En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la indiferencia y la falta de regulación efectiva han permitido que la contaminación de los ríos se convierta en una crisis de salud pública y ambiental en diversas regiones de nuestro país. Hoy quiero enfocarme en un caso que no puede pasar desapercibido y que exige una respuesta inmediata y contundente por parte de nuestras autoridades. Me refiero a la alarmante situación que viven más de 725 familias en la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua, afectadas por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo.
El pasado 28 de agosto de 2024, se observó un cambio de coloración amarillenta en las aguas de estos ríos, un fenómeno que no es nuevo para los habitantes de esta región. Esta alteración en el color del agua se ha convertido en un síntoma recurrente de la contaminación atribuida a la actividad de la Unidad Minera Florencia Tucari, operada por Aruntani S.A.C. No es la primera vez que los pobladores ven cómo sus ríos se transforman en corrientes tóxicas que arrasan con la biodiversidad y ponen en riesgo la salud de la población.
La alcaldesa de la provincia, Flérida Meza Ramos, ha alzado la voz en un pronunciamiento dirigido al premier Gustavo Adrianzén, solicitando la declaratoria de emergencia por el impacto de estos daños. Meza Ramos no es la primera autoridad en hacer un llamado de atención sobre este tema, pero su pedido resuena con fuerza en medio de un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en el país. ¿Cuántas veces más tienen que sonar estas alarmas antes de que actuemos de manera decisiva?
Lo que está en juego aquí no es solo el bienestar de un puñado de familias. La contaminación de los ríos afecta a pescadores y agricultores cuya subsistencia depende directamente de estas fuentes de agua. La toxicidad de los ríos tiene efectos devastadores en la flora y fauna, alterando ecosistemas enteros que han sido el sustento de comunidades por generaciones. Además, no podemos ignorar el impacto en la salud humana, con enfermedades y afecciones que están directamente relacionadas con la exposición a metales pesados y otros contaminantes.
La situación en Moquegua no es un caso aislado. Refleja un patrón alarmante de permisividad y falta de control en la industria minera en nuestro país. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, sigamos permitiendo que las actividades extractivas se lleven a cabo sin las salvaguardas ambientales necesarias. La prosperidad económica no puede seguir siendo una excusa para sacrificar la salud y el bienestar de nuestra gente y de nuestros ecosistemas.
Las demandas de la alcaldesa Meza Ramos son claras y deben ser atendidas con urgencia. No se trata de peticiones caprichosas, sino de medidas de sentido común y justicia ambiental. Se requiere la presencia del premier Adrianzén y de representantes de la empresa Aruntani S.A.C. en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo del río Coralaque, programada para el 2 de septiembre. Es fundamental que se entreguen los resultados de los monitoreos realizados por la OEFA en julio y que se implemente de inmediato un plan de remediación ambiental en las cuencas de los ríos afectados.
Además, es necesaria la publicación de un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari. Esta medida debe ir acompañada de la declaración de un estado de emergencia por los daños ocasionados y de la formulación de un plan de remediación ambiental a cargo del gobierno. El tiempo de las palabras ha pasado; es momento de acciones concretas.
Es evidente que las empresas mineras deben asumir una parte significativa de la responsabilidad en la contaminación de los ríos de Moquegua. Sin embargo, el Estado peruano no puede eximirse de su obligación de proteger a sus ciudadanos y sus recursos naturales. La permisividad con la que se han otorgado concesiones mineras a empresas que no cumplen con estándares mínimos de responsabilidad ambiental es inaceptable.
La presidenta Dina Boluarte y las autoridades pertinentes deben liderar este esfuerzo, demostrando un verdadero compromiso con la sostenibilidad y con el bienestar de todos los peruanos. No basta con promesas o gestos simbólicos; se necesitan medidas concretas que restauren la belleza y la pureza de nuestros ríos y garanticen la salud de nuestras comunidades.
La situación en Moquegua debería servir como un llamado de atención para todo el país. La contaminación ambiental no es un problema que se limita a una región o a un grupo de personas. Nos afecta a todos. El agua, fuente de vida y sustento, está siendo envenenada en nombre del progreso económico. ¿Qué tipo de desarrollo estamos promoviendo si implica la destrucción de nuestros recursos naturales y la salud de nuestra gente?
Es fundamental que como sociedad nos unamos en un esfuerzo colectivo para exigir mayores niveles de responsabilidad y transparencia tanto de las empresas como de nuestras autoridades. Debemos demandar que se implementen políticas más estrictas de monitoreo y control ambiental, y que se establezcan sanciones severas para aquellos que infrinjan las regulaciones. No podemos seguir permitiendo que la codicia y la negligencia destruyan nuestro patrimonio natural y pongan en peligro nuestro futuro.
La crisis de contaminación de los ríos Coralaque y Tambo en Moquegua no puede ser vista como un problema ajeno o lejano. Es un reflejo de una realidad más amplia que afecta a muchas otras comunidades en el Perú y en el mundo. Es un llamado de que la protección del medio ambiente es una responsabilidad que recae en todos nosotros: ciudadanos, empresas y gobiernos. No podemos darnos el lujo de la indiferencia. La defensa de nuestro medio ambiente y de nuestra salud debe ser una prioridad absoluta.
Exigimos justicia para las poblaciones de la provincia General Sánchez Cerro y valle de Tambo afectadas y acciones concretas para remediar los daños. No podemos esperar más. La salud de nuestros ríos es la salud de nuestro país. Es hora de actuar, de tomar decisiones valientes y de demostrar que valoramos la vida por encima de todo. Si no lo hacemos ahora, el costo será incalculable y las generaciones futuras cargarán con el peso de nuestra inacción.
PRONUNCIAMIENTO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CERRO-OMATE
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