Por Ubaldo Alvarez A ||
Una periodista asesinada no representa únicamente una tragedia personal o familiar; representa una herida profunda contra una sociedad que necesita información para tomar decisiones libres. El crimen de Susy Aponte Polo, conocida como “la china Polo”, ocurrido en Caraz mientras participaba en actividades vinculadas a su candidatura al Gobierno Regional de Áncash, nos obliga a mirar una realidad incómoda: la violencia está intentando convertirse en una herramienta para imponer silencio.
Lo más preocupante de este caso no es solamente el asesinato de una persona dedicada al periodismo y la política, sino el mensaje que deja cuando un crimen de estas características queda rodeado de dudas, amenazas previas e incertidumbre. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando quienes investigan, denuncian o participan en la vida pública sienten que expresar una opinión puede costarles la vida? La respuesta debería preocuparnos a todos: la democracia empieza a debilitarse cuando el miedo reemplaza a la libertad.
El caso de Susy Aponte Polo no aparece aislado. Según la información proporcionada, se suma a otros asesinatos de comunicadores como Gastón Medina, director de Cadena Sur TV en Ica y Raúl Celis López, conductor de Radio Karibeña en Iquitos. Un elemento común señalado en estos casos es que no existen responsables sentenciados. La impunidad no es solamente la ausencia de justicia; también puede convertirse en una señal peligrosa para quienes buscan intimidar.
Cuando un delincuente observa que atacar a un periodista no tiene consecuencias claras, el riesgo es que interprete esa falta de respuesta como una oportunidad. Es como dejar una puerta abierta en una casa donde ya ocurrió un robo: el problema no es únicamente lo que pasó, sino la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Por eso, investigar estos crímenes con rapidez, transparencia y profundidad no es un favor hacia un gremio profesional; es una obligación del Estado con toda la ciudadanía.
Además, este caso tiene una complejidad particular porque involucra varias dimensiones. Susy Aponte era periodista, pero también candidata política. Días antes del ataque había señalado públicamente que recibió amenazas y llamadas desde centros penitenciarios, aunque corresponde a las autoridades determinar si esas advertencias tienen relación con el asesinato y cuál fue realmente el móvil. Aquí aparece una pregunta fundamental: ¿puede una sociedad considerarse democrática si quienes participan en el debate público deben hacerlo bajo amenaza constante?
Algunas personas podrían argumentar que los asesinatos deben investigarse únicamente como hechos criminales individuales y esperar las conclusiones oficiales antes de establecer cualquier relación con su trabajo periodístico o político. Esa posición tiene un punto válido: una investigación seria debe basarse en pruebas y no en suposiciones. Sin embargo, esperar resultados no significa ignorar el contexto. Las amenazas previas, las denuncias públicas y los antecedentes de violencia contra comunicadores deben ser elementos considerados dentro de una investigación completa.
La defensa de la libertad de expresión suele entenderse como un derecho abstracto, pero en realidad tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria. Un periodista que investiga corrupción, una persona que denuncia una irregularidad en su comunidad o un ciudadano que cuestiona a una autoridad necesitan saber que el Estado puede protegerlos. Si quienes tienen información relevante deciden callar por miedo, los grandes perjudicados no serán solamente los periodistas: será la sociedad entera.
También debemos preguntarnos qué tipo de país queremos construir. ¿Uno donde las amenazas logren modificar quién habla, qué se investiga y qué se denuncia? ¿O uno donde las instituciones sean capaces de responder antes de que la violencia cobre nuevas víctimas? La diferencia está en la capacidad del Estado para garantizar justicia y demostrar que ningún crimen puede convertirse en una estrategia de intimidación.
A mi juicio, el asesinato de Susy Aponte Polo debe ser investigado hasta encontrar a todos los responsables, pero también debe servir como una llamada de atención colectiva. No basta con condenar el hecho cuando ocurre; se necesita prevenir, proteger y actuar antes de que otra vida sea arrebatada.
Porque cuando asesinan a un periodista no desaparece únicamente una voz. También se intenta apagar preguntas, investigaciones y verdades que una sociedad necesita escuchar. Y una democracia donde las voces críticas tienen miedo de hablar deja de ser plenamente libre.
Foto: Andina
