El caso reciente del alcalde distrital de Yunga, Jaime Fidel Ajahuana Manuel, quien fue vacado por permitir que su hermana trabajara en el municipio bajo el amparo de la Ley 27972, ha puesto en evidencia una de las problemáticas más complejas que enfrentan los distritos rurales de nuestro país. Aunque la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente que el nepotismo es una causal de vacancia, la realidad de las comunidades campesinas exige una reflexión más profunda sobre la aplicación de estas normas en contextos específicos.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió la vacancia de Ajahuana debido a que su hermana, Eufemia Ajahuana Manuel, laboraba en un proyecto ejecutado por la comuna distrital. Sin embargo, este caso no es único y refleja un patrón común en muchas localidades rurales: la falta de oportunidades laborales. En pueblos donde la mayoría de los habitantes son familiares, la contratación dentro del círculo familiar se convierte en una práctica casi inevitable, especialmente cuando las opciones de empleo son limitadas o inexistentes.
Desde una perspectiva estrictamente legal, la ley tiene su razón de ser: prevenir el uso indebido de los recursos públicos y evitar que las autoridades favorezcan a sus familiares por encima de otros ciudadanos que puedan estar mejor capacitados para los puestos. Esta es una norma que debe ser respetada, y el JNE cumplió con su rol al aplicar la ley. Sin embargo, esto también nos invita a cuestionarnos si, en el contexto de los pueblos rurales, la normativa debería considerar excepciones o flexibilidad para situaciones que, a primera vista, podrían parecer una violación de la ley, pero que en realidad reflejan una necesidad estructural más profunda.
Las comunidades rurales, como el distrito de Yunga, se enfrentan a un vacío económico donde las pocas oportunidades laborales son generadas principalmente por el propio gobierno. En muchos casos, las municipalidades son los únicos empleadores disponibles, por las obras sociales impulsadas por ellas son la fuente de trabajo para muchos ciudadanos. Aquí radica la complejidad del asunto: en zonas donde las empresas privadas no tienen presencia, ¿deberían las leyes centrarse exclusivamente en la transparencia y el combate al nepotismo, o deberían tener en cuenta las particularidades socioeconómicas de las comunidades campesinas?
Es cierto que el nepotismo puede ser un problema cuando se convierte en una práctica sistemática que margina a aquellos que no tienen conexiones familiares. Pero, ¿qué pasa cuando no existen alternativas? En las zonas rurales, las migraciones hacia las ciudades en busca de empleo son una constante. Jóvenes, mujeres y hombres se ven forzados a abandonar sus tierras para sobrevivir, ya que la falta de trabajo digno en sus comunidades los empuja a una movilidad forzada. La migración, lejos de ser una solución, termina profundizando el despoblamiento rural, lo que a su vez afecta la vida social y económica de las localidades.
El caso del distrito de Yunga nos obliga a pensar en una cuestión fundamental: ¿es la Ley 27972, tal como está escrita, una ley que responde adecuadamente a las realidades sociales y económicas de los pueblos rurales? El espíritu de la ley busca erradicar la corrupción y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, ¿podría ser más flexible para comprender que en muchos casos, el trabajo dentro del ámbito municipal es la única opción de empleo viable en estas comunidades? ¿No sería posible que los legisladores pensaran en una reforma de la ley que permita, en determinadas circunstancias, contratar a familiares en proyectos donde no haya opciones laborales claras, siempre y cuando no se trate de un caso de favoritismo o abuso?
Desde mi punto de vista, las leyes deben ajustarse a las realidades de los pueblos rurales. No podemos seguir sosteniendo un sistema jurídico que, a pesar de sus buenas intenciones, termina castigando a los más vulnerables debido a las deficiencias estructurales de un sistema económico desigual. Las reformas deben enfocarse en fomentar la transparencia sin arrebatar la esperanza de quienes solo buscan una oportunidad, aunque esta provenga de su círculo familiar.
Finalmente, el caso del distrito de Yunga debe ser un llamado de atención para reflexionar sobre la necesidad de una legislación que comprenda la complejidad de las realidades rurales. Si bien el principio de transparencia y justicia es fundamental, las leyes deben ser capaces de adaptarse a contextos donde las oportunidades laborales son limitadas y donde el acceso al trabajo digno depende en gran medida de las instituciones públicas. Si logramos encontrar un equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y las necesidades sociales de las comunidades rurales, podremos avanzar hacia un sistema más justo y equitativo para todos.
