Por Ubaldo Alvarez A ||
En medio de la asombrosa belleza natural que caracteriza a la provincia General Sánchez Cerro, hay comunidades enteras que viven al borde del peligro, luchando día a día contra amenazas que van más allá de su control. Uno de esos casos que ha capturado mi atención recientemente es el drama humano que se desarrolla en la comunidad de Tonohaya, ubicada en el distrito de Ubinas. El volcán Ubinas y los deslizamientos de tierra han forzado a esta comunidad a buscar nuevas tierras para su reasentamiento en las Pampas de Jaguay. Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso de salvaguardia se ha convertido en una lucha desesperada contra invasores y autoridades negligentes.
Nicolás Vari, el presidente del Frente de Defensa de Tonohaya en la reciente entrevista para radio Sol de Moquegua, ha levantado la voz para denunciar una serie de problemas que han obstaculizado el proceso de reasentamiento. Señala con dedo acusador a exgobernadores regionales, incluyendo a figuras como Martín Vizcarra, Jaime Rodríguez, y Zenón Cueva, así como a funcionarios del GORE. ¿Cómo es posible que aquellos a quienes se les confió la seguridad y el bienestar de la comunidad sean señalados como responsables de sus penurias?
La falta de transparencia en el manejo de los documentos relacionados con el reasentamiento es inquietante. Vari menciona que existían más de 500 folios de expedientes en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente hasta el año 2018, pero cuando la comunidad los solicitó, solo recibieron 98 folios. Este desfase en la documentación genera sospechas y plantea interrogantes sobre la integridad del proceso.
Lo más alarmante es la acusación de Vari sobre la fabricación de documentos falsos con la complicidad de un juez de paz y un funcionario del gobierno regional. ¿Cómo es posible que individuos en posiciones de poder colaboren con tales actos fraudulentos, poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de una comunidad vulnerable? Esta revelación no solo mancha la reputación de aquellos involucrados sino que también desencadena una crisis de confianza en el sistema que debería proteger a los ciudadanos.
La implicación de figuras políticas prominentes, como el expresidente Martín Vizcarra y el congresista Samuel Coayla, añade otra capa de complejidad a la situación. Vari acusa a Vizcarra de dar resoluciones para la formalización de terrenos invadidos durante su presidencia, y señala la presentación de un proyecto de ley por parte del congresista Coayla que favorecería a los invasores. Esto plantea una pregunta incómoda sobre la integridad y la ética de nuestros líderes políticos, quienes deberían estar trabajando en beneficio de la comunidad en lugar de comprometer su seguridad.
Aunque en 2020 se retomaron las gestiones de reasentamiento en Tassa, hasta la fecha los resultados son nulos. ¿Cuánto tiempo más deben soportar los comuneros de Tassa esta situación insostenible? ¿Cuándo se tomará en serio la seguridad y el bienestar de estos habitantes? Estas preguntas exigen respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades involucradas.
Es desconcertante recordar que, en 2006, el presidente Alejandro Toledo declaró la emergencia y reubicación de la población afectada por la actividad del volcán Ubinas mediante la Ley N° 28756. ¿Por qué las autoridades de ese momento no actuaron a favor de los damnificados? Esta pregunta sigue resonando hoy, ya que las comunidades afectadas luchan contra invasores y la negligencia gubernamental.
El reasentamiento poblacional definitivo de Ubinas a las Pampas de Jaguay Rinconada se presenta como una medida y necesaria para salvaguardar la vida y el futuro de los ciudadanos afectados por este desastre natural. La solidaridad y colaboración de todos serán clave para el éxito de este proceso y para enfrentar los desafíos que implica este cambio en la vida de los pobladores.
Finalmente, en medio de acusaciones, documentos falsificados, abandono de las comunidades y la falta de acción gubernamental, la comunidad de Tonohaya y otras afectadas por la actividad del volcán Ubinas y deslizamiento, claman por ayuda y justicia. La seguridad y el bienestar de estos ciudadanos deben ser prioridades innegociables para nuestras autoridades.
La lección que deberíamos haber aprendido en 2023 es que la inacción tiene consecuencias devastadoras. El reasentamiento definitivo es la única salida para estas comunidades, y es decisivo que las autoridades actúen de manera rápida y efectiva. La historia nos juzgará por nuestras acciones o la falta de ellas, en este momento crucial.
El llamado es claro: basta de promesas vacías, basta de documentos falsos, basta de negligencia. Es hora de actuar, de proteger a nuestras comunidades y de asegurar un futuro seguro para todos. La solidaridad y la colaboración deben prevalecer para superar los desafíos que se avecinan. No podemos permitir que la tragedia de Ubinas se repita por la falta de responsabilidad y compromiso de nuestras autoridades. El tiempo de actuar es ahora, por el bien de Tonohaya, Tassa en el distrito de Ubinas y Amata en el distrito de Coalaque.
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