Por Ubaldo Alvarez A ||
La política no se mide por los discursos que se pronuncian en campaña electoral, sino por la coherencia que muestran las autoridades al ejercer el cargo para el que fueron elegidas. En ese sentido, la situación que atraviesa el Consejo Regional de Moquegua exige una reflexión más profunda y sobre todo, un debate ciudadano serio que vaya más allá de lo coyuntural.
La reciente aprobación de licencias sin goce de haber a favor de tres consejeros regionales —Ángel Wilder Paredes Cuadros, Maribel Grecia Mamani Ascencio y Pedro Noguera Prado—, a la que podría sumarse Cristian Branco Cuaila Paripanca junto con una eventual cuarta solicitud, ha abierto un debate que trasciende lo meramente administrativo. Desde el punto de vista legal, no existe cuestionamiento al derecho que tiene cualquier autoridad para solicitar una licencia y participar en un proceso electoral. Sin embargo, la discusión de fondo no está ahí, sino en otra interrogante más compleja: ¿qué sucede con la institución que estas autoridades dejan de manera temporal al asumir este tipo de decisiones?
Estamos hablando de autoridades que fueron elegidas para fiscalizar, representar a la población y participar en la toma de decisiones regionales. No fueron elegidas para utilizar el cargo como una plataforma de lanzamiento permanente hacia una nueva candidatura. Y aquí es donde aparece el dilema político y ético.
Si finalmente cuatro consejeros dejan sus funciones para dedicarse a actividades electorales, el Consejo Regional deberá continuar operando con un número reducido de integrantes activos. ¿Se verá afectada la capacidad de fiscalización? ¿Podrán funcionar con normalidad las comisiones? ¿Existirá la misma intensidad en el debate político? ¿Quién garantizará que el Ejecutivo Regional siga siendo fiscalizado con el rigor que exige la ciudadanía?
Estas interrogantes no son menores. Moquegua atraviesa un periodo especialmente sensible porque los años preelectorales suelen ser escenarios donde el control político debe fortalecerse y no debilitarse. Cuando la atención de las autoridades se concentra en la próxima elección, existe el riesgo de que los problemas reales de la población pasen a un segundo plano.
Lo más preocupante no es solo la reducción temporal de consejeros en funciones. En mi opinión, el problema de fondo está vinculado a la calidad de la representación política. Los ciudadanos eligieron a determinadas personas para cumplir un mandato durante un periodo de cuatro años. Sin embargo, cuando una autoridad decide dejar temporalmente sus responsabilidades para postular a otro cargo, se genera inevitablemente una percepción de incumplimiento frente a quienes le otorgaron su confianza.
Algunos defensores de estas candidaturas sostienen que los consejeros tienen pleno derecho a aspirar a nuevas responsabilidades políticas. Es cierto. La democracia se sustenta precisamente en la libertad de participación. Pero también es cierto que los cargos públicos no deberían convertirse en simples escalones para alcanzar posiciones más atractivas o rentables políticamente.
Por otro lado, tampoco se puede ignorar el creciente malestar ciudadano. Mientras algunos consejeros destacan su labor legislativa, representativa y fiscalizadora, existen sectores de la población que los califican como autoridades poco productivas, "calienta asientos" o simples cobradores de dietas mensuales. Aunque estas expresiones pueden parecer duras, reflejan una percepción que no debe ser minimizada. En política, la percepción pública suele ser tan importante como la propia gestión.
He escuchado repetidamente una frase popular que resume este sentimiento: "el amor no es al chancho, sino a los chicharrones". La metáfora puede sonar irónica, pero contiene una crítica profunda. Muchos ciudadanos se preguntan si algunas candidaturas responden realmente a una vocación de servicio o a la necesidad de mantenerse dentro del aparato estatal.
Y aquí surge una discusión que considero necesaria. Tal vez sea momento de evaluar reformas normativas que fortalezcan el compromiso con los cargos de elección popular. ¿Debería exigirse que quienes resultan elegidos como consejeros, regidores, alcaldes o gobernadores regionales culminen obligatoriamente el periodo para el cual fueron elegidos antes de postular a otro cargo? ¿Sería una medida excesiva o una forma de fortalecer la responsabilidad política?
No se trata de limitar derechos políticos, sino de promover una cultura de mayor coherencia institucional. Cuando una autoridad jura ejercer un cargo, también asume un compromiso moral con los ciudadanos. La lealtad no debería ser únicamente hacia un partido político o hacia una futura candidatura, sino hacia la población que la eligió. La democracia necesita políticos con visión de largo plazo, no funcionarios que estén pensando permanentemente en la siguiente elección. Porque cuando la campaña se vuelve más importante que la gestión, quienes terminan perdiendo son los ciudadanos.
Finalmente, las licencias solicitadas por los consejeros regionales de Moquegua son legales, pero eso no significa que estén exentas de cuestionamientos políticos y éticos. La ciudadanía tiene derecho a exigir que el Consejo Regional mantenga intacta su capacidad de fiscalización y representación. Más allá de las aspiraciones electorales legítimas, el compromiso con el cargo asumido debe prevalecer sobre cualquier interés personal o político. La verdadera pregunta no es si pueden postular nuevamente, sino si están honrando plenamente la confianza que los ciudadanos les otorgaron cuando fueron elegidos.
Foto: CRM
