La gestión eficiente y productiva en cualquier ámbito es trascendental para lograr resultados significativos. Esto es especialmente cierto en la esfera política y legislativa, donde la toma de decisiones y la promulgación de leyes y regulaciones juegan un papel vital en la mejora de la calidad de vida de la población. Sin embargo, una reciente nota de prensa de Moquegua revela una situación alarmante en el Consejo Regional de Moquegua: la falta de producción legislativa.
Abraham Ponce Sosa, asesor de la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, ha declarado al medio de comunicación regional que en los últimos diez meses, el Consejo Regional de Moquegua ha aprobado solo 15 ordenanzas, todas elaboradas por el ejecutivo regional, como lo estipula la normativa vigente. Esta situación plantea una pregunta esencial: ¿Qué están haciendo los consejeros regionales en sus puestos? ¿Cómo justifican sus dietas mensuales si no están produciendo ordenanzas en beneficio de la región y sus comunidades?
La ausencia de iniciativas legislativas en un período tan largo es preocupante. Los consejeros regionales tienen la responsabilidad de controlar la gestión de la gobernadora y supervisar la conducta pública de los funcionarios y funcionarias regionales. También deben controlar los actos de los órganos de dirección y administración del gobierno regional, así como llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de interés público. Sin embargo, parece que estas responsabilidades están siendo pasadas por alto.
La crítica de Ponce Sosa hacia el consejero de oposición Alonso Quispe Romero plantea preguntas adicionales sobre la eficacia y el compromiso de los consejeros. Señala que los cuestionamientos de Quispe son meramente políticos y no se traducen en acciones concretas para el beneficio de la región. Esta observación levanta una preocupación válida sobre si los consejeros regionales están realmente trabajando en el interés de sus electores o simplemente desempeñan un papel mediático.
Desde ésta columna planteo una sugerencia: vincular la compensación de los consejeros regionales a su producción legislativa. En el sector privado, aquellos que no cumplen con sus objetivos suelen enfrentar consecuencias directas. La idea de que los consejeros solo reciban sus dietas de acuerdo a la producción de iniciativas normativas, ordenanzas regionales y acuerdos para resolver los problemas regionales es un enfoque que merece una consideración seria.
Es esencial que los consejeros regionales rindan cuentas a sus electores. Esto no debería ser una mera formalidad, sino una obligación constante de informar sobre sus acciones y logros trimestralmente. Si se les encomienda la tarea de representar y legislar en nombre de sus provincias, deben estar comprometidos con un trabajo productivo y transparente.
No obstante, culpar únicamente a los consejeros regionales sería insuficiente. La ley orgánica de gobiernos regionales también juega un papel en esta situación. Si bien es importante tener regulaciones y procesos, es igualmente vital que estos no se conviertan en obstáculos burocráticos que frenen el desarrollo de la región.
En conclusión, es innegable que los consejeros regionales de Moquegua enfrentan un problema de falta de producción normativa. Este problema no solo cuestiona su eficacia y compromiso, sino también la necesidad de una revisión de las regulaciones que rigen su desempeño. Las comunidades y la región merecen representantes comprometidos y productivos que trabajen en su beneficio y es hora de que se tome acción para lograrlo.
Foto referencial: Radio Uno
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