En la región de Arequipa, la Contraloría Regional ha destapado un oscuro capítulo de ineficiencia y corrupción que ha dejado un amargo sabor en los bolsillos de los ciudadanos. Los hallazgos recientes revelan un perjuicio económico al Estado peruano de aproximadamente 20 millones de soles hasta septiembre de 2023. Este preocupante panorama no solo evidencia una gestión deficiente de los recursos públicos, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
En su valiente exposición, el Gerente Regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, puso al descubierto la implicación de 133 funcionarios públicos en estos lamentables sucesos. Entre ellos, 43 enfrentarían responsabilidad penal, 67 cargan con presunta responsabilidad civil, 24 están sujetos a procesos administrativos sancionadores de la Contraloría y otros 70 enfrentan responsabilidad administrativa dentro de sus instituciones. Esta extensa lista de implicados no hace más que subrayar la gravedad de la situación.
Los informes de control emitidos hasta el 29 de septiembre arrojaron luz sobre diversas áreas problemáticas. Uno de los casos más emblemáticos fue el perjuicio económico de 684 mil soles en el proyecto de mejoramiento vial en la avenida Progreso, en el distrito de Miraflores. Aquí, la falta de aplicación de penalidades a la contratista por retrasos injustificados y suspensiones innecesarias demostró una clara negligencia en la supervisión de proyectos públicos.
Además, la elaboración defectuosa del expediente técnico de la carretera Chala - Mollehuaca, en la provincia de Caravelí, causó un perjuicio económico adicional de 915 mil soles al Gobierno Regional de Arequipa. Esta incoherencia en la planificación de proyectos es una afrenta a la confianza que los ciudadanos depositan en sus autoridades regionales.
Sin embargo, la situación no termina aquí. La Contraloría Regional continúa investigando otros proyectos y áreas de preocupación, como la implementación de la ciclovía, la situación de 94 centros de salud, y la ejecución del proyecto de Los Bomberos, entre otros. La sombra de la corrupción parece extenderse a muchas esquinas de la administración pública.
En este contexto, es necesario que los ciudadanos de Arequipa y el Perú en su conjunto exijamos transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Los funcionarios públicos deben ser guardianes celosos de los recursos de la nación, y cualquier acto de corrupción debe ser castigado con todo el peso de la ley. La Contraloría Regional de Arequipa ha hecho su parte al exponer estas irregularidades, pero la verdadera reforma descansa en la voluntad del pueblo y sus líderes de crear un sistema más transparente y justo.
Arequipa se encuentra en una encrucijada, y es el momento de demostrar que la integridad y la responsabilidad son los pilares de una sociedad democrática y justa.
Foto: Diario Correo
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