En una sociedad donde la corrupción a menudo socava los cimientos de la justicia y la transparencia, es un rayo de esperanza ver cómo el Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, bajo la liderazgo de la fiscal provincial Carmen Luz Cora Castro, ha obtenido una condena ejemplar. Esta sentencia castiga a dos funcionarios y cuatro proveedores por peculado doloso por apropiación. Debe ser vista como un hito en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
En la nota de prensa de MP señala: "La fiscal a través de la construcción de prueba indiciaria, actuada en juicio oral, logró que el Juzgado Penal Colegiado, expida la sentencia condenando a Henry Sardón Valdivia como autor (intraneus) y Gaby Marcela Ramos Montoya como cómplice (intraneus), ambos entonces funcionarios municipales".
De igual manera, la determinación de responsabilizar a los cómplices de estos actos ilicitos: "La sentencia alcanza a Manuel Jesús Huamanchumo Gutiérrez, Diego Bill Chauca Claudio, Jorge Luis del Carpio Delgado y Ana Giselle Chávez Alba, como cómplices (extraneus), quienes cobraron por los servicios que nunca realizaron, es decir por la conocida modalidad de servicio (FANTASMA)”.
Los hechos que se remontan al año 2011, donde idearon un plan para simular contrataciones de servicios que nunca se llevaron a cabo, representan un triste recordatorio de cómo algunos individuos pueden aprovecharse de la confianza pública para enriquecerse ilegalmente. En este caso, el perjuicio recayó en la Municipalidad Distrital de Ubinas y por extensión, en los ciudadanos que dependen de los servicios que esta institución debe proporcionar.
La fiscal Carmen Luz Cora Castro merece aplausos por su arduo trabajo en la construcción de pruebas indiciarias que llevaron a esta sentencia. Esta no es solo una victoria para la justicia, sino también un recordatorio de que, cuando se actúa con determinación y rigor, es posible responsabilizar a quienes abusan de sus cargos públicos.
La pena de 8 años de prisión y la reparación civil de 60 mil soles, a ser pagada solidariamente en beneficio de la municipalidad agraviada, envían un mensaje claro: la corrupción tiene consecuencias graves. Además, la prohibición de ejercer cargos públicos es una medida necesaria para prevenir futuros abusos de poder.
Sin embargo, no debemos considerar este caso como un cierre definitivo, sino como un paso en la dirección correcta. La lucha contra la corrupción es una tarea continua que requiere la colaboración de todos los ciudadanos activos y una justicia que actúe de manera implacable contra los corruptos.
La sentencia debe ser un recordatorio para todos nosotros de que la corrupción no debe ser tolerada en ninguna forma. Nuestra sociedad merece una administración pública honesta y transparente que trabaje incansablemente en beneficio de sus ciudadanos. Esta condena ejemplar nos muestra que es posible lograr ese objetivo, pero solo si mantenemos nuestra vigilancia y apoyamos a quienes luchan por la justicia y la integridad de nuestros pueblos.
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