Por Ubaldo Alvarez A ||
Hay cifras que no solo informan, incomodan. Cifras que, cuando uno las mira con atención, revelan más que una simple ejecución presupuestal: muestran prioridades políticas, estilos de gestión y sobre todo, decisiones que afectan directamente la vida de la gente. Hoy quiero detenerme en unas cifras que, sinceramente, me generan más preguntas que tranquilidad.
Según la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto en personal y obligaciones sociales pasó de S/ 289 millones en 2023 a S/ 442 millones en 2025. En apenas tres años, el incremento bordea el 53 %. Hasta aquí, alguien podría decir: “Bueno, el Estado crece, hay más servicios”. El problema aparece cuando cruzamos esos números con otro dato clave: la inversión pública.
En 2025, mientras el Gobierno Regional destinó S/ 442 millones a planillas, solo invirtió S/ 286 millones en obras. Es decir, se gastó S/ 156 millones más en pagar sueldos que en construir, mejorar o invertir. Y aquí es donde yo me detengo y me pregunto: ¿Para qué quiere más trabajadores un Estado que no ejecuta más obras? ¿A quién sirve realmente este crecimiento del gasto corriente?
No se trata de estar en contra del trabajador público. Sería absurdo y hasta injusto. El problema no es el trabajador, es el modelo. Un modelo que parece apostar por una administración cada vez más pesada, más burocrática y menos orientada a resultados concretos. Cuando el gasto en personal supera sistemáticamente al gasto en inversión, algo está funcionando mal.
Las cifras lo confirman año tras año.
En 2023, la diferencia entre planillas e inversión fue de S/ 78 millones.
En 2024, subió a S/ 135 millones.
Y en 2025 alcanzó los S/ 156 millones.
La tendencia es clara y preocupante. El Estado se infla por dentro mientras la región espera afuera.
Más inquietante aún es el anuncio de que, para 2026, se tendrá que fiscalizar la productividad de los locadores de servicios. Y aquí surge otra pregunta incómoda: ¿Por qué recién ahora? ¿No se suponía que desde 2019 ya existían advertencias claras para evitar la desnaturalización de contratos y futuras demandas laborales?
El fantasma de Pasto Grande vuelve a aparecer. Una institución atrapada en procesos judiciales por reposiciones laborales que hoy cuestan caro al Estado. Repetir ese escenario no sería solo irresponsable, sería negligente. Más aún cuando ya se advierte que al menos 15 trabajadores podrían demandar estabilidad laboral.
Me preocupa, además, el manejo poco transparente de algunas contrataciones. Ingresos en enero, cuando lo regular es febrero. Nombres específicos, oficinas sensibles como Recursos Humanos, y un entorno cercano a la gobernadora Gilia Gutiérrez. ¿Casualidad? ¿Desorden administrativo? ¿O una práctica que se normalizó peligrosamente?
Y mientras tanto, persiste una desigualdad que casi nadie quiere discutir: la distribución del empleo regional. Las provincias de Mariscal Nieto e Ilo concentran la mayor parte de los puestos, mientras Sánchez Cerro sigue relegada. Recuerdo claramente que ya en 2016 se hablaba de que ni el 10 % de los trabajadores del gobierno regional provenían de esa provincia. Han pasado los años y la brecha sigue ahí, intacta.
¿Ese es el desarrollo que queremos? ¿Un Estado que gasta más en sí mismo que en su gente?
Finalmente, como ciudadano y como observador crítico de la gestión pública, creo que no podemos normalizar que el gasto en planillas crezca sin control mientras la inversión se queda atrás. Las cifras no mienten y las advertencias tampoco. Fiscalizar no es perseguir, es proteger el dinero de todos. Y gobernar no es llenar oficinas, sino transformar las realidades. Si no corregimos el rumbo hoy, mañana no solo hablaremos de cifras y planillas infladas, sino de oportunidades perdidas para Moquegua.
Foto: Andina
