solo dos niñas de 11 años o menos lograron acceder al aborto
terapéutico en los hospitales del MINSA, esto a causa de la negativa de las
autoridades y el temor de las víctimas y sus familiares a la criminalización
por la decisión tomada. Solo entre 2012 y 2022, según los datos del Sistema de
Registro del Certificado de Nacido Vivo, 68 niñas de 10 años o menos fueron
forzadas a ser madres en el Perú.
En
nuestro quehacer cotidiano en los distritos y comunidades de selva central, hemos sido testigos de
muchos casos como el de Mila que no alcanzan justicia y que posiblemente se
vean expuestas a recurrir a riesgosos canales clandestinos de interrupción de
embarazos no deseados. Recientemente, hacia inicios de setiembre, tres nuevos casos de embarazo de niñas de
11 años debido a violación se presentaron en Ilo, Tingo María y Huaraz, siendo
el último el más grave ya que la menor tuvo que ser trasladada a Lima para para
ser evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).
El
desenlace del caso Mila, quien logró acceder a un aborto legal y seguro, ha
despertado reacciones de sectores conservadores y religiosos,
quienes ponen en segundo plano los derechos de las adolescentes víctimas,
olvidándose que en el Perú, cualquier relación sexual con una menor de 14 años
es considerada una violación; por lo tanto, todos los embarazos de niñas y
adolescentes menores de 14 años son producto de violaciones
sexuales. Vivimos en una sociedad en la que, tristemente, se ha naturalizado el
hecho de que una niña tan pequeña sea sujeta a una maternidad forzada. El
derecho a la vida posiblemente sea difícil de ser cuestionado, pero bajo esa
premisa de moralidad no se puede condenar a sufrimientos o a la muerte a
personas inocentes, por causa de un Estado que no tiene la voluntad para
reconocer el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. La justicia
no puede ser catalogada de moral o inmoral, sólo tiene que ser justa.
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– Regional / 29 de setiembre del 2023
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