Por Ubaldo Alvarez A ||
Hay decisiones públicas que no caen como un rayo en cielo despejado. Se anuncian, se advierten, se discuten en voz baja, avanzan por expedientes, pasan por comisiones, llegan al Pleno y cuando finalmente se aprueban, recién entonces muchos descubren que el problema existía. Eso, a mi entender, es lo que ha ocurrido con el Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, referido al saneamiento de límites de la provincia de Jorge Basadre y algunos de sus distritos en Tacna.
Esta situación ha encendido una preocupación legítima en Moquegua, especialmente por la posible afectación del sector de Quebrada Honda, en Torata. Mientras en Tacna se celebra como una conquista legislativa, en Moquegua muchos recién parecen despertar de una larga siesta institucional. Y aquí nace la primera pregunta: ¿cómo es posible que un tema tan sensible haya llegado al Pleno del Congreso sin que las autoridades moqueguanas construyeran antes una defensa sólida, técnica, política y pública? ¿Qué acciones concretas realizaron el Gobierno Regional, los municipios involucrados y las autoridades provinciales para advertir a la población sobre los riesgos de esta iniciativa? ¿Existió una estrategia institucional articulada o simplemente se actuó tarde, cuando el problema ya estaba instalado en la agenda nacional?
No basta con indignarse después. No basta con comunicados, salir a las calles, entrevistas, reuniones de emergencia o frases inflamadas cuando el proyecto ya fue aprobado con una mayoría aplastante. En política territorial, quien reacciona tarde generalmente pierde terreno, no solo en sentido jurídico, sino también en sentido simbólico. El territorio no se defiende únicamente con discursos; se defiende con expedientes, mapas actualizados, presencia en la zona, coordinación parlamentaria, asesoría legal, vigilancia permanente y capacidad de anticipación.
Desde mi perspectiva, el mayor problema no es solo la votación del Congreso, sino la sensación de desorden que deja Moquegua frente a sus propios ciudadanos. Si el Gobierno Regional de Moquegua consideraba que la iniciativa afectaba territorio moqueguano, debió explicar con precisión qué zonas estaban en riesgo, cuántos kilómetros podrían verse comprometidos, qué antecedentes técnicos respaldaban su posición y qué acciones concretas se tomaron desde el primer momento. La ciudadanía no necesita solo indignación; necesita información clara. Un pueblo no puede defender lo que sus autoridades no le explican con seriedad.
El caso de Quebrada Honda es particularmente sensible porque no se trata de un punto vacío en el mapa. Allí hay población, memoria cultural, vínculos administrativos, participación electoral, demandas de servicios básicos y expectativas de desarrollo. Cuando una comunidad siente que ha sido ignorada, el conflicto deja de ser técnico y se convierte en una herida política. Por eso pregunto: ¿alguien escuchó realmente a los pobladores antes de que el problema explotara? ¿O se esperó a que el Congreso vote para recién mirar hacia esa zona?
También resulta preocupante el papel de los congresistas moqueguanos. Cuando un proyecto obtiene una votación tan amplia, no se puede culpar únicamente al azar ni a una supuesta sorpresa parlamentaria. Una mayoría de ese tamaño revela, como mínimo, falta de articulación, poca capacidad de persuasión o ausencia de estrategia. En política, los votos no aparecen solos: se conversan, se negocian, se advierten, se disputan. Si los representantes de Moquegua no lograron convencer ni siquiera a un bloque significativo para votar en contra o abstenerse, entonces deben rendir cuentas. No basta con decir “yo advertí” o “yo presenté una cuestión previa”. La defensa territorial no se mide por gestos de último minuto, sino por resultados.
Ahora bien, tampoco creo que este caso deba convertirse en un conflicto frontal entre ciudadanos de Moquegua y Tacna. Ese sería el peor camino. Los pueblos no deben enfrentarse por errores de sus autoridades ni por decisiones tomadas desde escritorios lejanos. Tacneños y moqueguanos comparten historia, comercio, familias, trabajo y una frontera viva. El debate debe darse en el terreno institucional, con documentos, peritajes, cartografía actualizada y respeto al debido procedimiento. El enemigo no es el ciudadano de la otra región; el verdadero problema es la improvisación del Estado cuando decide sobre territorios sin escuchar suficientemente a quienes viven allí.
Sin embargo, sería ingenuo negar que detrás de los límites territoriales también hay intereses económicos. En zonas vinculadas a minería, canon, relaves, expansión productiva y proyectos estratégicos, una línea limítrofe puede significar millones de soles. Por eso, cuando se habla de “saneamiento territorial”, conviene preguntar: ¿saneamiento para quién?, ¿con qué información?, ¿con qué participación?, ¿bajo qué intereses y con qué consecuencias futuras? Las fronteras no son simples trazos técnicos; muchas veces definen presupuestos, poder político y acceso a beneficios.
En este contexto, la gobernadora regional Gilia Gutiérrez tiene una responsabilidad central. Si considera que la autógrafa debe ser observada por el Poder Ejecutivo, debe presentar una defensa impecable, no una reacción emocional. Necesita sustento técnico, argumentos jurídicos, mapas comparativos, antecedentes históricos, informes especializados y una estrategia pública coherente. Pedir la observación de una ley no puede ser solo un acto político para calmar la presión social; debe ser una acción seria, documentada y urgente.
También deben responder las autoridades locales de Torata. Si desde años anteriores ya existían advertencias sobre Quebrada Honda, entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué no se actuó con mayor firmeza cuando todavía había margen? Las obras ejecutadas, la participación electoral de los pobladores y la relación histórica con Moquegua son elementos que debieron sistematizarse y defenderse oportunamente. No se puede tratar a una comunidad como propia para algunas cosas y luego dejarla sola cuando aparece un conflicto de límites.
A mi juicio, este caso deja una lección dura: Moquegua necesita una política permanente de defensa territorial, no respuestas improvisadas cuando la crisis ya está encima. Se requiere una oficina técnica con especialistas en demarcación, derecho administrativo, geografía, cartografía, gestión de conflictos y relaciones intergubernamentales. No basta con funcionarios de confianza ni operadores políticos pensando en campañas futuras. Los temas territoriales exigen continuidad, seriedad y memoria institucional.
Porque aquí hay algo de fondo: cuando una región no cuida sus límites, tampoco cuida plenamente su identidad, sus recursos ni el futuro de sus comunidades. El territorio no se pierde de golpe; muchas veces se pierde por descuido, por silencio, por burocracia, por soberbia o por cálculo político. Y cuando la ciudadanía se da cuenta, las autoridades suelen aparecer con comunicados, conferencias y promesas de defensa heroica. Pero la verdadera defensa debió empezar mucho antes.
En otras palabras, la aprobación del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE debe obligar a Moquegua a mirarse al espejo. No se trata solo de reclamar contra Tacna ni de culpar al Congreso. Se trata de reconocer que hubo falta de previsión, débil articulación política y una defensa tardía de Quebrada Honda. Todavía corresponde exigir que el Poder Ejecutivo revise la autógrafa, que se presenten medidas legales pertinentes y que se transparente toda la información técnica disponible. Pero, más allá del desenlace, la lección es clara: un territorio no se defiende cuando ya está en peligro; se defiende todos los días, con presencia, técnica, liderazgo y respeto por la población. Si Moquegua quiere proteger su futuro, debe dejar de reaccionar tarde y empezar a actuar con verdadera responsabilidad histórica.
Foto: GRM.
