Siempre he creído que el presupuesto público es una promesa. Una promesa que el Estado le hace a la ciudadanía: mejorar vías de comunicación, garantizar agua potable, fortalecer la salud, invertir en educación y en general, dignificar la vida de las personas. Por eso, cuando reviso los niveles de ejecución presupuestal de la provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, al cierre del año fiscal 2025, no puedo evitar una sensación de frustración profunda. ¿Cómo explicamos que distritos con enormes necesidades sociales apenas ejecuten entre el 51% y el 68% de su presupuesto?
Las cifras son claras y a la vez, incómodas. Puquina con 51%, Yunga con 58.4%, Ubinas con 62%, Ichuña con 65.2% y Coalaque con 68%. Incluso Lloque, que supera el 75%, sigue lejos de lo que debería ser una gestión eficiente en contextos de alta vulnerabilidad. Mientras tanto, otros distritos de la región muestran mejores resultados. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué unos pueden y otros no?
Desde mi mirada, el problema no es solo técnico, sino profundamente político y humano. La baja ejecución presupuestal no es un error administrativo menor, es una decisión —consciente o no— que termina castigando a la población rural. Cada sol que no se ejecuta es una obra que no empieza, un servicio que no mejora y una esperanza que se posterga.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha sido claro al advertir que los recursos no ejecutados pueden ser reasignados a otros sectores. Aun así, pareciera que esta alerta no genera mayor urgencia en algunas autoridades locales. Se escucha con frecuencia el argumento de que el canon y sobrecanon no se pierden, que se acumulan para años siguientes. Pero yo me pregunto: ¿acumular dinero sin ejecutar proyectos es sinónimo de buena gestión? Para la familia que sigue consumiendo agua no tratada, claramente no lo es ni será.
Una de las explicaciones más repetidas es la limitada capacitación del personal municipal. Y sí, es un factor real. Muchos municipios distritales carecen de equipos técnicos sólidos, capaces de formular expedientes bien sustentados y de manejar con eficiencia los procedimientos administrativos. Pero aquí surge otra pregunta incómoda: ¿acaso no es responsabilidad del alcalde rodearse de personas capacitadas? ¿No debería la gestión pública priorizar el conocimiento y la experiencia antes que la cercanía política?
El atraso en General Sánchez Cerro no es reciente ni casual. Se refleja en la falta de planificación, en procesos de contratación que se alargan innecesariamente y en una débil supervisión del gasto. A eso se suma la constante rotación de funcionarios, que rompe la continuidad de los proyectos. Cada cambio de gestión parece empezar desde cero, como si no existiera memoria institucional ni compromiso con lo ya avanzado.
Las consecuencias son visibles y dolorosas. Carreteras sin asfaltos, sistemas de riego sin proyecto, postas de salud sin equipamiento y escuelas que no ofrecen condiciones mínimas sin servicios de internet. La baja ejecución presupuestal perpetúa la pobreza, reduce las oportunidades económicas y mantiene a las comunidades campesinas en una situación de abandono estructural. No es extraño, entonces, que la confianza en las autoridades locales se deteriore.
Entiendo el malestar de la población cuando señalan al “Estado” en los medios de comunicación como responsable. Pero creo que es necesario afinar el reclamo. El Estado no solo está centralizado en Lima. El Estado también es el alcalde distrital, el gerente municipal, los funcionarios y los regidores. Son ellos quienes están más cerca del problema local y quienes tienen la primera responsabilidad de atenderlo.
Por eso considero válido afirmar que una parte importante de la incapacidad recae en muchos alcaldes de turno, elegidos democráticamente, pero sin la preparación suficiente para liderar una gestión pública eficiente. Las protestas y reclamos sociales deberían apuntar con mayor claridad hacia los gobiernos locales y regionales, exigiendo resultados concretos y no solo discursos.
Tampoco puedo dejar de mencionar el rol de los regidores. Su función fiscalizadora es clave. Cuando un alcalde justifica su inacción diciendo que el presupuesto del canon ya está comprometido, eso debe ser sustentado con documentos claros y explicado a la ciudadanía en un cabildo abierto. El silencio o la complacencia también son formas de mala gestión.
Por consiguiente, sostengo que la baja ejecución presupuestal en General Sánchez Cerro no es solo un problema de números, sino una señal de alarma sobre cómo estamos gobernando nuestros territorios más olvidados. El dinero existe, las necesidades son evidentes, pero falta de capacidad, liderazgo y compromiso real. Mientras el presupuesto no se convierta en obras y servicios, el desarrollo seguirá siendo una promesa incumplida y la población rural seguirá esperando lo que, por derecho, ya le pertenece.
